El Congreso de Estados Unidos debe supervisar el creciente número de programas de entrenamiento de fuerzas extranjeras que desarrolla el gobierno, para evitar futuras violaciones de los derechos humanos, sostuvo la organización Política Exterior en Foco (FPIF).
FPIF advirtió en el informe Capacitación militar estadounidense: Alcance global, poder global, que la falta de vigilancia del Congreso de los programas de instrucción militar tendría como resultado el tipo de abusos que avergonzaron a Estados Unidos durante la guerra fría, cuando entrenó a algunas de las fuerzas de seguridad más brutales del mundo.
Al menos 51 de los 130 países en que el gobierno de George W. Bush impartirá el programa de Educación y Capacitación Militar Internacional (IMET) han sido clasificados por el Departamento de Estado (cancillería) con un nivel pobre o muy pobre en materia de derechos humanos.
Otros programas de entrenamiento, en especial de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Pentágono (ministerio de Defensa) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), tendrán poco o ningún control de los legisladores, se señaló en el informe, divulgado el martes.
Durante la guerra contra el comunismo armamos a los mujaidines afganos, que se convirtieron en la red Al Qaeda (La Base). Y en la guerra contra el terrorismo nos arriesgamos a crear más terrorismo, armando a déspotas y dictadores, como hicimos durante la guerra fría, indicó Lora Lumpe, de FPIF.
Las Fuerzas Especiales realizaron misiones de instrucción en más de 130 países en 1999, particularmente en guerra contrainsurgente. Se trata del último año del que se tiene información completa.
Este año, posiblemente sean 150 los países que reciben entrenamiento de las Fuerzas Especiales. Entre ellos se cuentan Filipinas, Georgia y Yemen, que hasta el momento no estaban incluidos en los programas de instrucción militar.
El presupuesto general de las Fuerzas Especiales pasó de 2.400 a 3.400 millones de dólares entre 1991 y 1997, y Bush, estimulado por la actuación de ese contingente en la campaña en Afganistán, pidió al Congreso la aprobación de 4.900 millones de dólares para las operaciones de 2003.
Las Fuerzas Especiales lograron mejorar su imagen en Afganistán. Pero su papel no se reduce a la remoción de minas explosivas y a las operaciones humanitarias. También enseñan tácticas de guerra no convencionales, incluyendo el asesinato y la intimidación, dijo Lumpe.
Los programas de entrenamiento incluyen la participación de equipos móviles reducidos y ejercicios militares conjuntos.
También hay programas de inteligencia dirigidos por la CIA, acordados con una cantidad no revelada de gobiernos y de fuerzas insurgentes, y cursos para fuerzas de seguridad extranjeras del FBI (Buró Federal de Investigaciones), del Servicio de Aduanas y de la DEA (agencia antidrogas).
Así mismo, empresas privadas que contratan por lo general a militares retirados estadounidenses y actúan con la aprobación y el estímulo de la Casa Blanca, participaron en los últimos años en la capacitación de fuerzas de seguridad extranjeras, en especial de países en los cuales el Congreso prohibe la presencia de instructores del gobierno.
Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, la capacitación militar se convirtió en un componente clave de la guerra de Bush contra el terrorismo.
En marzo, el gobierno identificó 19 países de Asia, Africa, Medio Oriente, Asia central y América Latina como amigos y aliados en la luchas contra el terrorismo.
De esos 19 países, 14 fueron han sido citados por el Departamento de Estado por serias violaciones de los derechos humanos, incluyendo a Uzbekistán, Tajikistán, Georgia, Azerbaiján, Yemen y Colombia.
La lista no incluyó a Indonesia, un país prioritario en materia estratégica para Washington, pese a que el Congreso ha prohibido las relaciones militares con el gobierno indonesio a causa de violaciones de los derechos humanos en Timor Oriental.
Históricamente, el Congreso ha sido el principal contralor de la ayuda y de la participación de militares estadounidenses en el entrenamiento de fuerzas extranjeras.
Por medio de leyes aprobadas a mediados de los años 70, el Congreso ilegalizó la ayuda a gobiernos acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Pero estas disposiciones fueron generalmente ignoradas en la década de los 80 por el gobierno del Ronald Reagan (1981-1989).
En los años 90, el Congreso insistió en que los programas de capacitación militar como IMET, o el IMET Extendido (E-IMET), abierto a personal civil, incluyera capacitación sobre derechos humanos y el control civil de las fuerzas militares.
Pero esos esfuerzos, a excepción de dos escuelas militares en un total de 150, tendieron a quedar limitados, sostuvo el FPIF en su informe. El grueso del entrenamiento ofrecido por Estados Unidos al personal extranjero aún se relaciona primariamente a habilidades de combate, señaló la organización.
En 1996, el Congreso aprobó la Ley Leahy, disponiendo la investigación de violaciones de derechos humanos posiblemente cometidas por todos los beneficiarios del programa de capacitación antidrogas del Departamento de Estado.
El Poder Legislativo extendió gradualmente la aplicación de la Ley Leahy, hasta cubrir la totalidad de los programas del Departamento de Estado y del Pentágono.
Pero, según Lumpe, no hay garantías de que la investigación de antecedentes, en los casos en que fue realizada, fuera suficientemente rigurosa.
El FPIF exhortó al Congreso a adoptar nuevas iniciativas que dificulten al Pentágono la prestación de instrucción militar a ejércitos y cuerpos de policía acusados de excesos represivos.
Entre esas medidas, recomendó la prohibición de los programas de inteligencia encubiertos y de los programas de las Fuerzas Especiales si el Pentágono no divulga los detalles al menos anualmente.
También solicitó la vigilancia de las empresas privadas que prestan instrucción militar y el control de la carrera de los militares extranjeros que reciben capacitación avanzada. (FIN/IPS/tra-en/jl/lp-ff/ip/02
