El expediente del presunto asesinato en México de la activista social y abogada Digna Ochoa quema las manos de los investigadores, pues las pruebas indicarían que fue un suicidio, versión que derrumba el juicio previo de organizaciones humanitarias nacionales y extranjeras.
La hipótesis de un asesinato no se ha descartado, pero todo parece indicar que Ochoa se suicidó y que además montó una escena para simular un crimen, señalaron a IPS fuentes de la Procuraduría de Justicia de la capital mexicana, que dependen del alcalde izquierdista Manuel López.
La versión causa irritación entre organizaciones humanitarias mexicanas y extranjeras, que elevaron a Ochoa, muerta en octubre, a nivel de icono en la lucha por la justicia y contra la impunidad en este país.
La abogada de 37 años apareció muerta en sus oficinas de la capital de México por dos disparos, luego de denunciar una serie de amenazas anónimas contra su vida.
Ochoa era una respetada activista que defendía en su carácter de abogada a personas acusadas de subversión y víctimas de supuestas torturas y abusos de militares.
Elementos de la escena donde se encontró el cuerpo, la aparición de algunas cartas escritas por Ochoa y la revelación de un expediente en que médicos le diagnostican neurosis conversiva apuntalan la tesis del suicidio, según fuentes de la Procuraduría capitalina que solicitaron reserva de su identidad.
Cuando la versión trascendió por primera vez en marzo, activistas de derechos humanos y familiares de Ochoa se molestaron al punto de acusar a la Procuraduría de la capital mexicana de querer encubrir a los culpables, que, según sostienen, serían militares o poderosos ganaderos.
El suicidio derrumba el discurso de organizaciones y activistas humanitarios, pero además pone en una posición política difícil al gobierno de la capital, encargado de las pesquisas, dijo el politólogo Carlos Padilla.
Pero la verdad es una y habrá que afrontarla si se confirma de forma adecuada, apuntó.
Tras la muerte de Ochoa, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, indicó que el mayor reto el presidente Vicente Fox en materia de lucha contra la impunidad era detener y castigar a los culpables del asesinato de la abogada.
El gobierno comprometió su ayuda en las investigaciones, pero aclaró que la responsabilidad es del gobierno de la capital.
La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, condenó también el supuesto crimen, que, según dijo, echó por tierra la esperanza en un cambio de actitud frente a la intimidación y el acoso del que son víctimas los defensores de derechos humanos.
Algo similar hizo la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, para quien el deleznable y cobarde asesinato se convirtió en un foco de alerta máxima para la transición que vive México.
También el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, guerrilla que opera en el meridional estado de Chiapas, declaró que el supuesto asesinato de Ochoa alcanza y sobra para estremecer de indignación a cualquier persona.
Para el no gubernamental Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, la muerte de Ochoa demostró que en México aún reina la impunidad.
El presidente Fox se convirtió en 2000 en el primer mandatario ajeno al Partido Revolucionario Institucional en 72 años. Entre los compromisos que formuló en su campaña electoral se destacaba el combate a la impunidad de las violaciones de derechos humanos.
Activistas y organizaciones de derechos humanos de México y del extranjero elevaron la figura de Ochoa como ejemplo de la lucha por la justicia y como víctima de las fuerzas oscuras que se oponen a la vigencia del derecho.
La Procuraduría de la capital no descarta ninguna hipótesis sobre la muerte de la abogada Ochoa, repite periódicamente el máximo funcionario de ese organismo, Bernardo Bátiz.
Pero las fuentes consultadas por IPS indicaron que la del suicidio es la que tiene mayor sustento, y que los peritos tienen fundadas dudas sobre las otras hipótesis.
Cuando iniciaron las investigaciones, Bátiz declaró que el asesinato de la abogada era un signo de terrorismo de extrema derecha, frase que nunca volvió a repetir.
Organizaciones de derechos humanos han sido invitadas en varias ocasiones a interiorizarse de las investigaciones del crimen, y el gobierno de la capital prometió que no ocultará a los culpables, pero la desconfianza de los activistas emerge cada que escuchan que Ochoa se pudo haber suicidado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a México a su delgado Pedro Díaz para analizar las investigaciones. En declaraciones posteriores, reconoció que la Procuraduría de la capital hace una investigación profesional sobre el presunto crimen. (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/02
