El gobierno de Colombia consideró inaceptable este martes la exigencia de los paramilitares de que deje en libertad a sus combatientes encarcelados como condición para negociar con el presidente electo Alvaro Uribe su posible desmovilización.
El ministro del Interior, Armando Estrada, dijo que la propuesta divulgada en Internet por el líder político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, es estrambótica y salida de tono.
Con las AUC, acusada por lo defensores de los derechos humanos de graves crímenes contra la población civil colombiana, sólo se puede dialogar para que se sometan a la justicia, pues es una organización ilegal que no tiene estatuto político, indicó Estrada a la radioemisora local Caracol.
Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Fernando Tapias, explicó que están en vigor leyes que no permiten la libertad de personas procesadas o acusadas de delitos como lo pide esa organización paramilitar.
Tapias añadió que no se puede condicionar a un gobierno que hace unos planteamientos para tratar de restablecer un proceso de negociación con exigencias que son inaceptables desde el punto de vista jurídico.
En lo que va del año han sido capturados por las fuerzas de seguridad cerca de 300 combatientes de los grupos armados ilegales, informó.
Las puntualizaciones del gobierno de Andrés Pastrana fueron en respuesta a las declaraciones del lunes de las AUC respecto de un posible apoyo a un proceso de negociación con los grupos armados luego de que Uribe asuma la presidencia el 7 de agosto.
Los paramilitares dijeron que se abre otra esperanza de paz con el próximo gobierno de Uribe y que respetarán un eventual diálogo de éste con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Uribe dijo el 26 de mayo, al celebrar su triunfo en las elecciones presidenciales de ese día, estar dispuesto a llevar a cabo una negociación con la mediación internacional con los grupos al margen de la ley, si abandonan el terrorismo y facilitan un cese de hostilidades.
El mandatario electo amplió un día después su estrategia de paz, al incluir a los grupos paramilitares en una eventual negociación.
Bajo ese compromiso, las AUC entenderíamos la conveniencia de que el gobierno iniciara una negociación seria con las FARC, manifestó Castaño, quien advirtió, sin embargo, que continuarán combatiendo a la guerrilla mientras eso ocurre.
Los grupos paramilitares se formaron a comienzos de la década del 80 como fuerzas de autodefensa, organizados por hacendados y comerciantes con el apoyo del ejército para protegerse de los ataques de los guerrilleros.
No obstante, sus vínculos con narcotraficantes y sus ataques a sindicalistas y activistas de organizaciones sociales y de derechos humanos llevaron al gobierno a declararlos ilegales en 1987.
Informes de organizaciones no gubernamentales humanitarias responsabilizan a los paramilitares de derecha de 70 por ciento de las casi 300 masacres que ocurren en promedio cada año en Colombia.
Un estudio del estatal Departamento Nacional de Planeación indica que las AUC cuentan con casi 11.000 miembros activos, mientras que sus enemigos izquierdistas de las FARC tienen 17.000 combatientes y el ELN unos 4.500.
Las FARC, el ELN y las AUC fueron incluidas por Estados Unidos en su lista de las 30 organizaciones terroristas más peligrosas del mundo.
Las FARC y el gobierno de Pastrana comenzaron negociaciones de paz en noviembre de 1998, pero después de varias interrupciones fueron suspendido definitivamente por el mandatario el 22 de febrero.
Pastrana consideró que las FARC no habían mostrado una verdadera voluntad de paz en los tres años de negociaciones, para lo cual se había declarado una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrado en el sudeste del país.
También fueron suspendidos la semana pasada por Pastrana los contactos con el ELN, ante la negativa de los rebeldes a firmar un acuerdo para la disminución del conflicto, con el que se daría inicio al proceso concreto de paz.
En cambio, el ELN apuntó que el principal obstáculo para proseguir el diálogo fue la oposición de las AUC para que el gobierno autorizara la desmilitarización de una zona para instalar una asamblea con representantes de la sociedad civil, en la que se definirían los asuntos a tratar entre las partes.
La Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil entregó el lunes a Uribe un documento en el cual pide que se reanuden los contactos con el ELN. (FIN/IPS/yf/dm/ip/02
