El presidente de Venezuela Hugo Chávez es blanco de una andanada de denuncias ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que lo acusan de crímenes de lesa humanidad y corrupción y que podrían conducirlo a un juicio político.
Siete querellas por presuntos delitos de lesa humanidad, daños al patrimonio, financiación ilegal, malversación de fondos e instigación a delinquir se presentaron contra Chávez en la última semana, luego de que el TSJ dictaminara que no es imprescindible un antejuicio de mérito en su caso.
Hasta ahora, sólo el fiscal general de la República podía acusar al jefe del Estado, con el requisito de que el TSJ fallara previamente sobre la existencia de méritos para enjuiciarlo. Este mecanismo vale también para otros altos funcionarios públicos.
Pero en su último fallo, el TSJ estableció que el antejuicio no es indispensable si alguien se considera víctima de los actos del presidente, abriendo la puerta a una lluvia de acusaciones.
Si alguna de ellas prospera, el proceso podría determinar la separación de Chávez de la presidencia a través del juicio político.
Las denuncias por malversación —desvío de fondos, o asignación de recursos a un gasto público distinto al presupuestado— se basan en que el gobierno de Chávez utilizó el año pasado 3.000 millones de dólares en gastos corrientes cuando debió destinarlos al Fondo de Estabilización Macroeconómica.
Este fondo está destinado a abastecer de recursos extraordinarios a las gobiernos estaduales y las alcaldías, por lo que su desvío, con una alta connotación política, provocó resentimientos en las autoridades locales.
El cargo de financiación ilegal se apoya en la confesión de ex directivos del investigado banco español Bilbao Vizcaya Argentaria, quienes mencionaron entre sus operaciones cuestionadas en el exterior la entrega de 1,5 millones de dólares para respaldar la campaña presidencial de Chávez en 1998.
Por otra parte, un juicio por crímenes de lesa humanidad es impulsado por abogados de familiares de las víctimas de los sucesos del pasado 11 de abril, cuando una marcha opositora en Caracas concluyó con un tiroteo que dejó 18 muertos y detonó el golpe de Estado que depuso brevemente a Chávez.
Las culpas por esas muertes forman parte del debate político que se desató tras el retorno de Chávez al poder, el 14 de abril. La investigación judicial de esos hechos es lenta, mientras el parlamento demora la creación de una comisión de la verdad encargada de dilucidar las responsabilidades políticas.
También en los hechos de abril se sustenta la denuncia de instigación para delinquir contra el mandatario, mientras la acusación por daños al patrimonio cuestiona la venta de petróleo a Cuba en condiciones preferenciales.
Mediante un convenio de cooperación con Cuba, Venezuela vende a la isla hasta 53.000 barriles diarios de petróleo en condiciones similares a las convenidas con otras 10 naciones centroamericanas y caribeñas.
Ahora todo el que quiera figurar en la prensa va a presentar una querella, se quejó el ex fiscal general Ramón Escovar Salom, quien condujo en 1993 la acusación que apartó del poder al dos veces presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993).
El ex magistrado estimó que la apertura del Tribunal Supremo a cualquier ciudadano que se considere víctima de la presidencia restará fuerza a la acusación.
Yo también estuve en contra, debió mantenerse como una prerrogativa del fiscal, dijo la jueza integrante del TSJ Blanca Mármol, quien quedó en minoría.
Entre los promotores de las denuncias se encuentran abogados que se pronuncian continuamente contra Chávez, así como diputados y concejales de pequeños partidos opositores, quienes reclaman a la vez cambios en la estructura de la fiscalía.
El trasfondo político de estas querellas parece ser un nuevo intento de alejar a Chávez del gobierno.
Si el Tribunal Supremo hallase méritos para el proceso en alguna de las causas, y el parlamento de mayoría oficialista aprobara el levantamiento de la inmunidad presidencial, Chávez debería ser apartado del cargo y debería convocarse de inmediato a elecciones.
El antecedente fue la separación de Pérez de la presidencia, en 1993, cuando a la acusación del fiscal siguió la luz verde de la Corte Suprema y del parlamento, que lo despojó de su inmunidad para dar paso al enjuiciamiento por malversación de fondos secretos del Estado.
Pérez había sorteado dos intentos golpistas en 1992 —uno liderado por Chávez, entonces comandante de paracaidistas—, y una ola de manifestaciones populares en su contra.
Pero la presión política y judicial lo alejó del gobierno cuando iniciaba el quinto y último año de mandato.
Chávez soporta una férrea oposición de grupos empresariales y sindicales, medios de comunicación, la jerarquía de la iglesia católica y organizaciones no gubernamentales que exigen el fin de su gobierno y de su revolución bolivariana.
La oposición procura una reforma constitucional para cortar el mandato presidencial, que debe concluir en 2007, y el llamado a elecciones, pero se trata de un procedimiento largo, para el cual los adversarios del presidente carecen de mayoría parlamentaria.
Por otra parte, si bien la oposición al gobierno es fuerte en Caracas, en el interior del país e incluso en los suburbios pobres de la capital el oficialismo mantiene su peso y organiza manifestaciones que miden fuerzas con las protestas contrarias.
La posibilidad del juicio político aparece entonces como otra vía que, aunque no concluya con la salida de Chávez del poder, aporte elementos para doblegarlo en la batalla por la opinión pública. (FIN/IPS/jz/dcl/ip/02
