Influyentes organizaciones no gubernamentales y el acaudalado financista George Soros iniciaron una campaña para reclamar a corporaciones transnacionales que divulguen sus pagos a los gobiernos de países en desarrollo.
La iniciativa responde a la creciente preocupación internacional por miles de millones de dólares que compañías petroleras y mineras entregan a gobiernos corruptos de países pobres, cuyos beneficios nunca llegan a la población.
Amnistía Internacional, Christian Aid, Amigos de la Tierra, Global Witness, Oxfam, Salven a los Niños y Transparencia Internacional son algunas de las 30 organizaciones que firmaron la petición Publique lo que paga, promovida por el húngaro nacionalizado estadounidense Soros.
La propuesta reclama a las compañías que explotan riquezas gasíferas, mineras o petroleras la publicación completa de impuestos, aranceles, regalías y otros pagos que efectúen a los gobiernos de los países donde operan, como condición para cotizar en mercados financieros y bolsas de valores internacionales.
El secreto sobre los ingresos que percibe el Estado alienta a las elites gobernantes a malversar y apropiarse de los mismos, en lugar de invertirlos en el desarrollo de largo aliento, dijo Soros la semana pasada en Londres, al hacer pública la petición.
Las compañías extranjeras no pueden controlar la forma en que los gobiernos gastan los fondos de impuestos y regalías, pero tienen la responsabilidad de informar, para que los ciudadanos puedan pedir responsabilidad a sus gobernantes, indica la petición.
Esta obligación ya rige para las compañías que actúan en muchos países del Norte industrial.
Si se administraran con eficacia y transparencia, estos ingresos podrían ser la base para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, agrega el documento.
La campaña se basa en un informe que asegura que los ingresos procedentes de la extracción de recursos no son revelados por los gobiernos ni por las empresas involucradas.
Esta falta de responsabilidad facilita el ocultamiento, la corrupción y la apropiación indebida. En casos extremos el acceso a los recursos enciende conflictos regionales y el desorden resultante es explotado para facilitar el desvío a gran escala de los bienes del Estado, agrega el informe.
La explotación petrolera, gasífera y minera es importante en más de 50 países en desarrollo, donde habitan 3.500 millones de personas, de las cuales 1.500 millones viven con menos de dos dólares diarios.
Los problemas de la gobernancia de los recursos naturales se han registrado en los últimos meses en Angola, Argelia, Azerbaiyán, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Kazajstán, Nigeria, República Democrática de Congo, Sudán y Venezuela.
Según nuestras investigaciones, en los últimos cinco años en Angola desaparecieron de las arcas del Estado 1.000 millones de dólares por año, casi un tercio de los ingresos presupuestales, en su mayoría procedentes del petróleo, dijo el activista Simon Taylor, de Global Witness.
En Africa se esfuman miles de millones de dólares, lo cual nos hace depender de la asistencia internacional para alimentar a la población, señaló Julius Ihonvbere, del Centro Africa para el Desarrollo Constitucional, con sede en Nigeria.
Las organizaciones aclararon que no piden a las compañías que revelen información comercial confidencial, sino las cifras sobre el dinero que pagan a los estados.
La iniciativa se refiere al interés de la comunidad internacional por la responsabilidad social de las corporaciones, y la necesidad de una mayor transparencia.
La explotación de los recursos naturales constituye casi dos tercios del comercio africano. En 2003, las inversiones en el sector petrolero en el continente alcanzarán 10.000 millones de dólares, una cifra equivalente a tres cuartos del total de la inversión estadounidense en Africa.
El uso de recursos naturales es la principal fuente de ingresos de los países menos desarrollados, pero los gobiernos apelan a bajos impuestos y suelen destinar una porción inusualmente alta de sus ingresos a la seguridad interna.
Estas políticas no permiten combatir la pobreza y la desnutrición infantil, asevera el documento.
Los países que dependen de la riqueza mineral y petrolera tienen 25 por ciento más posibilidades de ser escenario de guerras civiles, agrega.
Las industrias extractivas se sitúan cada vez más en países menos desarrollados, donde las organizaciones de la sociedad civil y la transparencia gubernamental son desproporcionadamente frágiles.
Debido a las enormes inversiones que realizan, las compañías no pueden retirarse fácilmente de zonas en conflicto, y con el tiempo tiende a profundizarse el papel de los ingresos de los recursos naturales en la financiación de guerras civiles, concluye el documento. (FIN/IPS/tra-en/ss/raj/lp/dcl/dv ip/02
