El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, renovó su gabinete económico en busca de oxígeno ante la severa crisis fiscal que acompaña el asedio político organizado por la oposición.
Así mismo, Chávez remozó los ministerios de seguridad, en los que ubicó a figuras que le son leales, mientras confía a una variopinta comisión de diálogo la apertura política y social con los sectores opositores.
Tobías Nóbrega, un economista de 42 años que asesora a entidades públicas y privadas, crítico de algunos aspectos del gobierno de Chávez y afín al diálogo, fue designado ministro de Finanzas, en reemplazo de un militar que renunció durante el fallido golpe de Estado de abril, el general Francisco Usón.
Felipe Pérez, otro economista, de 47 años, doctorado en la Universidad de Chicago, fue designado ministro de Planificación, en reemplazo del profesor Jorge Giordani, guía de Chávez en materia económica.
La buena noticia es quiénes salen del gabinete, observó el jefe de la encuestadora Datanálisis, Luis León. Los programas de Giordani, quien pocas veces debatió el rumbo económico del país, recibieron críticas de sectores empresariales, sindicales y políticos.
Chávez designó ministro de Defensa al general Lucas Rincón, cuya lealtad al presidente y a la Constitución ha sido puesta en duda en las últimas semanas. Sin embargo, Chávez ha subrayado su confianza en este general.
Rincón fue quien divulgó al público en la noche del 11 al 12 de abril la versión falsa de que Chávez, entonces detenido, había renunciado, lo que sirvió a un grupo de generales y almirantes y al empresario Pedro Carmona a hacerse cargo del gobierno con el argumento de que el vacío de poder debía ser ocupado.
El militar reemplazará a José Vicente Rangel, ex candidato presidencial de izquierda, y quien ha sido también el primer civil ministro de Defensa en 60 años. Antes fue canciller de Chávez y ahora ha sido designado vicepresidente, para que actúe como interlocutor ante la oposición.
Según la Constitución aprobada en 1999, el vicepresidente es designado por el presidente, si bien debe ser avalado por el parlamento.
Como ministro de Interior y Justicia, Chávez designó al hasta ahora vicepresidente, el joven Diosdado Cabello, quien como teniente fue uno de los oficiales que acompañó al actual mandatario cuando éste —entonces teniente coronel— encabezó un alzamiento militar que causó 17 muertes, en 1992.
Cabello es uno de los blancos de la oposición, pues lo consideraban responsable de organizar los círculos bolivarianos, comités populares de civiles que acuden en defensa del gobierno al primer llamado, lo que, según los críticos, le descalifica como pieza para el diálogo.
Un cambio que Chávez hizo en los días siguientes a su regreso al poder —el 14 de abril— fue designar a Alí Rodríguez, hasta ahora secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como nuevo presidente del grupo estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El ministro Nóbrega abogó apenas fue designado por trabajar en equipo y con sentido de diálogo, en tanto Pérez destacó la necesidad de combinar la atención urgente a la cuestión fiscal con medidas de largo aliento que estimulen tanto el mercado como la solidaridad.
El jefe de los asesores económicos del parlamento, Francisco Rodríguez, destacó que Venezuela afronta un déficit fiscal cercano a siete por ciento del producto interno bruto, y que colocarlo dentro de márgenes manejables requiere buscar con urgencia alrededor de 4.000 millones de dólares.
Creo que el gobierno debería hablar con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. A veces, el aval del FMI es más importante que los recursos que facilita, dijo Rodríguez.
Según el experto, los nuevos ministros se van a encontrar no sólo con un severo déficit fiscal, sino incluso de tesorería, por lo que es necesario un ajuste fiscal, ya, de inmediato; estoy hablando de semanas.
El ajuste debe tanto buscar nuevos ingresos como reorganizar el gasto, según Rodríguez, admitiendo que esto representa entrar en mayores conflictos con los sindicatos del sector público. La huelga general iniciada el 9 de abril abonó el pronunciamiento militar contra Chávez, dos días después.
Los empresarios han dividido sus opiniones sobre los cambios en el gabinete económico. Carlos Fernández, quien reemplazó a Carmona — presidente durante 28 horas, los días 12 y 13 de abril— al frente de Fedecámaras, la principal organización empresarial, mantuvo una fuerte crítica.
Los capitalistas son cobardes, por lo que prefieren invertir en países que garanticen mayor tranquilidad política y economica, además de paz social. El enroque que llevó a cabo el presidente en su gabinete no mejorará el ambiente político que perturba la economía, dijo Fernández.
Albis Muñoz,
La vicepresidenta de Fedecámaras y representante de los comerciantes, Albis Muñoz, dijo que la designación de Pérez y de Nóbrega auspicia diálogo en el gabinete, pero no es suficiente. Se precisan cambios en Trabajo y en Producción y Comercio, en los que el enfrentamiento es permanente.
Esas dos carteras son ocupadas por la socióloga María Cristina Iglesias y la economista Adina Bastidas, ambas de tendencia izquierdista y críticas de las estructuras sindicales y empresariales tradicionales.
El presidente de la cámara de empresarios de alimentos, Eduardo Bianco, apoyó la designación de Nóbrega y Pérez, profesores universitarios que conocen muy bien la economía. Esperamos sentarnos a una mesa de diálogo con ellos para hacerles propuestas concretas, dijo.
El empresario exportador Francisco Mendoza destacó que se trata de profesionales capacitados para sus respectivos cargos, y hay que esperar para conocer cuáles son las políticas que van a instrumentar.
Mientras, el país sigue pendiente de los próximos pasos del gobierno en el terreno político. Una Comisión de Diálogo ha logrado sentar a prelados, algunos gobernadores y alcaldes, periodistas y representantes de entidades populares, pero no a los principales adversarios de Chávez.
Estos son la Confederación de Trabajadores de Venezuela (central sindical mayoritaria), Fedecámaras, los bloques de medios de comunicación más poderosos, la Iglesia Católica, los partidos políticos tradicionales y organizaciones no gubernamentales que hacen oposición militante.
Los partidos opositores, con respaldo abierto de la central obrera, activistas y algunos medios de comunicación, y más discreto de las cámaras empresariales y varios obispos, mueven sus piezas para inducir una renuncia de Chávez o una revocatoria de su mandato.
Un escenario de esa lucha es el parlamento, donde la correlación de fuerzas favorable al oficialismo surgida en las elecciones de 2000 se ha revertido por las deserciones y puede producir resultados adversos al gobierno.
El parlamento es, al mismo tiempo, escenario de una interpelación a protagonistas del golpe de Estado y del contragolpe de abril, en una suerte de foro político, de catarsis nacional y búsqueda de evidencias sobre la responsabilidad por las 85 muertes en cuatro trágicos días.
Una Comisión de la Verdad independiente, que debe investigar esos hechos, no ha podido integrarse entre otras razones por el rechazo a comprometerse en ella de prestigiosas organizaciones no gubernamentales humanitarias.
En el ámbito internacional, Caracas y Washington mantienen un incesante ping-pong acerca de responsabilidades y culpas de cada parte en el deterioro de la situación política venezolana y en el golpe de abril. Estados Unidos auspicia que la OEA se ocupe de conducir el diálogo en Venezuela. (FIN/IPS/jz/mj/ip if/02
