Los derechos humanos de los inmigrantes en la Unión Europea (UE) peligran a la luz de varios anuncios de gobernantes, dijo este jueves el presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, Mustafá Mrabet.
La política inmigratoria será uno de los principales asuntos que tratarán los mandatarios de los 15 países de la UE en la cumbre del 21 y el 22 de este mes en la suroccidental ciudad española de Sevilla.
El jefe del gobierno español y presidente durante este semestre de la UE, José María Aznar, sostuvo que se deben reforzar las medidas contra la inmigración irregular, sin convertir al bloque en una fortaleza, pero evitando que sea un coladero permanente.
El ministro del Interior de España y presidente de turno del consejo europeo de ministros del ramo, Mariano Rajoy, informó este jueves de que las reformas se aprobarán este mismo año.
Rajoy mencionó entre los cambios la exigencia de un visado europeo para ciudadanos de países que hasta ahora podían ingresar en el bloque sin este requisito, el establecimiento de oficinas consulares comunes de la UE y mejores procedimientos de expulsión.
Así mismo, consideró fundamental que los inmigrantes aprendan la lengua del país de acogida y abogó por fomentar la cooperación policial entre los países del bloque y por dar participación a la Policía Europea (Europol) en el control de la inmigración irregular.
Mrabet dijo a IPS que las reformas propuestas perjudicarán a quienes ya tienen residencia legal reconocida, y no sólo a quienes ingresen en el futuro a la UE en busca de trabajo, con o sin visa.
Los inmigrantes con residencia legal ven amenazado su derecho de unificación familiar, reconocido en la constitución española y en otras, al tenor de las modificaciones que se anuncian, explicó Mrabet.
Una de las modificaciones impulsadas por España anularía el derecho a obtener la residencia legal que se reconoce actualmente a quienes justifiquen que han permanecido en el país al menos cinco años.
Aunque esa modificación solo se refiere en España, el hecho de que se discutan cambios para toda la UE y las declaraciones de Aznar y Rajoy hace temer a los defensores de los derechos de los inmigrantes que el asunto también se decida a nivel de todo el bloque.
Es curioso que se considere no reconocer el derecho de residencia legal a quienes tengan cinco años o más de permanencia irregular en España u otro país europeo, según Mrabet. Se pueden contar con los dedos de la mano los inmigrantes que estén aquí cinco años o más de manera irregular, sostuvo Mrabet.
Permanecer irregularmente en España significa trabajar en la precariedad más absoluta, separado de la familia y exponiéndose cada día a la posibilidad de detención policial y expulsión, y muy pocos pueden aguantar esa situación durante tantos años, sostuvo el activista.
¿Cuál es intención del gobierno (español) al reformar esta ley para facilitar la expulsión de inmigrantes, si a los marroquíes ya se los expulsa con las ropas mojadas del estrecho (de Gibraltar) y a los de otros países, como Nigeria, también?, preguntó Mrabet.
Quienes cruzan el estrecho de Gibraltar desde el norte de Africa hacia España, generalmente en frágiles embarcaciones, sufren la inmediata repatriación si son detectados y detenidos.
Otros que llega a España por esa vía, pero procedentes de Africa subsahariana, no pueden ser expulsados pues no existen convenios entre España y sus países de origen, y quedan entonces retenidos bajo custodia policial.
Tampoco todos los que llegan a España desde América Latina reciben el mismo trato.
Los ciudadanos de algunos de esos países, como los argentinos, pueden ingresar como turistas sin necesidad de visado. Los ecuatorianos o colombianos, en cambio, deben contar con visado, y ya se produjeron muchas expulsiones de personas que llegaron al aeropuerto sin haber cumplido con ese requisito.
Fuentes gubernamentales dejaron trascender que también se podría modificar la ley que permite a hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero acceder a la nacionalidad española.
El presidente de la occidental comunidad autónoma española de Extremadura, Juan Carlos Ibarra, advirtió que si se aplicara ese criterio unos 8.500 nietos de extremeños podrían perder la nacionalidad española.
Extremadura se caracterizó hasta la década del 80 por la emigración masiva de sus naturales.
Ibarra, del opositor Partido Socialista Obrero Español, reclama que se negocie un pacto de Estado sobre inmigración entre todas las fuerzas políticas.
Mrabet sostuvo que derecha y la izquierda no se diferencian cuando están en el gobierno y tratan el problema de la inmigración.
Con sus propuestas, los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, España, Gran Bretaña e Italia están cediendo a las presiones de un sector minoritario para facilitar las expulsiones masivas.
El ministro de Trabajo español Juan Carlos Aparicio sostuvo este jueves que la Ley de Extranjería aprobada a fines de 2000 no está dando los resultados esperados, por lo que debe ser modificada en sintonía con lo que haga el conjunto de la UE.
Aparicio afirmó, además, que carece de sentido que haya 15 métodos diferentes para el ingreso a la UE, por lo que aboga por una legislación consensuada entre todos los gobiernos. (FIN/IPS/td/mj/pr/02
