Parlamentarios de la oposición solicitaron en Venezuela llevar ante la justicia al presidente Hugo Chávez por supuesta malversación de fondos, intentando un proceso semejante al que en 1993 desalojó del gobierno a Carlos Andrés Pérez.
La demanda ante la Fiscalía General, que determinará si existen méritos para llevar a Chávez ante los tribunales, fue presentada por representantes de los partidos más pequeños, sin contar con la adhesión de la socialdemócrata Acción Democrática, el partido de Pérez y hoy principal fuerza de oposición.
La investigación pedida contra Chávez, que se extiende a varios de sus ministros y a directores del Banco Central, es por el supuesto desvío para atender gastos ordinarios de más de 2.000 millones de dólares destinados al llamado Fondo de Estabilización.
La ley de salvaguarda del patrimonio público, votada en los años 80, indica que el funcionario que utilice recursos con un fin distinto al establecido en el presupuesto nacional, por loable que sea su propósito, incurre en un delito penal.
El pedido de juicio contra Chávez presentado el miércoles es un nuevo intento por cambiar el gobierno a través de vías constitucionales, un nuevo camino elegido tras el frustrado golpe de Estado de abril.
Chávez fue derrocado el 12 de abril por un movimiento cívico- militar, que impuso en su lugar al empresario Pedro Carmona, y restituido dos días después por oficiales con mando efectivo de tropa, en el marco de manifestaciones de apoyo.
La vía judicial implica que el mandatario venezolano, en caso de ser sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia, sea separado del cargo e inhabilitado para postularse nuevamente a la presidencia. Sin embargo, es un proceso largo y superior a las expectativas opositoras de elegir un nuevo gobierno este año.
Venezuela es un hervidero de rumores sobre supuestos movimientos militares contra Chávez, de grupos que estarían preparados para actuar dentro de pocos días y para aniquilar a presuntos grupos civiles armados de defensa del gobierno.
Además, se suceden las marchas de protesta contra el presidente o contra la Fiscalía casi todos los días. En ese clima, la solicitud de los diputados de oposición puede buscar en primer lugar una aceleración mayor del desmoronamiento político de Chávez antes que un juicio reparador.
La iniciativa judicial fue impulsada por 13 miembros de la Asamblea Nacional (parlamento), que representan al socialcristiano COPEI, el izquierdista Causa Radical, el derechista Primero Justicia, el centroizquierdista Unión y a los ex chavistas de Solidaridad.
Los partidos Acción Democrática, Movimiento al Socialismo, de centroizquierda, el derechista Proyecto Venezuela y otros menores que completan la oposición de 80 legisladores en el parlamento de 165 integrantes no avalaron el pedido de juicio contra Chávez.
Presumimos malversación, pero también peculado de uso, porque el (Poder) Ejecutivo obtuvo un beneficio adicional al cubrir su déficit con dinero de las gobernaciones regionales y alcaldías, explicó el diputado del partido Causa Radical Elías Matta, uno de los solicitantes del juicio.
Andrés Velázquez, otro dirigente radical, aseguró la denuncia contra el mandatario es porque se trata sin duda, del caso de malversación más escandaloso de nuestra historia.
La malversación (de fondos públicos) por 250 millones que provocó la destitución de Pérez es un detalle insignificante en comparación con esto, añadió a modo de ejemplo.
Pérez, quien gobernó Venezuela entre 1974 y 1979 y luego entre 1989 y 1993, fue sometido a un proceso por malversación de 250 millones de bolívares (unos 17,2 millones de dólares en la época del supuesto delito) durante su segundo mandato.
Este mandatario socialdemócrata sorteó dos cruentas intentonas golpistas en 1992, una de ellas dirigida por el propio Chávez.
La Corte Suprema de Justicia, una vez que la Fiscalía acusó al entonces mandatario, determinó que había motivos para enjuiciar a Pérez (antejuicio de mérito) el 19 de mayo de 1993, por lo cual al día siguiente el Senado le levantó la inmunidad, sin que se opusiera su entonces partido Acción Democrática.
Pérez, luego de ser alejado de la presencia por esta vía constitucional, fue puesto en prisión más de dos meses y tres años en arresto domiciliario, un beneficio que otorga la justicia a las personas mayores de 70 años.
La justicia sentenció a Pérez por utilizar dinero de una partida de gastos prevista para el Ministerio del Interior en una ayuda a la policía de Nicaragua, según la versión oficial.
Pérez siempre negó que hubiera utilizado de manera indebida ese dinero e insistió en que lo empleó en gastos de seguridad que, por su naturaleza reservada, no podía revelar.
En cambio Chávez y su entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes, han reconocido la utilización de esos fondos con otros fines debido a la urgencia para atender gastos sociales.
En ambos casos, el clima político adverso al mandatario de turno dio vuelo a las denuncias. La denuncia presentada el miércoles contra Chávez se agrega a otras 12 solicitudes de investigación presentadas ante la Fiscalía en los últimos dos años.
El abogado penalista Alberto Arteaga, que fue el principal abogado de Pérez en su caso, dijo que contra Chávez no es posible proceder a menos que se demuestre que impartió instrucciones concretas para malversar el dinero.
Arteaga defendió siempre, en el caso de Pérez, que considerar delito penal la malversación o desvío de fondos era una rémora de la legislación venezolana, extirpada en otras naciones que la habían contemplado en su momento.
Por su parte, el ex fiscal general Javier Elechiguerra precisó este jueves que una investigación como la pedida por los diputados opositores requiere que la fiscalía presente los elementos probatorios con los que cuenta y, según la Constitución, le es indispensable un informe de la Contraloría.
Este otro organismo abrió una investigación y, si el Fiscal General solicita al Tribunal Supremo de Justicia que autorice su propia investigación antes de que se complete el informe contralor, lo más probable es que fracase en su solicitud.
La oposición ha reclamado la renuncia del Fiscal General, Isaías Rodríguez, del Contralor, Clodosbaldo Russián, y del Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, acusándolos de que son afines a Chávez.
El problema en Venezuela es la falta de credibilidad, resumió Elechiguerra. Creo que media Venezuela creerá (en el funcionamiento de las instituciones en este caso) y la otra mitad no creerá. Ese es el grave problema, indicó. (FIN/IPS/jz/dm/ip/02
