Sobrevivientes de una matanza perpetrada hace cuatro años en México, que debieron soportar también cárcel y torturas, afirmaron que no descansarán hasta lograr el castigo de los militares a quienes acusan del crimen.
Los sobrevivientes, que fueron acusados de abrir fuego contra soldados y luego exculpados por la justicia, aseguran que los militares ejecutaron a 11 personas tras atacarlos el 7 de junio de 1998, cuando dormían en una escuela de la pequeña localidad de El Charco, en el meridional estado de Guerrero.
Según la versión del ejército, un destacamento acudió a El Charco para detener a un grupo de supuestos subversivos reunidos con pobladores indígenas, pero fueron atacados con armas de fuego, por lo que respondieron hasta lograr someterlos.
Los sobrevivientes, por su parte, afirman que su grupo no tenía armas ni opuso resistencia cuando los soldados les ordenaron bajar de las aulas al patio de la escuela. Allí, sin justificación alguna, los militares ejecutaron a 11 personas, hirieron a siete y detuvieron a 22, aseguraron los denunciantes.
La mayoría de los que pernoctaban en la escuela eran indígenas del lugar, pero también había dos estudiantes universitarios de la capital que, afirmaron, realizaban tareas de alfabetización en Guerrero.
Erika Zamora, estudiante de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, superviviente de la matanza, fue liberada a fines de mayo tras permanecer cuatro años en la cárcel y realizar varias huelgas de hambre.
El fallo de última instancia indica que las pruebas presentadas por la fiscalía contra Zamora, la única persona que permanecía detenida por el caso, no demostraban su culpabilidad.
Zamora y varios de los detenidos eran miembros del poco activo Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y planificaban acciones subversivas, aseguró la fiscalía.
El único acto delictivo registrado en El Charco hace cuatro años fue la masacre de la escuela, señaló la organización humanitaria Agustín Pro Juárez, patrocinado por la orden católica de la Compañía de Jesús.
Zamora y los otros detenidos se comprometieron a luchar para que la justicia castigue a los militares culpables de la matanza, así como a quienes los torturaron para arrancarles confesiones falsas.
La estudiante dijo que el gobierno de Vicente Fox tiene que acabar con el clima de impunidad en que actúan los militares. La matanza de El Charco fue perpetrada cuando gobernaba Ernesto Zedillo (1994-2000).
Zamora declaró al juez que su primera confesión fue firmada bajo tortura. Me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques (choques) eléctricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas y amenazaron con desaparecerme, aseguró.
La estudiante afirmó que se la mantuvo desnuda en un sanitario para hombres donde periódicamente la obligaban sentarse en una silla conectada a la corriente eléctrica.
La gente estaba desarmada y a pesar de que se rindieron y pidieron perdón (los militares) los mataron, dijo.
La no gubernamental Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos pronosticó que difícilmente alguien pueda creer la versión del ejército sobre los hechos, dado el número de muertos, los testimonios y la alteración de evidencias en el lugar.
Todo ello indica la culpabilidad de los militares, concluyó la Liga.
Zamora y los demás acusados exculpados por la matanza de El Charco tienen razón y merecen el apoyo de la comunidad en su afán por castigar a los culpables del crimen y de sus torturas, sostuvo el columnista del diario Reforma, Miguel Granados.
El caso fue mencionado en varias oportunidades en los últimos informes de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, como ejemplo de los abusos que aún cometen los militares en México. (FIN/IPS/dc/mj/hd/02
