El gobierno de México abrió este martes al público documentos redactados por los servicios de inteligencia durante la llamada guerra sucia contra opositores en los años 60, 70 y 80, pero observadores advierten que podrían resultar un fiasco, pues habrían sido depurados.
De esta manera, las autoridades confirman su interés en aclarar hechos que no deben quedar impunes, dijo el presidente Vicente Fox. En enero se creó una fiscalía especial para investigar los crímenes políticos cometidos en el pasado.
Así, a partir de este martes podrán ser consultados, previa solicitud, unos 80 millones de documentos redactados por los servicios de inteligencia y mantenidos en secreto por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a los que se acusa de múltiples abusos y delitos contra opositores.
Se presume que en ese material, que abarca desde la década del 60 hasta los años 80, hay datos sobre la persecución política implementada entonces por el PRI, hoy en la oposición, contra adversarios y guerrilleros, informes sobre personas desaparecidas y luego asesinadas, además de elementos de fraudes electorales.
El secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Santiago Creel, señaló que los archivos liberados este martes son la prueba de que en el pasado la procuración de justicia se sujetaba a los intereses políticos.
Los hechos de los que hablan los documentos, nunca más volverán a suceder en México, aseguró.
La apertura al público de archivos políticos secretos responde al interés por asegurar la transparencia en los actos de gobierno, como lo manda la ley de transparencia y acceso a la información pública sancionada el 10 de junio por el presidente Fox.
Un informe de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la represión política durante los gobiernos del PRI, también llamada guerra sucia, indica que 482 opositores fueron detenidos y desaparecidos entre 1974 y 1984.
El PRI gobernó de forma ininterrumpida desde 1929 hasta 2000, cuando perdió por primera vez una elección presidencial ante Fox, del entonces opositor Partido Acción Nacional.
Es probable que los documentos liberados nos satisfagan las expectativas, pues en ellos no hay historias lógicas y coherentes y muchos no tienen ninguna importancia, dijo el profesor e investigador del Colegio de México Sergio Aguayo.
Los archivos son la arcilla que el artista tiene que trabajar para hacer la obra de arte y ese será el trabajo de los periodistas y académicos, señaló Aguayo, quien ya tuvo la oportunidad de realizar algunas investigaciones dentro del acervo.
Por su parte, Edgar Cortes, de la organización humanitaria Agustín Pro Juárez, advirtió que los documentos podrían resultar un fiasco, pues antes de abrir los archivos se habrían extraído los materiales que comprometen a ex gobernantes, militares y policías.
Al respecto, Creel admitió que no se puede garantizar la veracidad ni la integridad de todos los documentos liberados, pero aseguró que el gobierno no esconde ninguno de los archivos encontrados.
Sin embargo, Cortes entiende que los gobiernos del PRI tuvieron tiempo suficiente para depurar los documentos.
Fox dispuso que toda la documentación sea concentrada en el Archivo General de la Nación, ubicado en el edificio que ocupó la llamada prisión de Lecumberri, un ex centro de detención de la capital mexicana que en el pasado albergó a presos políticos.
No nos interesan los papeles viejos, nos interesa la justicia y que aparezca al menos uno de los desaparecidos, sólo entonces el gobierno demostrará que efectivamente va contra la impunidad del pasado, declaró Rosario Ibarra, portavoz de Elektra, un grupo que busca desde hace 20 años pistas de los desaparecidos.
Fox prometió durante la campaña que lo llevó a la presidencia que crearía una Comisión de la Verdad, independiente del gobierno, para investigar lo sucedido en los años de la represión política.
Sin embargo, luego de asumir el gobierno el 1 de diciembre de 2000 optó por crear una fiscalía especial adscrita a la Procuraduría General de la República, un organismo dependiente del gobierno.
El titular de la fiscalía, Ignacio Carrillo, declara que no tiene ningún plazo final para presentar conclusiones sobre sus investigaciones sobre los desaparecidos políticos.
No obstante, Carrillo indicó que a partir de julio llamará a declarar a los involucrados en las denuncias de represión y crímenes políticos.
Expertos indican que la guerra sucia comenzó en 1965, luego de que un grupo armado asaltara un cuartel en el septentrional estado de Chihuahua para protestar por el despojo de tierras y diversos actos de represión del gobierno.
Pero el hecho sobre el que grupos políticos y humanitarios ponen especial atención fue la matanza perpetrada en octubre de 1968 por fuerzas de seguridad en la plaza capitalina de Tlatelolco, donde estudiantes exigían cambios políticos.
Los políticos, militares y policías que tuvieron a su cargo las tareas de gobierno y control político durante el periodo de la llamada guerra sucia se declaran totalmente inocentes.
El ex presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) aseguró que durante su mandato trató de esclarecer la matanza de 1968 y la llamada guerra sucia, pero dijo que le fue imposible.
Traté de hacerlo, pero las circunstancias me lo impidieron.
Circunstancias como la falta de archivos ordenados y actitudes de resistencias políticas. Yo no pude vencer esas resistencias, apuntó.
Nadie está exento de ser investigador por los crímenes del pasado, advirtió ahora el gobierno de Fox. (FIN/IPS/dc/dm/ip hd/02
