Dos meses después de los trágicos hechos de violencia política que precedieron el 11 de abril un fallido golpe de Estado en Venezuela, la verdad y la justicia parecen huidizas, pese a las investigaciones en marcha.
La Fiscalía, auxiliada por la policía de investigaciones, ha interrogado a 400 personas y efectuado más de 100 inspecciones para sustanciar los 50 expedientes abiertos, con un total de nueve órdenes de detención a civiles que dispararon contra una marcha opositora causando 18 muertes.
También se investiga a una decena de generales, almirantes y coroneles acusados de protagonizar la insurrección contra el presidente de Hugo Chávez, así como al empresario Pedro Carmona, efímero ex presidente de facto, hoy asilado en Colombia.
El parlamento, por su parte, interpeló a 34 protagonistas de esos hechos —20 militares y 14 civiles— con un total de 3.000 preguntas durante 300 horas, transmitidas en directo a través de la televisora estatal y, casi todas, por la emisora privada de noticias Globovisión.
Ese ciclo de interpelaciones televisadas, sin precedentes en el país, comenzó con un interrogatorio a Carmona el 2 de mayo y concluyó el día 31 de ese mes con otro similar a Chávez. Causaron sensación los militares uniformados, exponiendo públicamente sus puntos de vista.
Sin embargo, el debate político dejó en segundo plano la Comisión de la Verdad, cuya creación aprobó el parlamento para investigar las muertes atribuibles a los sucesos políticos del día 11 pero también durante los desórdenes de los días 12, 13 y 14 de ese mes.
Varias organizaciones de derechos humanos rehusaron integrar la Comisión hasta que ésta cuente con una ley específica sobre sus características, mandato y dotación de recursos, lo que aún espera por la sanción del parlamento.
La directora de la organización de derechos humanos Cofavic, la abogada Liliana Ortega, dijo que es decepcionante que el país, 60 días después del 11 de abril, no tenga unos resultados mínimos. Eso tiene que ver con el grado de impunidad que hay en Venezuela.
Por su parte, el coordinador de la organización de derechos humanos Provea, Carlos Correa, también observó que hay una enorme impunidad, pasan situaciones y no se castiga a nadie, no hay justicia. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no han actuado con suficiente diligencia, agregó.
Provea y otras organizaciones no gubernamentales demandan la renuncia del Fiscal, el Defensor y el Contralor (integrantes del Poder Ciudadano, uno de los cinco poderes del estado consagrados por la Constitución aprobada en 1999) por considerarlos poco confiables para conducir las investigaciones.
También solicitan la renuncia de esos magistrados los partidos de oposición, la cúpula sindical, directivos de algunos medios de comunicación e incluso por artistas y humoristas de militancia opositora que este martes entregaron un nuevo petitorio en ese sentido a la Fiscalía.
Familiares de 14 de los 18 fallecidos el 11 de abril rechazaron la politización del debate y de las pesquisas. Es importante asumir como obligación una investigación independiente que, en lugar de favorecer a una tendencia política, favorezca la institucionalidad democrática, sostuvieron en un documento.
Los familiares exigieron a la Fiscalía acceso a las actas que integran los expedientes y que se les informe con prontitud de los resultados de la investigación.
Desde el lunes, los organizadores de la marcha del 11 de abril, que siguen exigiendo la renuncia tanto de los magistrados del Poder Ciudadano como del presidente Chávez, han organizados vigilias y otras concentraciones, y preparan una marcha para este sábado.
Este martes, centenares de ellos, vestidos con al menos una prenda negra en señal de luto activo, observaron al mediodía un minuto de silencio en los barrios de clase media y centros comerciales del este de Caracas.
Los seguidores de Chávez, que culpan a francotiradores dispuestos por los golpistas por la mayoría de las muertes del 11 de abril —perecieron varios simpatizantes del oficialismo—, realizaron este martes otra marcha, con miles de personas, por calles del centro de Caracas.
En Valencia, ciudad industrial 100 kilómetros al oeste de la capital donde el gobernador regional es adversario del presidentes, los chavistas protagonizaron otra marcha que concluyó en algunos choques violentos.
Los analistas coinciden en que el reparto de culpas en un país muy polarizado, prácticamente sin figuras ni grupos en el centro político, la investigación por las muertes de abril se hace cuesta arriba por la influencia de las luchas por el poder.
Los rumores sobre posibles alzamientos militares resurgieron con fuerza este mes, tras divulgar las televisoras privadas vídeos de supuestos oficiales, con los rostros cubiertos por capuchas.
Estos militares afirmaron estar listos para salir con sus fusiles para acabar con el primero y el último de los civiles chavistas que encuentren con posesión de armas.
Chávez advirtió el domingo que podría suspender la concesión de la televisora que en el futuro difunda ese tipo de vídeos o mensajes terroristas o con propaganda de guerra.
Los dueños de medios rechazaron la advertencia oficialista. El gobierno ha pedido al estadounidense Centro Carter, conducido por el ex presidente Jimmy Carter, que actúe como mediador, pero partidos de oposición rechazan esa posibilidad. (FIN/IPS/jz/mj/ip hd/02
