El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó preliminarmente las medidas tomadas por San Cristóbal y Nevis contra el lavado de dinero, pero otros dos países del Caribe, Dominica y San Vicente y Granadinas, permanecerán por ahora en la lista negra del organismo.
Autoridades de San Vicente y Granadinas prevén que el país aprobarán en septiembre la última revisión del GAFI, creado en 1989 por el Grupo de los Siete países más industrializados para luchar contra el lavado de activos procedentes de actividades ilícitas, como el narcotráfico.
Mientras, el fallo sobre Dominica del GAFI, cuya secretaría está ubicada en la sede parisina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es atribuido a la intención de condenar las estrechas relaciones entre ese país y Libia, según observadores del país caribeño.
El GAFI estima que hasta 1,5 billones de dólares de origen ilegal son colocados en cuentas bancarias de todo el mundo por redes criminales cada año.
El organismo intergubernamental impone sanciones a los países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero, entre ellas su declaración como naciones de alto riesgo para las inversiones. También puede revocar la licencia de operación en los países miembro del GAFI de bancos cuestionados.
Para lograr la certificación del GAFI, un país debe adaptar sus leyes, sistemas de supervisión financiera y prácticas de mantenimiento de la ley a las disposiciones del organismo internacional.
El diplomático en actividad y abogado de San Vicente y Granadinas Colin Williams atribuyó la exclusión de su país de la lista de países certificados por el GAFI al método de evaluación empleado por el organismo.
San Vicente y Granadinas deberá presentar al GAFI un plan de reformas legislativas contra el lavado de dinero y esperar que el organismo analice su funcionamiento. El próximo paso será salir de la lista negra, dijo Williams.
En los últimos meses, Dominica aprobó leyes contra el lavado de dinero e instaló una Unidad de Inteligencia Financiera, pero la política exterior fue determinante en la calificación negativa del GAFI, aseguró el ex primer ministro y dirigente opositor Edison James.
Ciertos países han sido identificados como promotores del terrorismo, y nosotros continuamos manteniendo profundas relaciones con esos países. Entonces, estamos en problemas, dijo James.
Otro factor negativo fue la sentencia de culpabilidad dictada por un tribunal de Estados Unidos contra el dirigente del gobernante Partido Laborista de Dominica Julian Giraud, por blanqueo de capitales.
Giraud fue detenido en noviembre en Puerto Rico, cuando se dirigía a Estados Unidos con el ex ministro de Finanzas Ambrose George.
El GAFI dijo, al incluir en 2000 a San Cristóbal y Nevis en su lista negra, que la nación era una en 15 jurisdicciones con deficiencias críticas en sus sistemas contra el blanqueo de dinero y con una demostrada falta de voluntad para cooperar con los esfuerzos contra lavado de dinero.
En la lista figuraban otros estados caribeños, como Bahamas, Islas Caimán y Granada. En junio de 2001 el GAFI retiró a los dos primeros, y al último en septiembre.
Al manifesar su beneplácito por la salida de San Cristóbal y Nevis de la lista negra, el primer ministro Denzil Douglas dijo que su país trabajó durante dos años para actualizar sus leyes y crear instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión de Servicios Financieros.
Convoco al sector privado a continuar cooperando con nuestra Unidad de Inteligencia Financiera y con nuestros inspectores locales para asegurar que el blanqueo de dinero no se permita en nuestra jurisdicción, dijo Douglas.
El primer ministro manifestó su inquietud por la permanencia de países caribeños en la lista negra.
El desarrollo en muchos de nuestros países quedaría seriamente comprometido si las naciones industrializadas continúan poniendo en la lista negra a nuestros sectores financieros, dijo Douglas este mes, en la reunión anual del Grupo Caribeño para la Cooperación y el Desarrollo Económico celebrada en Washington.
Varios estados caribeños hicieron grandes esfuerzos para alcanzar las pautas internacionales de regulación financiera y facilitar el intercambio de información, pero aún no tenemos la certeza de que esta amenaza masiva a nuestra supervivencia económica será retirada, agregó. (FIN/IPS/tra-en/pir/aa/lp/mj/if ip/02
