Los delitos contra el ambiente no tienen quién los persiga en América Latina, pues sólo Brasil cuenta con una policía ambiental de limitado alcance.
La definición de los delitos ambientales progresó en las últimas décadas en la región, pero la labor represiva es casi inexistente.
Las instituciones brasileñas son eficaces, aunque su capacidad está limitada por la escasez de efectivos, aseguran las organizaciones ambientalistas.
El gubernamental Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) cuenta con 1.500 inspectores, que se suman a las policías ambientales de los gobiernos estaduales.
En muchas localidades de la Amazonia brasileña —un territorio de 4,9 millones de kilómetros cuadrados que alberga la mayor diversidad biológica del mundo—, los inspectores del IBAMA son el único rostro visible del Estado, dijo a Tierramérica Paulo Adario, coordinador de la campaña amazónica de Greenpeace.
Pero hay apenas uno para cada área del tamaño de Suiza, agregó. La tarea es peligrosa, exige especialización, mucho trabajo y resistencia el aislamiento.
Ante la falta de estructura y presupuesto, la autoridad ambiental recurre a operaciones anuales de escarmiento en las que concentra sus fuerzas.
Uno de esos operativos se llevó a cabo en octubre y noviembre de 2001 para detener la extracción ilegal de madera en el septentrional estado de Pará. La operación fue un éxito, pues paralizó el mercado clandestino de caoba, según Adario, amenazado de muerte por los traficantes desde el año pasado.
En la ofensiva participaron 30 inspectores, dos helicópteros, embarcaciones y vehículos terrestres del gobierno, así como 12 activistas y dos aviones de Greenpeace. Se confiscaron 26.000 metros cúbicos de madera de caoba, once camiones y tractores, otros vehículos menores y más de 20 armas.
Dos delincuentes armados fueron detenidos cuando preparaban una emboscada contra los ambientalistas, y varios más huyeron. Un funcionario de justicia y un piloto de avión murieron cuando la nave cayó a tierra.
Lo ideal es contar con 5.000 inspectores, aunque el déficit se cubre con la incorporación de policías estaduales, sostuvo Carla Casara, coordinadora de Apoyo Institucional del IBAMA.
Eventualmente el organismo recurre a las Fuerzas Armadas, organizaciones no gubernamentales y voluntarios, que se reclutan en comunidades indígenas y aldeas de pescadores, para componer un gran ejército de protección ambiental, añadió Casara.
Las policías ambientales se conforman a partir de compañías y batallones de la policía militar estadual. La nueva denominación surgió al ampliarse las facultades de los guardias forestales, creados hace más de cinco décadas en Brasil.
Con 2.105 efectivos, el meridional estado de Sao Paulo tiene una fuerza excepcionalmente numerosa, mientras Río Grande del Sur cuenta apenas con un batallón de 286 policías, dividido en compañías instaladas en siete municipios.
Pero incluso en Sao Paulo el personal es insuficiente para proteger bosques y manantiales, combatir la disposición ilegal de residuos industriales y la contaminación sonora, y efectuar educación ambiental, se lamentó la teniente Francislene de Camargo Souza.
La transformación o creación de estas fuerzas fue habilitada por la Ley de Delitos Ambientales de 1998.
La ley fortaleció a policías e inspectores, superó deficiencias jurídicas, precisó los delitos y endureció las penas, estimó el diputado del central estado de Mato Grosso, Gilney Viana, ex presidente de la comisión ambiental de la Cámara de Diputados.
El pequeño Batallón Ambiental de Mato Grosso se hizo más activo en la represión, pero la problemática ambiental es más compleja, observó el diputado.
Mato Grosso es una frontera agrícola donde avanza la siembra de soja y algodón y desde hace una década es campeón de la tala y los incendios forestales, y padece una intensa contaminación de agroquímicos.
La policía es impotente ante ese proceso, que exige cambios económicos y políticas fiscales que desalienten las actividades destructivas, opinó.
No hay conservación sin represión, sentenció el activista José Truda Palazzo, quien alabó la actuación de las policías ambientales en el sur del país.
Aunque son pocos y mal armados, su formación terciaria les permite rehabilitar animales, llevar a cabo educación ambiental y conquistar el respeto de la población, sostuvo.
En el resto de la región no existen policías verdes, dijo a Tierramérica Isabel Martínez, consultora de la Oficina Regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Para reprimir delitos ambientales, los gobiernos movilizan al ejército o a la policía, que no están preparados para la nueva función, dijo la experta en derecho ambiental.
En América Central existe un proyecto para capacitar a policías y militares en el combate al contrabando de especies y la región cuenta con una red de fiscales ambientales adjuntos a las procuradurías locales.
El gobierno de Venezuela creó en 1992 la Guardería Ambiental militar para vigilar áreas protegidas.
Los 3.000 funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México inspeccionan zonas amenazadas, investigan delitos y evalúan impactos ambientales, pero no son policías, no usan armas ni tienen facultades coercitivas directas.
La Procuraduría cuenta con un magro presupuesto anual de 13 millones de dólares. Para combatir el contrabando de madera, dispone apenas de 321 inspectores con un salario de 364 dólares.
* Publicado originalmente el 15 de junio en la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. Colaboró para este artículo Diego Cevallos/México. (FIN/Tierramérica/mo/dc/dcl/en/02
