Una huelga de médicos adscritos a 30 hospitales públicos y a 1.000 centros ambulatorios revive en Venezuela la conflictividad laboral, que había cedido tras el fracasado golpe de Estado de abril.
La paralización de este sector de la salud presiona con fuerza a las autoridades por su directa incidencia en la población, pero no es el único frente de atención del gobierno de Hugo Chávez, ya que debe responder también a reclamos en las universidades por el atraso en el pago de sueldos.
La protesta, que el lunes se realizó en varios centros, se incrementó este martes luego de que el presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, señalara que el gobierno no había flexibilizado su posición.
La FMV reclama un aumento de 40 por ciento en los salarios, que rondan entre 500 y 800 dólares mensuales.
Los sindicalistas entienden que esos sueldos son extremadamente bajos y explican que sólo piden una recuperación del valor perdido de sus ingresos por efectos de la inflación pasada, sin contar la proyección de ese indicador de 30 por ciento para este año.
La ministra de Salud, María Lourdes Urbaneja, señaló que la huelga era inoportuno porque todavía se negociaba entre las partes. Sin embargo, las autoridades ya habían indicado que sólo tienen la posibilidad de aumentar los sueldos médicos hasta ocho por ciento.
Los médicos habían hecho una tregua de un mes en la huelga nacional, resuelta originalmente el 18 de marzo, luego de que Chávez fuera despojado del gobierno entre el 12 y el 14 de abril por un movimiento golpista cívico-militar.
El efímero gobierno de facto del empresario Pedro Carmona, con apoyo del alto mando militar, cayó tras ser desconocido por un grupo de oficiales con mando de tropa y de manifestaciones en favor de Chávez en Caracas y otras ciudades.
Mientras, la Federación de Profesores Universitarios informó este martes que la deuda del Estado por salarios alcanza este año a 870 millones de dólares y que algunos centros educativos estudian ir a la huelga en protesta por la falta crónica de recursos.
También la Federación de Empleados Públicos, que sus 750.000 afiliados la transforman en el mayor sindicato del país, demanda mejoras salariales, aparte del aumento que entró en vigor el 1 de este mes para los funcionarios con sueldo mínimo.
El incremento dispuesto por el gobierno para esa menor franja salarial fue de 20 por ciento, que de esa forma llegó a unos 190 dólares mensuales.
Sin embargo, el nuevo ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, admitió el lunes las dificultades fiscales del gobierno, al indicar que se hace todo lo posible para pagar el aumento salarial este mes.
El ministro ha insistido que se cumplirá con los compromisos asumidos, pese a que afronta abultadas deudas laborales y demandas de aumentos salariales que, según analistas, le dejan poco margen de maniobra.
Chávez anunció en febrero un drástico recorte de 22 por ciento del gasto público, pero la crisis institucional de abril hace pensar a los expertos que esa medida ya es insuficiente y que el déficit fiscal podría llegar a siete u ocho por ciento del producto interno bruto (PIB).
Nóbrega ha dejado entrever que se estudian planes de privatizaciones para paliar el desequilibrio de las cuentas públicas, aunque el asunto choca con el discurso nacionalista de Chávez.
La caída de los precios del petróleo, motor de la economía del país, en comparación con los altos valores de un año atrás, han reducido sustancialmente el ingreso de divisas.
A ello se añade la severa crisis política de los últimos meses, lo cual ha instalado un clima desfavorable a las inversiones y afecta el desempeño de la economía.
El mensaje al sector económico de Chávez, en el marco del plan de reconciliación, fue el llamado a integrar el gabinete de figuras como Nóbrega, un académico con propuestas neoliberales aunque de tinte nacional, pese a no formar parte de su círculo de simpatizantes.
Otra muestra del nuevo enfoque gubernamental ha sido la decisión de abrir una mesa de diálogo con los médicos en conflicto, a diferencia del pasado cuando el gobierno optaba la mayoría de las veces por descalificarlas.
El vicepresidente José Vicente Rangel y las ministras María Cristina Iglesias, de Trabajo, y Urbaneja, de Salud, se reunirán este jueves con la dirección de la Federación Médica Venezolana para buscar una salida al conflicto.
Por su parte, Nóbrega se entrevistó con el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, un líder sindical que el gobierno se había negado a reconocer como interlocutor válido hasta ahora.
Esta cita parece ser crucial para evitar que la conflictividad laboral se expanda, en especial en la administración pública, donde en áreas como la cultura se han pagado los salarios en forma regular este año y tiene deudas aún de 2001.
Así, en la agenda laboral figuran este año la negociación pendiente de varios centenares de contratos colectivos, que obligarán al gobierno y a la CTV a sentarse a dialogar. (FIN/IPS/ac/dm/lb ip/02
