La Organización Internacional del Trabajo (OIT) postergó la aplicación de sanciones a Colombia, pese al asesinato y exilio de numerosos sindicalistas y a la presión de las centrales obreras del país para acabar con la impunidad de los responsables de crímenes y amenazas.
El ministro de Trabajo, Angelino Garzón, confirmó este viernes desde Ginebra el aplazamiento de las sanciones a Colombia. Pero el consejo de administración de la OIT me ha llamado la atención, puntualizó el ministro.
Garzón dijo que la organización internacional espera que el país muestre resultados en la lucha contra la impunidad de los criminales y se ajuste con más rigor a los mandatos en vigor. Este año fueron asesinados 86 sindicalistas en Colombia y hay 300 en el exilio.
Domingo Tovar, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), informó a IPS que los sindicalistas pretendían la conformación en la OIT de una comisión de encuesta para seguir las actuaciones del gobierno colombiano.
El pedido a la OIT estaba sustentado en la violación a los derechos fundamentales de los trabajadores, dijo Tovar.
La Central General de Trabajadores Democráticos y la Central de Trabajadores de Colombia participaron también del esfuerzo por lograr la intervención de la comisión de encuesta, pero no obtuvieron resultados.
César Blanco, dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO), que agrupa a los trabajadores petroleros, fue asesinado el lunes 17 en la ciudad de Bucaramanga, capital del centro oriental departamento de Santander. Su sepelio se realizó tres días después en medio de un paro nacional de los trabajadores del petróleo.
La USO atribuyó el asesinato a las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia, que lo habían amenazado de muerte.
Este asesinato es una muestra de la cobarde ola de terror contra los dirigentes de la USO (…) y una demostración fehaciente de la actitud permisiva del Estado, afirmó la orgaización sindical.
Tovar dijo que la sistemática intimidación de los trabajadores se refleja también en una campaña contra obreros de los cultivos de palma.
Hombres armados llegaron el 12 de junio a la casa de un dirigente sindical, Elías Mejía, en Puerto Wilches, también en Santander, y lo ejecutaron de varios disparos.
Los mismos pistoleros fueron hasta la vivienda de otro obrero, Roberto Rodríguez, y al no hallarlo, le dejaron un mensaje amenazándole de muerte si no abandonaba la región de manera inmediata.
Mejía pertenecía al Sindicato de Trabajadores de Empresas de Palmas Oleaginosas y Similares, afiliada a la CUT, y Rodríguez es el secretario general de la misma organización.
Tovar dijo también que, según afirmó la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en la asamblea de la OIT que proseguirá hasta el 23 de este mes, en 2001 fueron asesinados en Colombia 223 dirigentes y activistas sindicales.
La CUT, la mayor central sindical de Colombia, con unos 700.000 afiliados, tiene un registro de 193 víctimas en el año pasado.
Pero la diferencia de cifras entre una y otra fuente no es lo más significativo, comentó Tovar. El terror es tan grande en este país que ya en municipios lejanos – como en Urabá, sobre la región Caribe, en el norte – los asesinatos de trabajadores del banano no se denuncian por temor a represalias, aseguró.
La guerrilla izquierdista también es responsable de atentados y secuestros que han tenido de víctimas a sindicalistas, de acuerdo con la CUT.
Nos estamos acostumbrando a la cultura de la violencia y de la muerte, advirtió Tovar. Uno de los efectos del terrorismo de Estado es el miedo, que determina la merma en las afiliaciones y el debilitamiento de las organizaciones y de la movilización, agregó.
La CUT fue creada en 1986 y desde entonces perdió cerca de 300.000 afiliados. En los 15 años transcurridos fueron asesinados 3.500 sindicalistas. (FIN/IPS/mig/02)
