Las muertes a mano de la policía en uso de violencia ilegítima en Argentina crecieron en los últimos años hasta llegar a 1.000 en 2001, debido a la impunidad de que goza esa fuerza, que está jaqueada ahora por una sangrienta represión contra desempleados.
La policía no fue objeto de ninguna reforma desde la dictadura militar (1976-1983), pues los gobiernos democráticos que la sucedieron no quisieron cambiarla y pretenden aumentar sus facultades represivas para silenciar los conflictos sociales, dijo a IPS la presidenta del grupo humanitario Correspi, María del Carmen Verdú.
La edad promedio de las víctimas del llamado gatillo fácil fue en 2001 de 17 años y en su mayoría eran trabajadores desocupados y residentes en barrios marginales, algunos de los cuales habían participado de las protestas de piqueteros, como la registrada el 26 de junio en varios puentes de acceso a Buenos Aires.
Precisamente, en esa represión policial en el puente que une la ciudad de Avellaneda con el sur de la capital argentina resultaron heridos un centenar de personas y murieron dos jóvenes piqueteros (trabajadores desocupados que protestan con cortes de rutas y calles de las ciudades).
El presidente Eduardo Duhalde calificó el accionar policial de cacería atroz y el gobernador de la central provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, en cuya jurisdicción se desataron los hechos de violencia represiva, destituyó los mandos de la fuerza y nombró como nuevo ministro de Justicia a Juan Pablo Cafiero.
No habrá impunidad para los asesinos de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y vamos a descriminalizar la protesta social, fueron los principales conceptos expresados por Cafiero al asumir el 1 de este mes.
Sin embargo, como el mismo Cafiero lo reconoce, hasta ahora las reformas de la policía siempre quedaron a mitad de camino.
Las ejecuciones extrajudiciales de sospechosos, las víctimas del gatillo fácil y los malos tratos en comisarías que causan la muerte están en constante aumento, señaló Verdú, la titular de Correspi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).
Esta entidad humanitaria registró 262 muertes en 1996, cuando comenzó a contar los casos fatales de violencia policial ilegítima.
La cantidad de personas muertas en circunstancias similares trepó a 382 en 1997, a 471 en 1998, a 625 en 1999, a 833 en 2000 y 999 en 2001, sin contar las 30 víctimas de las protestas que derivaron en la renuncia el 20 de diciembre del presidente Fernando de la Rúa, a mitad de su mandato de cuatro años.
Alrededor de 44 por ciento de esos casos ocurrieron en la jurisdicción de la policía de la central provincia de Buenos Aires, varios de cuyos efectivos aparecen involucrados en el atentado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina y en el homicidio en 1997 del fotógrafo José Luis Cabezas.
El accionar del día 26 en Avellaneda de las fuerzas de seguridad fue una muestra de lo que puede ocurrir en este país, que afronta una aguda crisis social y económica, indicaron activistas humanitarios.
En Argentina hay un problema crucial de impunidad policial que se arrastra desde la dictadura y que ayuda a empeorar día a día la situación de los derechos humanos en el país, a medida que crece en intensidad el conflicto social, había advertido en febrero José Beltrán jefe de una misión de Amnesty Internacional.
La delegación de Amnesty consideró preocupante la negativa a recibir a sus integrantes por parte de Duhalde, que asumió la presidencia el 1 de enero. Más que el desaire nos preocupa la indiferencia y muestra que los derechos humanos no ocupan un lugar alto en la agenda, añadió Beltrán.
Desde entonces, la pobreza y el desempleo se agudizaron y con ello el malestar social.
Organizaciones de piqueteros señalaron a la prensa el día 1 que los choques y desmanes que siguieron a la protesta en Avellaneda fueron organizados por el gobierno para justificar la represión del conflicto social.
El gobierno de Duhalde había advertido días antes que no permitiría el corte de tránsito en los puentes anunciado por los dirigentes de las organizaciones de trabajadores desocupados.
Pero las autoridades, que en un principio habían atribuido toda la responsabilidad por los desmanes a los manifestantes, debieron retroceder ante evidencias en contrario por parte de fotografías publicadas por la mayoría de la prensa y vídeos emitidos por la televisión.
La justicia detuvo de inmediato a cuatro agentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires reemplazó a las autoridades de seguridad y a la dirección de la policía del distrito.
Legisladores de la oposición describieron a la comisaría de Avellaneda como un campo de concentración nazi por la manera en que eran tratados unos 160 detenidos, entre los que se contaban niños y mujeres embarazadas, todos los cuales fueron dejados en libertad por la justicia pocas horas después de los incidentes.
Estábamos atados, de rodillas, y nos pegaban, dijo uno de las personas apresadas.
La Correspi presentó un informe en diciembre, sólo seis meses antes de la represión de fines de junio, el cual asegura que los caídos por el gatillo fácil eran casi siempre jóvenes, pobres, sin empleo y excluidos, hijos y hermanos de los que cortan rutas, pues hasta el derecho de huelga les ha sido arrebatado.
Abogados de Correpi, que ahora representan a los familiares de los dos jóvenes muertos el 26 de junio, presentaron como testigo a camarógrafos, fotógrafos y manifestantes, quienes coinciden en que el jefe del operativo, el comisario inspector Antonio Franchiotti, disparó al menos contra uno de los manifestantes caídos.
También dijeron haber visto a miembros de la Prefectura Naval disparando contra los manifestantes y a efectivos de Gendarmería.
Este fue un operativo que tuvo una pata política, otra militar y otra periodística, con los medios más importantes acusando el primer día a los piqueteros de ser responsables de las muertes y de los desmanes, indicó Verdú.
Eso fue un hecho deliberado para generar el caos y mostrar ejemplos de lo que puede ocurrir si la gente protesta, agregó la abogada.
Verdú apuntó que el Estado no puede ahora obviar su responsabilidad en estos hechos, soslayando que había allí tres fuerzas de seguridad nacional y una provincial.
No podemos aceptar que ahora se quiera echar toda la culpa a un triste comisario, que dijo haber usado balas de goma y fue en verdad el responsable de tirar al menos contra una de las dos víctimas con armas de fuego, sostuvo. (FIN/IPS/mv/dm/ip/02
