La Organización de las Naciones Unidas (ONU) elogió un acuerdo de 10 países del sudeste de Asia para prevenir incendios forestales, que desde 1997 han causado en la región daños por más de 9.000 millones de dólares.
La mayor parte de esos desastres son provocados para despejar con rapidez áreas que grandes firmas se proponen explotar.
Birmania, Brunei, Camboya, Indonesia, Filipinas, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, integrantes de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN), acordaron el lunes medidas que incluyen un sistema de vigilancia y alerta temprana para evitar los incendios y la contaminación que éstos causan.
La mayoría de los países firmantes contaban con mecanismos de prevención y contención de incendios forestales, pero en algunos casos la escala de los siniestros superó la capacidad de acción unilateral.
Celebro la firme decisión de los gobiernos de rescindir los contratos de firmas en cuyas propiedades se detectan incendios ilegales, o llevar a juicio a esas compañías, dijo el lunes el director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Klaus Toepfer.
El nuevo marco legal brinda mejores recursos para la prevención, opinó.
El sudeste de Asia comenzó a ser afectado por graves incendios en 1997 y 1998, en especial en plantaciones de palma de aceite y propiedades de grandes compañías agrícolas y forestales, en las occidentales islas indonesias de Sumatra y Kalimantan.
Vientos calientes y secos causados por el fenómeno climático El Niño avivaron los fuegos y llevaron grandes nubes de humo a países vecinos.
El PNUMA calculó que la destrucción por el fuego de unos 10 millones de hectáreas de bosques indonesios, una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo, implicó pérdidas de unos 9.300 millones de dólares.
Además, unos 20 millones de personas quedaron expuestas a concentraciones muy altas en la atmósfera de sustancias con efecto tóxico de largo plazo.
Los incendios obligaron a Malasia y Singapur a cerrar sus aeropuertos, cubiertos por el espeso humo.
La ONU brindó asesoramiento para la redacción preliminar del acuerdo, y ha colaborado con los países de la ASEAN para mejorar su capacidad de combate contra incendios, mediante sistemas satelitales de detección y alerta tempranas.
El Instituto Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, instó el año pasado a imponer penas mayores en los casos de incendio provocado para limpiar terrenos destinados a nuevas plantaciones.
Los incendios de 1997 y 1998 fueron un desastre humano y ecológico sin precedentes, iniciado en forma deliberada por compañías ansiosas por limpiar el terreno del modo más rápido y barato posible, señaló.
Lo principal para resolver el problema no es aumentar la capacidad técnica de predicción, prevención y mitigación, sino reestructurar las relaciones entre el Estado, el sector privado y los millones de habitantes de las selvas que dependen de ellas para sobrevivir, sostuvo.
El ex dictador Alí Suharto (1966-1998) fue en gran medida responsable de la actual situación, porque dio vía libre en las selvas a intereses privados y permitió tala ilegal perpetrada por sus aliados políticos, aseguró.
La comunidad internacional percibe la gravedad de los incendios forestales, pero aún no estableció acuerdos internacionales obligatorios para prevenirlos, apuntó el año pasado el presidente del Secretariado del Foro de Bosques de la ONU, Jagmohan Maini.
Varios países asiáticos han adoptado medidas contra desastres naturales en sus bosques, pero faltan mecanismos financieros y fiscales apropiados para la protección forestal en el mundo en desarrollo, según los autores de un informe publicado en enero por la ONU.
En Filipinas están vigentes prohibiciones de tala y moratorias de la cosecha en 70 por ciento de las plantaciones. En Vietnam, entre 1990 y 1998 se redujo 40 por ciento la extracción de madera de bosques naturales.
En Tailandia, la política ambiental incluye preservación de selvas naturales y reservas, así como un aumento de plantaciones forestales, realizada mediante la asociación del Estado con inversores privados que aportan 60 por ciento de los recursos. (FIN/IPS/tra-eng/td/lp/en ip/02
