Más de 20 alcaldes del sur de Colombia están dispuestos a renunciar si el Estado no les brinda garantías para hacer frente a las amenazas de las insurgentes FARC, que los declararon objetivo militar.
La democracia local está en juego, pues unos 50 alcaldes gobiernan hoy a control remoto (no están presentes en su municipio), dijo a IPS el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro.
La amenaza masiva de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se concentra sobre los alcaldes de los meridionales departamentos de Caquetá y Huila.
La presión es contra cualquier persona que reciba pago del erario público, pues incluye hasta la señora que sirve los tintos (el café), dijo Toro.
Los funcionarios de los municipios donde obtuvo mayoría de votos el presidente electo Alvaro Uribe deben renunciar o corren riesgo de ser asesinados, explicó.
Los 16 alcaldes del departamento de Caquetá fueron declarados objetivo militar por las FARC. Uno de ellos, Luis Caro, de la localidad de Solita, fue asesinado el 5 de este mes, mientras que otros 10 debieron abandonar el área y gobiernan sus municipios desde la capital departamental, Florencia.
A Caquetá pertenece San Vicente del Caguán, el municipio más grande de los cinco que fueron desmilitarizados en 1999 por el gobierno para instalar la mesa de diálogo de paz con las FARC. El ejército recuperó el control de esa zona luego del 20 de febrero, cuando el presidente Andrés Pastrana interrumpió las negociaciones.
Las amenazas de las FARC también determinaron el cierre de 16 juzgados y la renuncia de varios concejales. En la práctica, se trata de la pérdida de control de las autoridades constitucionales de un área de casi 90.000 kilómetros cuadrados.
Amenazas similares sufren siete alcaldes del departamento de Huila, quienes ya se preguntan si están dispuestos a pagar el precio de mantener la democracia y la soberanía nacional en todos los rincones del país.
Debemos saber si estamos dispuestos a pagar lo que vale mantener la democracia, la soberanía nacional en todos los rincones del país, observó Toro, el portavoz de los alcaldes. Si aceptamos que (los alcaldes) renuncien, abrimos la puerta a que todos los violentos utilicen esa táctica (las amenazas).
Toro afirmó que ha llegado la hora de acabar con la demagogia. La salida es una política de seguridad del Estado que garantice la vida de los alcaldes y sus familias, dijo.
Agregó que mientras se ha protegido a legisladores y autoridades católicas, luego del asesinato en marzo de dos parlamentarios y del obispo de Cali, Isaías Duarte, la situación de los alcaldes no ha sido atendida por el gobierno central.
El año pasado, las organizaciones armadas mataron a siete alcaldes, y este año, las víctimas ya son ocho.
Los mandatarios locales están entre dos fuegos: si se niegan a entregar recursos del presupuesto municipal a los guerrilleros o piden la presencia de la fuerza pública, a ojos de los insurgentes pueden convertirse en aliados de sus enemigos, los paramilitares de erecha.
Y si no lo hacen, los paramilitares los consideran aliados de los guerrilleros.
Así mismo, adversarios políticos de algunos alcaldes han utilizado de modo irresponsable a los combatientes irregulares para remover a aquellos de su cargo.
En l999, el Consejo de Estado reglamentó los traslados transitorios de los alcaldes y decidió que salvar la propia vida no es abandono del cargo.
Del casi medio centenar de jefes municipales que gobiernan a larga distancia, el caso más resonante es el del alcalde de Olaya Herrera, Pablo Rodríguez, en el departamento de Nariño, sur del país.
Los paramilitares obligaron hace un año a Rodríguez a salir de su municipio. Desde entonces, concurre a la sede de la gobernación departamental, en Pasto, para firmar y dejar constancia de su asistencia.
Felix Uribe, alcalde de Victoria, en el centro oriental departamento de Caldas, atiende hace días en una cafetería de Manizales, la capital departamental. Las FARC lo acusan de complicidad con los paramilitares.
Esta crisis puede aumentar sino se implementa una estrategia de protección, advirtió Toro. No hay país que tenga un alcalde asesinado por mes. Esto es ridículo, dramático, absurdo. Si no hay respuesta pronta no quiero no imaginar la crisis institucional a la que estaremos abocados, agregó.
Los alcaldes de Caquetá y Huila han sido claros al afirmar que las amenazas recibidas se relacionan con el resultado de las elecciones presidenciales del 26 de mayo. Es decir, las FARC estarían cumpliendo su promesa de 'cobrar' los votos por Uribe. Pero algunos analistas aseguran que la razón es otra.
Para el ex consejero gubernamental de paz Carlos Eduardo Jaramillo, se trata de una nueva estrategia política y militar de las FARC. Es una manera de demostrar que mantienen dominio territorial, opinó.
Más de 180 de los 1.089 municipios del país no cuentan con fuerza pública.
Muchos alcaldes exigen, además de presencia de policías y militares para que las guerrillas no aprovechen el vacío, el establecimiento de puentes aéreos entre sus localidades y la capital departamental.
El pedido responde al hecho de que la mayoría de los ataques contra los alcaldes se registran en los desplazamientos de estos funcionarios por tierra, explicó Jaramillo.
También solicitan vehículos blindados, en algunos casos chalecos antibalas y el aumento del número de escoltas. La mayoría de los alcaldes cuenta sólo con uno. Sin embargo, muchos prefieren no aceptarlos, pues se niegan a dejar dos viudas en caso de atentado.
Mientras los amenazados y la Federación que los agrupa piden acciones concretas para demostrar a los violentos que el Estado está rodeando a la expresión democrática mas cercana al pueblo, el ministro del Interior, Armando Estrada, no ve la situación tan grave.
Estrada reconoció la semana pasada, cuando los alcaldes de Caquetá y Huila sufrieron la amenaza generalizada, que la guerrilla pretende crear una zona de distensión e imponer la desaparición del Estado expulsando sus funcionarios.
De todos modos, declaró que las FARC pueden crear dificultades y desestabilizar, pero no más.
Decepcionado por la posición del gobierno, un alcalde de Caquetá afirmó: No nos pueden pedir que nos hagamos matar.
Los amenazados ya anunciaron que harán efectivas sus renuncias si en 20 días no obtienen respuesta del gobierno.
¿Qué va a hacer el Estado para impedir esta nueva modalidad de 'despeje' (desmilitarización) a la brava? (impuesta) ¿Obligar a los alcaldes sin las garantías necesarias a que regresen a las fauces del lobo?, preguntó en su editorial el diario El Tiempo, el único de circulación nacional.
En Caquetá ha tenido lugar una de las más grandes operaciones militares de los últimos tiempos. Si ni siquiera allí el Estado logra impedir que lo desplacen, el resultado a corto plazo será catastrófico, advirtió El Tiempo. (FIN/IPS/mig/mj/ip/02
