Las reformas del sector eléctrico promovidas en países en desarrollo por donantes internacionales pasaron por alto las necesidades de los pobres y la imprescindible protección del ambiente, advirtió un grupo de expertos estadounidenses.
Pese a la inversión en la última década de cientos de millones de dólares en la reestructuración del sector energético, la mayoría de los habitantes pobres del medio rural de los países en desarrollo siguen sin acceso a la electricidad, sostuvo el World Resources Institute (WRI, Instituto de Recursos Mundiales) en su último informe.
Además, son muy escasos y débiles los esfuerzos por integrar a la planificación factores ambientales como el calentamiento del planeta, agregó.
Las reformas deben reorientarse para que los beneficios sociales y ambientales no sean olvidados en la carrera hacia una visión de mercado del sector de la energía eléctrica, urgió Navros Dubash, principal autor del informe Política energética: Equidad y ambiente en la reforma de la electricidad, publicado el jueves.
Si la reforma del sector eléctrico se planifica y aplica con más cuidado, será una oportunidad para reorientar miles de millones de dólares para un futuro de energía sustentable y equitativa, dijo Dubash.
El informe de 175 páginas fue publicado días después de violentas protestas en Perú contra los planes del gobierno de vender dos empresas públicas de electricidad, en señal del rechazo popular a las reformas de mercado promovidas por las instituciones financieras multilaterales y los principales países donantes desde fines de los años 80.
Numerosos analistas, entre ellos el ex economista jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, concuerdan en que muchas de esas reformas se aplicaron demasiado rápido y sin la suficiente regulación.
El informe del WRI, basado en estudios de casos en seis países en desarrollo, concluye que para servir al fin público se precisan sistemas regulatorios fuertes, que tomen en cuenta una variedad de factores sociales y ambientales.
Si todavía no hemos demostrado que podemos regular adecuadamente el mercado de la electricidad en Estados Unidos, entonces deberíamos ser muy cautelosos al aplicar reformas de mercado similares en países con menor capacidad regulatoria, exhortó Dubash.
La reforma del sector eléctrico en países en desarrollo se generalizó en los últimos 12 años, en muchos casos como resultado de la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y países donantes.
Hasta 1998, cerca de un tercio de todos los países en desarrollo habían aprobado nuevas leyes sobre energía eléctrica, mientras 40 por ciento habían permitido el ingreso a sus mercados de compañías privadas generadoras de energía, según un estudio del Banco Mundial.
Esos cambios formaron parte de un esfuerzo más amplio por la promoción de los mercados, el crecimiento del capital privado y la integración económica mundial, afirmó el WRI.
Los seis países abarcados por el estudio son Argentina, Bulgaria, Ghana, India, Indonesia y Sudáfrica. De ellos, sólo Sudáfrica diseñó y aplicó reformas de modo de promover la igualdad social y a la vez la eficacia financiera, sostiene el informe.
En los otros cinco países, la reestructuración fue impulsada exclusivamente por factores económicos, como la urgente necesidad de atraer capital extranjero y de garantizar el acceso a la asistencia de los donantes, señala el documento.
Esos esfuerzos por atraer capital, en particular a través de compañías privadas de energía, causaron más problemas de los que resolvieron, especialmente en India, Indonesia y Argentina.
Además, las reformas fueron elaboradas por burócratas del gobierno y sus consultores de los ministerios de energía y finanzas, excluyendo otras voces como los ministerios de ambiente, las agrupaciones sociales y rurales y organizaciones no gubernamentales interesadas en el asunto, agrega el informe.
Como resultado, los intereses sociales y ambientales fueron en gran parte ignorados en la planificación e implementación inicial de las reformas, y sólo se tuvieron en cuenta en una etapa posterior.
En algunos casos, sin embargo, ya era tarde. En India e Indonesia, por ejemplo, las empresas privadas de energía ya habían instalado centrales de generación en gran escala, en contra de los objetivos de eficiencia de energía, y habían comprometido a compañías de servicios públicos a comprarles electricidad a altos precios.
En otros casos, las reformas estuvieron dirigidas apenas a cambiar el sistema existente y no a extender la red eléctrica a toda la población.
En Ghana, por ejemplo, sólo 17 por ciento de la población rural tiene acceso a la electricidad, y en India, el porcentaje es de 33 por ciento.
Lo mismo se aplica a las consideraciones ambientales. India e Indonesia, por ejemplo, pudieron ofrecer incentivos para el uso de fuentes renovables de energía en sus reformas, pero optaron por las grandes centrales, que no sólo tienen enormes costos operativos, sino que agravan el calentamiento del planeta, según el informe.
La reestructuración del sector eléctrico es un ejemplo de cómo la globalización financiera ha promovido vías de desarrollo basadas en estrechas consideraciones económicas, afirmó Dubash.
El interés público depende de que los planificadores de políticas tengan la suficiente visión de largo plazo para guiar la globalización hacia resultados sociales y ambientales positivos, concluyó. (FIN/IPS/tra-en/jl/aa/mlm/en-dv/02
