El plan de reforma en Pakistán de las 8.000 escuelas religiosas o madrasas, tendente a evitar que sean utilizadas para propagar el extremismo, se encontró con el escepticismo de observadores y el rechazo de líderes islámicos.
Aunque muchos analistas consideran que la iniciativa del presidente Pervez Musharraf es un paso en la dirección correcta, también señalan que las medidas legales aprobadas para implementar el plan son débiles y resultarán ineficaces.
Otros prefieren esperar a que el plan sea aplicado, lo cual occurrirá dentro de una semana, anunciaron las autoridades.
Poco después de la aprobación la semana pasada del reglamento de un plan de reforma anunciado previamente, el diario de lengua inglesa Dawn comentó que las normas regulatorias coinciden con esfuerzos para limitar la militancia y el sectarismo tradicionalmente vinculados con las madrasas.
Antes no había un mecanismo ni una autoridad competente para regular y supervisar el funcionamiento del sistema de madrasas. Ahora esa deficiencia ha sido corregida, agregó el periódico.
El gabinete de gobierno aprobó el día 20 un programa de tres años para reformar las escuelas religiosas, que instruyen a 1,7 millones de estudiantes, algunos de ellos considerados parte de la red jihadista que combate en Afganistán y en el estado indio de Cachemira.
La reforma incluye la incorporación a los programas de estudio de materias no religiosas.
Así mismo, el gabinete dispuso una pena de dos años de prisión para cualquiera que promueva la violencia o el odio sectario en las escuelas religiosas.
La nueva ordenanza de las madrasas dispone también su registro ante una junta educativa que vigilará, entre otros asuntos, las fuentes de financiación de esos institutos.
Además, exige la aprobación previa del gobierno para la admisión en las madrasas de estudiantes o profesores extranjeros.
Muttahida Majlis-I-Amal, una coalición de 12 partidos religiosos, rechazó la nueva norma y la consideró patrocinada por extranjeros.
El programa y el reglamento sobre las madrasas también son considerados una respuesta a la presión internacional para que Pakistán respalde la Resolución Antiterrorista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, número 1373, aprobada días después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
La Unión Europea en particular ha presionado a Islamabad para deshacer la red jihadista (partidaria de la Jihad o guerra santa islámica) supuestamente establecida en territorio pakistaní, que según India patrocina actividades terroristas en Cachemira.
El gobierno militar pakistaní publicó el pasado enero un informe sobre sus esfuerzos contra el terrorismo, en el que afirma haber aumentado la seguridad en las fronteras y los aeropuertos y congelado las cuentas de los sospechosos de terrorismo.
Islamabad también anunció en su informe sus planes para detener el lavado de dinero y adaptar las escuelas religiosas al resto del sistema educativo.
Aunque ese informe generó duras reacciones de los grupos fundamentalistas nacionales, dichas reacciones se limitaron a ácidas declaraciones en la prensa, y no incluyeron las habituales protestas callejeras.
Pero la nueva ordenanza sobre las madrasas provocó otra ola de declaraciones airadas de grupos y líderes religiosos.
Munawar Hassan, secretario general del grupo islámico Jamat-i- Islami, opinó que la decisión de registrar las madrasas obedece a dictados de Washington.
Muchos líderes religiosos están indignados porque las nuevas normas les impiden obtener fondos de países extranjeros o individuos opulentos, principalmente musulmanes.
Maulana Fazalur Rehman, líder del grupo Jamiat Ulmai Islam, se preguntó por qué se restringe la financiación extranjera de las madrasas mientras las organizaciones no gubernamentales laicas reciben ayuda de países occidentales libremente.
Sin embargo, algunos observadores señalaron que muchos estudiantes de las escuelas religiosas pakistaníes terminaron integrando el grupo fundamentalista Talibán, que tomó el poder en Afganistán en 1996 y fue derrocado el año pasado por una coalición antiterrorista encabezada por Estados Unidos.
Queda por vér de qué forma Islamabad convencerá a las madrasas de registrarse y demostrar así su disposición a formar parte del proceso de cambio.
Najum Mushtaq, un analista del Grupo Internacional de Crisis, destacó el carácter voluntario del registro como la característica más saliente de la ordenanza de las madrasas.
La ordenanza procura el registro voluntario, y sólo después tendrán lugar los cambios en los programas educativos y en los procedimientos financieros, explicó a IPS Mushtaq, quien realizó un estudio sobre las escuelas religiosas.
El analista recordó que los intentos del dictador Zia-ul-Haq por regular a las madrasas a principios de la década de 1980 fracasaron debido a la dura oposición del clero, que se negó a modificar su estatuto de autonomía financiera y administrativa. (FIN/IPS/tra-en/ni/ccb/js/mlm/ip-cr/02
