El gobierno de Estados Unidos amenaza con retirar a su personal de las misiones de mantenimiento de paz conducidas o autorizadas por la ONU, comenzando por 3.000 efectivos desplegados en Bosnia-Herzegovina.
El gobierno de George W. Bush ejerce enorme presión sobre el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para colocar fuera de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (ICC) a los ciudadanos estadounidenses que tomen parte en tales misiones.
El ICC, creado por el Estatuto de Roma, está facultado para juzgar genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.
El Consejo de Seguridad discute dos resoluciones presentadas por Washington la semana pasada para impedir que el ICC pueda juzgar a alguno de sus efectivos destacados en esas misiones.
Simultáneamente, legisladores de derecha que promovieron la aprobación de leyes que impiden virtualmente cualquier respaldo al tribunal una vez que entre en funciones el año próximo, han advertido que bloquearán toda asignación de fondos a las misiones de la ONU, si Washington no consigue su propósito.
Estados Unidos suministra casi 25 por ciento del presupuesto de las misiones de mantenimiento de paz.
Organizaciones de derechos humanos reclamaron a otros integrantes del Consejo de Seguridad —en particular Francia y Gran Bretaña, que como miembros de la Unión Europea comandaron la creación del tribunal— que rechacen por ilegítimas las propuestas de Washington.
Estados Unidos no logró garantías a toda prueba aislándose del tribunal cuando se negoció el Tratado, y ahora intenta lograr su objetivo de otro modo. Esto pone en riesgo la idea misma de la creación del tratado, advirtió el director ejecutivo de la organización Human Rights Watch (HRW).
La votación de las resoluciones es inminente, y podría producirse en cualquier momento antes de la medianoche del domingo, cuando expira el mandato de las fuerzas de paz en Bosnia- Herzegovina.
El plazo de la misión terminó la semana pasada, pero el Consejo lo prolongó hasta el 1 de julio a raíz de las propuestas de Estados Unidos.
La trayectoria unilateralista de Washington es evidente. El año pasado rechazó el Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático, y luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, acentuó la tendencia, con el abandono del Tratado de Misiles Antibalísticos.
Estados Unidos también se opuso a otras negociaciones internacionales para el control de armamento, así como al despliegue de una fuerza multilateral de seguridad en Afganistán, luego del derrocamiento del régimen de Talibán en diciembre.
En mayo, Washington dio un paso sin precedentes al retirar su firma del Estatuto de Roma. La decisión se tomó tres meses después de que el tratado superara las 60 ratificaciones que le permitieron entrar en vigor a partir del 1 de julio.
Sesenta y nueve países han ratificado el tratado hasta ahora, de los casi 140 que lo firmaron.
Al fundamentar su retiro, Washington sostuvo que el ICC no está sujeto al control del Consejo de Seguridad, en el que cuenta con poder de veto y, por tanto, puede llevar a cabo investigaciones políticamente motivadas contra tropas estadounidenses como las que tomaron parte en la guerra contra Afganistán.
Los defensores del tribunal replicaron que el Consejo de Seguridad tiene facultades para controlarlo, y que las potestades del ICC sólo rigen cuando los sistemas judiciales de los países no tienen capacidad, o voluntad, para juzgar los crímenes.
El Tribunal Internacional, diseñado para juzgar sólo los crímenes internacionales más horrendos, contiene amplias salvaguardas contra procesos frívolos, dijo este jueves un artículo editorial del diario The New York Times.
Más aún, bajo las normas del ICC y de las misiones de paz de la ONU, culquier estadounidense arrestado por un delito debería ser juzgado en su país, agregó el periódico.
Luego de retirar su firma del tratado, Washington procuró excepciones para sus ciudadanos sirviendo en la misión de mantenimiento de paz en Timor Oriental.
Pero el Consejo de Seguridad rechazó la propuesta, alentado por la promesa del Departamento de Estado (cancillería) de que Washington no irá a la guerra contra el tribunal.
Sin embargo, las dos resoluciones presentadas constituyen un nuevo paso en la campaña contra el ICC.
La primera resolución agrega un párrafo a la que renueva el mandato de la ONU para la misión en Bosnia, que prohibiría el traslado de cualquier miembro de la misión al ICC sin el consentimiento del país contribuyente.
La segunda iniciativa es más amplia, pues eliminaría la jurisdicción del ICC a todos los integrantes de misiones de mantenimiento de paz autorizadas u ordenadas por la ONU.
Si el Consejo de Seguridad fuera capaz de reformar las facultades del ICC por la simple adopción de una resolución, crearía un peligroso precedente para futuras modificaciones al Estatuto de Roma y otros tratados, eludiendo las salvaguardas previstas en cada uno, dijo este jueves Amnistía Internacional.
La aprobación de las resoluciones tendría un efecto devastador de gran alcance en el derecho internacional, subrayó William Pace, coordinador de la Coalición por el Tribunal Penal Internacional.
Sin embargo, el gobierno de Bush parece decidido a lograr su propósito, y esta semana sugirió que podría utilizar su poder de veto contra cualquier resolución que prolongue las operaciones en Bosnia a menos que el Consejo de Seguridad acepte sus propuestas.
Más aún, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld advirtió que su gobierno podría volverse menos inclinado —algunos dirían aislacionista, afirmó— a participar en cualquier operación multilateral.
Pero la Unión Europea también se muestra firme.
Vemos al ICC como la piedra fundamental del desarrollo del derecho internacional. Estamos preparados para actuar en forma unánime en defensa del Estatuto donde sea necesario. Si el gobierno (de Bush) insiste, habrá crisis, replicó el embajador de Suecia ante la ONU, Pierre Schori. (FIN(IPS/tra- eng/jl/dcl/ip/hd/02
