El proceso de pacificación de Guatemala va camino al fracaso, con la pobreza en avance y el recrudecimiento de la militarización de zonas rurales y de las amenazas contra activistas humanitarios, dijo la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.
Los acuerdos de paz firmados en 1996 quedaron en el olvido en muchos aspectos y los derechos humanos aún son pisoteados, señaló a IPS la indígena guatemalteca Menchú a su paso por San José de Costa Rica.
Tampoco se ha logrado avanzar en el combate contra la pobreza, que en la actualidad afecta a la gran mayoría de los 12 millones de guatemaltecos, y es muy preocupante la persistencia de la militarización en el campo, agregó la activista maya, que obtuvo el Nobel en 1992.
Sin embargo, la portavoz de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, Seda Pompyanskaya, y la politóloga Carmen Ortiz manifestaron a IPS optimismo sobre el futuro de los acuerdos, aunque admitieron atrasos en aspectos centrales, como el abatimiento de la pobreza o en seguridad humanitaria.
La paz alcanzada en Guatemala puso fin a más de tres décadas de guerra entre el ejército y grupos paramilitares de derecha contra la guerrilla izquierdista, que dejó un saldo de unos 105.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 250.000 huérfanos, 100.000 viudas y más de un millón de desplazados de sus hogares.
En los documentos suscriptos en diciembre de 1996 en Oslo entre delegados del gobierno y de la rebelde Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca se aceptó, entre otros puntos, el cese definitivo del fuego, el desarme de los grupos en conflicto y el irrestricto respecto de los derechos humanos.
También se dispuso instrumentar mecanismos para la reinserción social de los guerrilleros y una serie de reformas electorales con el fin de consolidar la democracia.
En los acuerdos se estipularon medidas para acabar con las causas de la guerra, como la pobreza, la exclusión social de los indígenas y la falta de acceso a la tierra, y se dispuso un cronograma de actividades para incrementar la inversión en áreas sociales y la reducción del gasto militar.
Los activistas humanitarios guatemaltecos aseguraron en las últimas semanas a la comunidad internacional que prevalece un clima de intimidación y que ha habido incluso casos de desaparición forzada de personas.
La alarma disparada por las organizaciones no gubernamentales motivó la visita a Guatemala entre fines de mayo y comienzos de este mes de Hina Jilani, representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan.
Jilani, luego de seis días de evaluación, confirmó las denuncias, expresó su especial preocupación y reclamó al gobierno acciones para terminar con las intimidaciones contra jueces, abogados, activistas, médicos forenses y testigos de casos de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado.
Menchú aseguró que en sus registros personales en lo que va de este año figuran 70 casos de amenazas, 20 allanamientos y el asesinato de 20 activistas. Una de las víctimas fue un colaborador de la fundación que lleva el nombre de la premio Nobel.
En los 10 años de existencia de la Fundación Rigoberta Menchú es la primera vez que asesinan a uno de nuestros colaboradores. Las autoridades han alegado que fue un crimen de delincuencia común, pero esa es su justificación para todo, comentó la líder de la etnia quiché.
Para la activista, la ONU se ha desinteresado de la suerte de Guatemala y no ha apoyado ni realizado el seguimiento adecuado para asegurar el cumplimiento de los acuerdos de pacificación.
Cuando se vio que la palomita de la paz se posó sobre la cabeza de los guatemaltecos, la comunidad internacional y la ONU nos descuidaron, indicó Menchú.
La politóloga guatemalteca Carmen Ortiz, de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales, coincidió con Menchú respecto de que no se han atacado los problemas esenciales que provocaron el estallido del conflicto en 1960.
No se han resuelto grandes problemas estructurales en la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, el tema político más importante que está pendiente es el de la distribución de la tierra, apuntó Ortiz.
A las dificultades sociales y políticas se le suman los problemas estructurales de la economía, que llevaron el año pasado a que el sector informal fuera responsable de un tercio de la actividad, según un estudio del no gubernamental Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
Datos gubernamentales señalan que 67,4 por ciento de la población económicamente activa de Guatemala está desempleada, trabaja en el sector informal, sin aportes ni beneficios sociales, o tiene un autoempleo de subsistencia.
Ortiz se manifestó preocupada por la serie de amenazas contra activistas de los derechos humanos, para lo cual han utilizado incluso hasta el correo electrónico.
Pero, pese a los problemas y desafíos pendientes, la experta considera que los acuerdos de paz no están muertos, ya que se han logrado algunos avances en el área educativa y en el de administración de la justicia.
Tal vez Menchú no está muy bien informada sobre lo que está pasando con los acuerdos de paz, pues hay que recordar que ella no vive en Guatemala, sino en México, criticó Ortiz.
Por su parte, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), organismo encargado de fiscalizar los acuerdos de paz, se muestra cauta ante las palabras de Menchú.
Son declaraciones un tanto fuertes, pues los acuerdos de paz son documentos muy complicados, señaló a IPS la portavoz de Minugua, Seda Pompyanskaya.
La funcionaria reconoció, aunque sin entrar en detalles, que hay ciertos puntos de los acuerdos de paz que se cumplieron, otros que están por cumplirse y otros que no se cumplirán.
Pompyanskaya destacó, al igual que Menchú, que la pobreza afecta a la mayoría de los guatemaltecos y condenó la existencia de grupos armados en zonas rurales. (FIN/IPS/nms/dm/hd ip/02
