La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos prohibió este martes la ejecución de personas con disminución intelectual condenadas a muerte, por considerarlo un castigo cruel e inusual y, por lo tanto, inconstitucional.
Seis de los nueve integrantes de la Corte Suprema entendieron que la ejecución de una persona con inteligencia limitada no tiene un propósito legítimo. La sentencia se refiere a la condena a muerte por asesinato de Daryl Atkins, quien tiene un coeficiente intelectual de 59.
En los últimos años surgió un consenso nacional e internacional que impone la prohibición de esa práctica, sostuvieron los jueces.
No estamos convencidos de que la ejecución de criminales con retraso mental contribuya con los propósitos disuasivos o justicieros de la pena de muerte, escribió el juez Paul Stevens, redactor del fallo de la mayoría.
Organizaciones de derechos humanos y contrarias a la pena capital afirmaron este jueves que la sentencia significa un gran avance para su causa.
La ejecución de retardados mentales ha sido por mucho tiempo una violación de los principios internacionales de justicia y decencia, dijo el director ejecutivo de la filial estadounidense de Amnistía Internacional, William Schulz.
En este caso, la Corte Suprema finalmente condujo a Estados Unidos a la comunidad de naciones civilizadas, afirmó Schulz.
Treinta estados estadounidenses han prohibido la pena de muerte en general o detuvieron la ejecución de personas con retardo mental. No hay duda de que hoy existe un consenso nacional al respecto, afirmó el director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), Ricard Dieter.
Persisten otras preocupaciones acerca de la pena capital, pero al menos hoy hemos detenido una práctica que la mayoría de los estadounidenses consideran aborrecible, y también en el resto del mundo, agregó.
Los tres jueces que votaron contra el fallo fueron designados por presidentes del Partido Republicano, el mismo al que pertenece el actual jefe de gobierno, George W. Bush.
Uno de ellos fue el presidente de la Corte Suprema, William Rehnquist, designado por Richard Nixon hace 30 años, quien cuestionó, en particular, las referencias del fallo en mayoría a leyes extranjeras y a encuestas.
Desde 1995, sólo tres países —Estados Unidos, Japón y Kirguistán— ejecutaron a personas con retardo mental, según Amnistía. Estados Unidos ejecutó desde 1977 al menos a 35 personas con disminución intelectual o con daños cerebrales importantes, agregó la organización, con sede en Londres.
Los tres jueces en minoría también observaron que la mayoría descartó un fallo de 1989 según el cual la ejecución de retardados mentales no constituía un castigo cruel o inusual, los cuales están prohibidos por disposición constitucional.
Rara vez una opinión de esta Corte se basó tan obviamente sobre la visión personal de sus miembros, escribió el juez John Scalia, considerado el más derechista del tribunal.
Pero la decisión de 1989 consideraba de que aún no se había desarrollado un consenso nacional contra la ejecución de personas con capacidad mental disminuida. Trece años después, 16 estados más y el propio gobierno federal sancionaron leyes que prohíben esa práctica.
Los tribunales del oriental estado de Virginia condenaron a Daryl Atkins a muerte por el robo y asesinato del aviador Eric Nesbit. Su cociente intelectual de 59 era bastante menor de 70, debajo del cual, según la opinión predominante, corresponde un diagnóstico de retardo mental.
Veinte estados de Estados Unidos que aún admiten la pena de muerte para el caso de personas con disminución intelectual deberán cambiar sus leyes o conmutar la sentencia de los condenados en esa situación que esperan la ejecución.
Un total de 2.455 condenados esperan la ejecución en esos 20 estados, y alrededor de cinco por ciento sufren disminución intelectual, calculó la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Un total de 3.701 personas aguardan la ejecución en todo Estados Unidos.
La mayoría de los académicos del derecho penal se oponen desde hace largo tiempo a la ejecución de acusados con retraso mental por el mismo motivo que rechazan la pena de muerte para niños y niñas.
Al igual que en el caso de los niños, la disminución mental dificulta a quienes la sufren la comprensión de conceptos legales, su memoria es poco confiable y les cuesta procesar información. Es poco probable que estas personas puedan cooperar en su propia defensa, según esos expertos.
Muchos detenidos con capacidad intelectual disminuida, ansiosos por complacer a la autoridad, renuncian a su derecho a permanecer en silencio e incluso hacen confesiones falsas, afirmó HRW.
El sentenciado a muerte Earl Washington confesó en Virginia crímenes que nunca cometió, pero recibió la absolución cuando una prueba de ADN reveló su inocencia.
Aunque cometan crímenes terribles, los discapacitados mentales nunca deberían ser ubicados entre los delincuentes más culpables para quienes, en Estados Unidos, se reserva la pena de muerte, dijo la directora del Programa para Estados Unidos de HRW Jamie Fellner.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exhortó en abril a las autoridades de estados de Estados Unidos que mantienen la pena de muerte a no ejecutarla en caso de condenados con disminución de su capacidad intelectual.
En 1998, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias dijo que este tipo de penas violan la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.
Si bien la mayoría de la Corte Suprema se refirió al aislamiento internacional de Estados Unidos en la materia, también subrayó el peso de la opinión pública.
En los últimos años, importantes organizaciones religiosas y de expertos en psicología y en derecho realizaron fuertes declaraciones en la materia, y varias asambleas legislativas estaduales prohibieron la condena a pena capital de personas con disminución intelectual.
Una encuesta de la empresa Gallup presentada en mayo señala que 82 por ciento de los entrevistados se oponen a la ejecución de personas con retraso mental, y sólo 13 por ciento la aprueban.
No sólo es significativo el número de estos estados que prohibieron la práctica, sino también la consistencia del cambio de dirección. Es justo decir que se construyó un consenso nacional en contra de la ejecución de personas con disminución intelectual, escribió Stevens.
Incluso el presidente George W. Bush, quien como gobernador de Texas (1995-2000) supervisó la ejecución de tres acusados con coeficiente intelectual menor de 70, ha cambiado de idea. Nunca deberíamos ejecutar a nadie con retraso mental, afirmó el año pasado.
Algunos opositores a la pena de muerte afirman que el razonamiento de la Corte Suprema será importante en casos de menores juzgados en tribunales para adultos por delitos castigables con la pena capital.
Según Amnistía, la corte suprema de Missouri suspendió temporiamente la ejecución prevista para el 5 de este mes de un menor acusado de asesinato, hasta el fallo de este jueves. (FIN/IPS/tra-en/jl/mj-lp/hd/02
