El gobierno autónomo de Melilla, una ciudad española enclavada en el norte de Africa, dispuso este lunes negar la acogida a los inmigrantes irregulares menores de edad que lleguen a ella sin la compañía de un adulto.
El Consejo de Gobierno de Melilla aprobó por unanimidad la decisión, tomada después de hacerse público un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en el que se acusa a España y a Marruecos de maltratar a niñas y niños inmigrantes en esa ciudad y en Ceuta, otro enclave español en el norte de Africa.
En el informe HWR se asegura que el gobierno español expulsa a los niños que llegan a Ceuta y Melilla desde Marruecos y los devuelve entregándolos a la policía de ese país, que los golpea y maltrata. Además, señala que los gendarmes marroquíes abandonan a los menores en las calles hasta altas horas de la noche.
HWR también aseguró que el personal de los centros de acogida golpea con frecuencia a los niños y, según los investigadores de HRW lo constataron en Ceuta, hay una celda de castigo en la que se los encierra durante una semana.
Clarisa Bencomo, una de las investigadoras que realizó el informe, dijo que es tan grave la situación en los centros de acogida de Ceuta y Melilla que los niños se sienten más seguros en la calle.
Nadie se ocupa de estos niños. Los funcionarios violan sus derechos humanos para forzarlos a regresar a Marruecos y los marroquíes los castigan por haberse ido, afirmó Bencomo.
Enrique Fernández-Miranda, delegado del gobierno de España para la Extranjería y la Inmigración, aseguró que es rotundamente falso que se expulse a los menores sin la debida garantía y que se deje en la calle a niños de ocho años.
En declaraciones al diario madrileño El Mundo, Fernández- Miranda señaló que la primera obligación del Estado es tutelar a los menores que se escapan de sus casas hasta identificarlos o hasta que son aceptados por Marruecos.
Sólo entonces se devuelven (a Marruecos), siempre con conocimiento judicial español, del fiscal de menores, de las autoridades marroquíes y con identificación de su propia familia en un porcentaje alto, aseguró.
Pero el que asume la tutela de esos niños es Marruecos, especificó el funcionario, miembro del gobernante y centrista Partido Popular.
Por otro lado, David de Miguel, dirigente de la organización no gubernamental Save the Children, dijo a IPS que ante esa inmigración irregular lo más importante es atender el interés superior del menor.
Los menores provenientes de Marruecos no llegan a España en búsqueda de asilo ni de refugio, huyendo de una guerra, sino que sus padres los envían por razones económicas, por la pobreza, observó.
Según De Miguel, la cantidad de inmigrantes menores de 18 años en situación irregular y sin familiares que los acompañen es inferior a 2.000 en toda España y 90 por ciento son magrebíes, es decir de la costa norte de Africa. De ellos, la mayoría son marroquíes, aunque también llegan algunos argelinos y tunecinos.
Juan José Imbroda, presidente del gobierno de Melilla, explicó que la negativa a acoger a los niños en situación irregular y sin familia que lleguen a la ciudad se debe a que los centros de acogida de la ciudad están desbordados y colapsados, tanto en su capacidad humana como material.
La consejera (ministra) de Bienestar Social de Melilla, Isabel Quesada, también del Partido Popular, coincidió en que los centros de acogida están desbordados y admitió que hay menores durmiendo en colchones puestos en el suelo y sin suficientes cuidadores para atenderlos.
Fuentes oficiales señalaron a IPS que el número de entradas irregulares de menores en Ceuta y Melilla se incrementó 78 por ciento en el primer cuatrimestre de 2002 en relación con el mismo período del año anterior.
Imbroda atribuyó el origen de la situación, que calificó de grave, a la posición de Marruecos, país que debería tratar a sus menores y no exportar el problema a Melilla.
La manera de hacerlo, añadió, es atenderlos, y además controlar la frontera para que sus jóvenes no se les escapen de mala manera, agregó.
El gobierno autónomo de Melilla calificó de falso y tergiversador el informe de HRW, por lo que encomendó a su servicio jurídico que estudie la posibilidad de presentar una denuncia ante la justicia contra sus autores.
Imbroda informó de que la acusación se basaría en afirmaciones del informe, según el cual Melilla vive del contrabando de drogas y de los beneficios que reporta la inmigración ilegal, y en pasajes en que se acusa a la administración de no alimentar bien a los niños y de dar carne de cerdo a los acogidos musulmanes, en contra de sus creencias religiosas.
Por su lado, el consejero de Bienestar Social de Ceuta, Mohamed Chaib, manifestó a la prensa que la información de HRW es incierta y que el trato que se da a los menores es correcto.
Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles cuya soberanía reclama Marruecos. Ambas ciudades tienen sus fronteras electrificadas y controladas por cámaras de televisión y rayos infrarrojos, pero la presión inmigratoria logra burlar los controles.
Se ha dado el caso de niños arrojados por sus propios padres por encima de las vallas electrificadas, esperando que sean acogidos en suelo español. También se han descubierto túneles por debajo de la línea fronteriza. (FIN/IPS/td/ff/pr hd/02
