Más de 180 naciones representadas en la Asamblea General de la ONU acordaron un amplio plan para asegurar la salud, la educación y la protección de la infancia, tras tensas negociaciones con la delegación de Estados Unidos.
La legalización del aborto y la polémica por la pena de muerte absorbieron las últimas horas de la Sesión Especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Favor de la Infancia, que concluyó poco antes de la madrugada del viernes con la adopción de 21 objetivos incluidos en el documento Un mundo propiado para los niños.
El documento se centra en cuatro áreas, la promoción de vidas saludables, el acceso y obtención de una educación de calidad, la protección de los niños contra el abuso, la violencia y la explotación, y el combate al sida, explicó Carol Bellamy, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Pero al igual que en otras conferencias del foro mundial, las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva se convirtieron en centro de la polémica.
Estados Unidos procuró que el documento final estableciera la exclusión expresa del aborto en los servicios de salud reproductiva, previstos en cinco declaraciones de cumbres anteriores de la ONU. Su postura fue respaldada por el Vaticano y por Iraq, Siria y Sudán.
Finalmente se logró acuerdo al eliminar la palabra servicios del documento.
La cumbre se inició (el miércoles) con el temor de que Estados Unidos introdujera un lenguaje muy retrógado, afirmó la presidenta de la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, Adrienne Germain.
Pero en definitiva, los delegados de Washington no lograron prohibir que las adolescentes tuvieran acceso a abortos legales y a información completa y precisa sobre anticoncepción y abuso sexual, sostuvo Germain.
Aunque la solución satisfizo a los delegados gubernamentales, no todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) se conformaron con el texto.
El acuerdo es frágil y no asegura los derechos de las adolescentes a educación, información y servicios amplios sobre salud sexual y reproductiva, sostuvo el Foro sobre Derechos de la Infancia, una coalición de más de 100 organizaciones de todo el mundo.
No fue el único aspecto que aisló a Estados Unidos, uno de los dos países que no ratificaron la Convención sobre los Derechos de los Niños, adoptada en 1989 por la ONU y ratificada por 191 estados. Somalia, el otro país que no ratificó el tratado, lo firmó esta semana.
Washington se opuso con éxito a que el documento estableciera que las políticas de los estados respecto de la infancia se evalúen según los compromisos de la convención.
Los delegados estadounidenses también lograron que su país fuera excluido de una provisión que exceptúa la pena de muerte y la prisión perpetua a convictos menores de 18 años.
Las naciones árabes no lograron respaldo suficiente para incluir en el documento final una referencia especial a la situación de niñas y niños palestinos, afectados por las operaciones militares de Israel en los territorios autónomos.
Muchos de los objetivos adoptados el viernes no hacen más que reiterar compromisos anteriores.
En efecto, la reducción de la mortalidad materna e infantil, de la desnutrición infantil y del bajo peso al nacer, el acceso a agua potable y saneamiento, la universalización de la educación primaria y el fin de la discriminación de género son viejas metas del foro mundial.
Los gobiernos también se comprometieron a proteger a niños y niñas de todas las formas de abuso, negligencia, explotación y violencia, de los conflictos armados, la pederastia, el trabajo infantil y el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
El borrador del documento no incluía referencias a los costos de los servicios educativos y de salud.
Las organizaciones no gubernamentales rechazaron la inclusión del pago de servicios adoptada por los gobiernos a sugerencia de organismos financieros multilaterales, como mecanismos para sostener los costos.
Esos pagos no sólo son una barrera para los hogares más pobres, sino que entrañan otros problemas. Pueden ampliar la brecha de género al forzar a las familias e elegir entre hijos e hijas para que reciban educacióm o atención de salud, sostiene un documento firmado por la Coalición por los Derechos a la Educación y la Salud.
El fracaso en la provisión de educación primaria y atención de salud en muchos países pobres significa que las oportunidades económicas asociadas a la buena salud y el alfabetismo seguirán confinadas a unos pocos privilegiados, afirma el informe.
De acuerdo a la coalición, los gobiernos de los países en desarrollo deben comprometerse con la educación básica y la atención de salud universales y gratuitas e incrementar el presupuesto correspondiente a un mínimo de tres por ciento del producto interno bruto.
Las naciones donantes deben aumentar el monto y la previsión del gasto en asistencia, y dejar de exigir que gran parte de esos fondos se destinen a comprar sus productos y servicios, reclamó la coalición.
El documento no gubernamental insta a los acreedores internacionales a profundizar el alivio de las deudas de los países más pobres.
Finalmente, el Banco Mundial debe aplicar su nuevo pero aún retórico rechazo al cobro de servicios sociales esenciales, reclamaron las ONG. (FIN/IPS/tra-eng/os/aa/dcl/hd/pr/dv/02
