Un tribunal de México anuló las elecciones de concejales realizadas en una comunidad indígena por la vía de usos y costumbres, una práctica tradicional reconocida por leyes locales e instrumentos internacionales, pero que expertos consideran inconsistente con el sistema jurídico del país.
Los comicios efectuados en diciembre en el municipio indígena de Santiago Yaveo, en el meridional estado de Oaxaca, tuvo elementos incompatibles con los derechos fundamentales definidos en el sistema jurídico nacional, indica el fallo emitido el miércoles por el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Los magistrados señalaron que en las elecciones de concejales de ese ayuntamiento deben repetirse, pues se impidió la participación de todos los miembros de la comunidad. El derecho a elegir por la vía de usos y costumbres tiene límites, explicaron con énfasis.
Sin embargo, las autoridades electorales de Santiago Yaveo, municipio de casi 7.000 habitantes, argumentaron que los usos y costumbres del lugar impiden que participen en las elecciones de concejales los habitantes que, aunque pertenecen al ayuntamiento, viven lejos de su principal centro urbano.
Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial respondió que el derecho de elección vía usos y costumbres no tiene validez si impide ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país o si resultan incompatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
El Congreso aprobó una serie de reformas legales que, entre otras cosas, garantizaron la validez de las elecciones vía usos y costumbres en comunidades indígenas, en respuesta favorable a la visita realizada a la capital del país en marzo de 2001 de varios comandantes del rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Las modificaciones indican que ese derecho de usos y costumbres tendrá vigencia siempre que no contravenga las garantías de las que gozan todos los ciudadanos del país. Más de 10 por ciento de los 100 millones de habitantes de México son indígenas.
Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México indica que al menos una tercera parte de las comunidades indígenas del país elige a sus autoridades de acuerdo a sus tradiciones.
Los académicos sostienen que en la mayoría de poblaciones indígenas no se garantiza la participación política de las mujeres, la libertad y el secreto de quienes votan, así como la participación de todos los interesados en una elección sin coacción por motivos de religión o militancia.
La coexistencia de un sistema legal de usos y costumbres a nivel local con un sistema nacional basado en principios liberales y democráticos genera inconsistencias importantes, apuntó Guillermo Trejo, investigador de la división de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Valores democráticos esenciales como el voto universal, libre y secreto, son irrelevantes en las elecciones por usos y costumbres, añadió el experto.
México deberá definir en el futuro si tienen validez real formas de elección que, aunque tradicionales, muestran signos poco democráticos, recomendó.
Sin embargo, para el EZLN, grupo que levanta la bandera de la lucha por el reconocimiento de los derechos de autonomía y autodeterminación de los indígenas, las elecciones por usos y costumbres son parte esencial de la vida de las comunidades nativas y deben respetarse.
Sergio Sarmiento, columnista del diario Reforma, comentó que permitir las elecciones por usos y costumbres, así como otras tradiciones indígenas que discriminan a las mujeres, es un absurdo en un país regido por un sistema democrático.
Casi toda elección vía usos y costumbres es antidemocrática, sentenció Sarmiento.
Un ejemplo que usan con frecuencia quienes cuestionan el respeto irrestricto a la autonomía indígena, es el caso de la comunidad de San Juan Chamula, en el septentrional estado de Chiapas, donde se asienta el EZLN.
En los últimos 20 años, con el argumento de la tradición de usos y costumbres, las autoridades de San Juan Chamula han expulsado de esa comunidad a más de 30.000 nativos por no ser católicos tradicionalistas.
Indígenas que viven en la zona de influencia del EZLN, la guerrilla que combatió dos semanas en enero de 1994 y que desde entonces se mantiene en la zona selvática presentando periódicas iniciativas políticas, han denunciado en numerosas ocasiones que allí reina la dictadura de ese grupo armado.
Pero los jefes del EZLN, integrado mayoritariamente por indígenas, indican que en las comunidades de su influencia se resuelve todo en asambleas y de forma democrática. El mismo argumento usan los líderes de San Juan Chamula.
Hay una línea fina entre el respeto necesario a las autonomía y tradiciones de los indígenas y las garantías que deben tener todos los ciudadanos sin discriminación ni distingo alguno, opinó el abogado constitucionalista Ignacio Burgoa.
México es suscriptor del acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento que garantiza derechos de autonomía a las etnias.
El EZLN y los grupos que lo apoyan reclaman cumplir el acuerdo de la OIT y permitir sin cortapisas que se respete la autodeterminación de los pueblos nativos.
El politólogo Jesús Reyes Heroles puntualizó que no debe asustar la autodeterminación, pero debe quedar claro que tradiciones indígenas violatorias de derechos de mujeres u otros grupos no deben ni pueden aceptarse. (FIN/IPS/dc/dm/ip pr/02
