Una huelga general convocada para este jueves por las dos mayores centrales sindicales de España enfrenta al gobierno de José María Aznar con la oposición de centroizquierda e izquierda.
La medida fue convocada por la Unión General de Trabajadores (UGT), prosocialista, y por la procomunista Comisiones Obreras (CCOO), como protesta contra el proyecto de ley presentado por el gobierno para reformar el sistema de beneficios por desempleo.
La convocatoria cuenta con apoyo explícito de la principal fuerza de oposición, el centroizquierdista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de la coalición Izquierda Unida (IU), liderada por el Partido Comunista, y de otros grupos menores.
Tres sindicatos minoritarios, integrantes de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, se oponen a la huelga por entender que no existe crispación ni deterioro de las condiciones laborales y sociales que la justifiquen, y opinan que el gobierno, la UGT y CCOO mostraron falta de voluntad negociadora.
Las centrales sindicales y partidos que apoyan la huelga pronostican que será un éxito, aunque este miércoles el Tribunal Supremo de Justicia desestimó un recurso de la UGT y CCOO contra la decisión del gobierno sobre los servicios mínimos que deben mantenerse, que consideran excesivos.
El gobierno afirmó que respetará el derecho de huelga, pero añadió que el mantenimiento de servicios mínimos, en especial de transporte, debe asegurar también el derecho al trabajo de quienes no apoyen la medida sindical.
El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, dijo a IPS que la huelga no anulará la voluntad negociadora del gobierno.
No nos levantamos de la mesa de negociación antes ni pensamos levantarnos después, añadió, en referencia a que las centrales sindicales rompieron el diálogo sobre beneficios por desempleo sin presentar una contrapropuesta al plan gubernamental.
La huelga fue decidida y anunciada antes de que el gobierno enviara al parlamento, el 13 de junio, el proyecto de decreto-ley que regulará el sistema de subsidios al desempleo y de estímulo a la creación de puestos de trabajo, destacó.
La reforma recorta derechos a quienes son despedidos de forma improcedente y a quienes lo son mediante un expediente de regulación de empleo, a los trabajadores fijos discontinuos, a los despedidos y a los eventuales del campo en Andalucía y Extremadura, señaló José María Hidalgo, secretario general de CCOO.
Uno de los puntos más discutidos es la modificación del régimen de subsidio a trabajadores rurales en la meridional región de Andalucía y la occidental de Extremadura, agroganaderas y gobernadas por el PSOE.
El nuevo plan dispone que las 365.000 personas a las cuales se ha otorgado ese subsidio en los últimos tres años mantengan el beneficio, pero propone ponerle fin en un proceso paulatino de 10 años.
También prevé que los trabajadores agrarios eventuales de todo el país reciban un subsidio por desempleo, como ya ocurre con los trabajadores fijos.
El gobierno ha destacado en especial su propuesta de apoyo a la búsqueda de trabajo de mujeres desempleadas que tengan un hijo, desde los 18 meses del parto, por parte del Instituto Nacional de Empleo (INEM), mediante subvención durante un año de los aportes a la seguridad social de quienes las contraten.
Sin embargo, Hidalgo señaló que ese beneficio estuvo en vigor en 2001, y que a su amparo sólo se concretaron 250 contratos en toda España.
Los sindicatos también rechazan la propuesta de obligar a quienes perciben subsidio por desempleo a aceptar la tercera oferta de trabajo que les realice el INEM, aunque se trate de un contrato temporal de corta duración y obligue al interesado a desplazarse hasta 30 kilómetros de su domicilio para trabajar.
En diciembre de 1988, una huelga convocada por la UGT y CCOO contra el gobierno del PSOE encabezado por Felipe González (1983- 96) paralizó al país por completo.
La mayoría de los consultados en encuestas del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y de una firma privada opinaron que hay motivos válidos para la huelga, pero quienes anunciaron que llevarían a cabo la medida fueron sólo cerca de un tercio del total.
Poco más de la mitad de los entrevistados dijeron que irán a trabajar este jueves, y cerca de 15 por ciento aún no habían decidido qué harían.
En el sondeo del CIS, 32,9 por ciento de los encuestados dijeron que los sindicatos hicieron esfuerzos para evitar la huelga, y 19,7 por ciento atribuyeron esa conducta al gobierno.
Pero 64 por ciento de los consultados afirmaron que los sindicatos deberían haberse esforzado más por negociar la propuesta del Poder Ejecutivo.
El gobierno afirmó que convocar a la huelga para el día previo a la reunión de los 15 mandatarios de la Unión Europea en la sudoccidental ciudad de Sevilla era atentar contra la imagen de España, y sólo 31,6 por ciento de los entrevistados por el CIS compartieron esa objeción, rechazada por 41,6 por ciento. (FIN/td/mp/lb ip/02
