La Primera Cumbre Sindical de la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe plantearon a gobernantes de esas regiones, reunidos en la capital española, reivindicaciones laborales, sociales y políticas.
Medio centenar de sindicalistas se dieron cita el viernes y este sábado en Madrid, en forma paralela a la reunión de otros tantos mandatarios participantes en la II Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.
Acudieron a la Cumbre Sindical integrantes de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la Confederación Mundial de Trabajadores, la Confederación Europea de Sindicatos, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores y la Central Latinoamericana de Trabajadores.
Los activistas dirigieron a los gobernantes una carta en la cual pidieron que garanticen la consolidación de los procesos democráticos en sus los países, la erradicación de la corrupción y el fin de la violencia política y la impunidad.
En ese sentido, apoyaron el proyecto de creación de una Asociación Política y de Seguridad Euro-Latinoamericana, la firma de una Carta Latinoamericana para la Paz, y la constitución de una Asamblea Transatlántica parlamentaria.
También solicitaron que sean ratificados y cumplidos los convenios internacionales fundamentales en materia laboral, y en especial la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, de 1998.
Los sindicalistas demandaron vigilar el cumplimiento de esos convenios por parte de compañías transnacionales, y promover políticas de género, con decidido apoyo a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, mediante líneas específicas de cooperación.
La cuestión migratoria especial atención de de los sindicalistas, mientras los gobernantes discutían la eventual imposición de más trabas al ingreso de inmigrantes a la UE, sin adoptar una resolución sobre ese asunto.
Las organizaciones sindicales pidieron reconocer el aporte económico y cultural de los inmigrantes, y aplicar políticas que respeten su dignidad y derechos, así como su inclusión social.
A esos efectos, consideraron fundamental que en todos los países se creen instituciones de consulta obligatoria y con capacidad de iniciativa, del tipo de los consejos económicos y sociales, para fomentar el diálogo social y la participación de representantes de trabajadores, empresarios y otros grupos sociales.
También analizaron el problema de la deuda externa y demandaron medidas para resolverlo, sobre la base de analizar la legitimidad en cada caso, para decidir en qué medida se debería pagar.
Al mismo tiempo, los gobiernos de países industrializados deben cumplir el compromiso de destinar 0,7 por ciento de su ingreso nacional bruto (INB) a la cooperación para el desarrollo, definido por la Organización de las Naciones Unidas.
El INB es el producto interno bruto ajustado en función de variaciones de los términos de intercambio, o sea de la capacidad de importar con los recursos obtenidos mediante exportaciones.
La cooperación para el desarrollo no debe excluir la búsqueda de formas más justas de redistribución de ingresos a nivel nacional e internacional, como fondos de compensación social o impuestos a la transferencia de capital, con las metas de reducir la pobreza y lograr desarrollo sustentable y justicia social, según los activistas.
Es preciso garantizar transparencia y participación sindical en la discusión internacional de asuntos económicas, laborales y sociales, que debe apuntar a reducir asimetrías en un marco de pleno respeto de los derechos humanos, y en especial de los derechos y libertades de los trabajadores y sus organizaciones, añadieron. (FIN/IPS/td/mp/if ip lb/02
