Los sectores derechistas del gobierno de Estados Unidos esperan que la contundente victoria de Alvaro Uribe en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia asegure una guerra definitiva contra la insurgencia.
Uribe es el George W. Bush de Colombia, promete el fin del apaciguamiento y dirigir la guerra del terror contra los terroristas. Después del domingo, nadie puede dudar de su legitimidad democrática, subrayó este miércoles un artículo editorial del diario The Wall Street Journal.
Durante la campaña electoral, Uribe, un disidente del opositor Partido Liberal, prometió mano dura contra los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sin embargo, el presidente electo con 5,8 millones de votos en un total de 11,2 millones, dijo el lunes que procurará la mediación de la Organización de las Naciones Unidas para resolver el conflicto armado.
No obstante, la polémica ya se encendió en Washington, donde el Congreso (legislativo) y el Departamento de Estado (cancillería) tienen dudas sobre los vínculos de Uribe con las paramilitares y derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Hay gran preocupación en el Congreso sobre el aumento de la asistencia (militar) y el peligro de (que Washington) sea absorbido en una situación de la que puede ser muy difícil salir, aseveró Michael Shifter, vicepresidente del Diálogo Interamericano, un influyente instituto de estudios con sede en Washington.
Y existen temores por la situación de los derechos humanos, particularmente ante los planes de Uribe, agregó.
El fracaso del proceso de paz de tres años entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC puso fin en febrero a la discusión sobre la restricción de la ayuda militar estadounidense a las operaciones contra el narcotráfico.
Pero no hay acuerdo sobre qué tan profundo involucrarse en el conflicto, según el experto en política colombiana Adam Isacson, del Center for International Policy.
Washington entregará este año 500 millones de dólares a Colombia, la mayor parte en ayuda militar, y ha solicitado al Congreso la aprobación de un fondo adicional de 375 millones para 2003, muy por debajo de lo que Uribe necesitaría para lograr progresos mínimos en su ofensiva contra la guerrilla, según analistas militares.
El debate político en Washington es esencial para Uribe, que ha pedido más asistencia bélica a Estados Unidos, así como su respaldo para lograr nuevos préstamos y una reprogramación de deudas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Uribe prometió llevar al doble los 50.000 efectivos del ejército y los 100.000 de la policía nacional, así como reclutar un millón de civiles como auxiliares en la guerra contra los insurgentes.
Estos planes podrían costar al país miles de millones de dólares, que la estancada economía nacional no podrá afrontar.
La política de Uribe contra la guerrilla es muy clara, pero hay incertidumbre sobre lo que represente en términos de gasto, dijo el especialista Ben Laider al diario The Wall Street Journal la semana pasada.
Las propuestas de Uribe se hacen eco de sugerencias de analistas militares estadounidenses.
Un documento publicado hace un año por Angel Rabasa y Peter Chalk, afirmaba que la estrategia antinarcóticos de Washington era inoportuna y que el poderío de las FARC iría en aumento aunque la asistencia militar de Washington alcanzara, como ocurrió, volúmenes sin precedentes.
Además de fortalecer a las Fuerzas Armadas y expandir la guerra más allá del narcotráfico, ambos analistas recomendaron establecer organizaciones de autodefensa apropiadamente supervisadas en áreas bajo control de la guerrilla o de las AUC.
Muchos analistas subrayan que las medidas de Uribe hacia las AUC, responsables de atroces violaciones a los derechos humanos en las últimas décadas, podrían determinar el grado de respaldo que obtenga de Washington.
El Congreso condicionó su aprobación a la infusión de dinero y armas a Colombia —en 2000 el tercer destinatario de asistencia militar después de Israel y Egipto— a que el ejército rompiera sus vínculos con los paramilitares.
Ese año Bogotá recibió más de 1.000 millones de dólares para sostener su campaña militar en las zonas del sur del país, controladas por la guerrilla, donde se encuentran los cultivos ilegales de coca.
Una propuesta legislativa para impedir que Washington autorice el uso de la asistencia para combatir el narcotráfico en la guerra contrainsurgente fue derrotada la semana pasada por el estrecho margen de 192 votos a favor y 225 en contra.
Sus promotores citaron en reiteradas ocasiones evidencias de que altos jerarcas militares colombianos continúan respaldando a las AUC.
Esta votación señala el creciente escepticismo del Congreso sobre la ayuda militar a Colombia, estimó Jason Hagen, especialista de la independiente Washington Office on Latina America.
Durante sus años como gobernador del departamento de Antioquia (1995-97) Uribe patrocinó la creación de grupos de autodefensa, muchos de los cuales fueron coptados por conocidos integrantes de organizaciones paramilitares, según la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bogotá.
De hecho, los líderes de las ilegales AUC no ocultaron su entusiasmo por la victoria de Uribe ni por sus sugerencias de involucrarlas en un futuro proceso de paz.
Si (Uribe) se acerca a las AUC, incorporándolas a fuerzas de defensa civil conducidas por el ejército o permitiéndoles que continúen operando, tendrá dificultades para lograr el respaldo del Congreso, advirtió un asesor del gobernante Partido Republicano en el Capitolio.
Una clara ruptura de Uribe con los paramilitares será el único camino para que obtenga ayuda económica y militar significativa, estimó este miércoles el ex secretario adjunto de Estado Bernard Aronson, en una columna publicada por el diario The Washington Post.
Aronson, que dirigió la política hacia América Latina del gobierno de George Bush padre (1989-1993), integra un sector que respalda el fortalecimiento militar de Colombia hasta el punto en que las FARC reconozcan que no podrán ganar la guerra, lo que habilitaría un proceso de paz similar al de El Salvador.
Pero la extrema derecha del Departamento de Defensa y de sectores republicanos del Congreso procuran colocar el conflicto colombiano en el escenario de la guerra contra el terrorismo, que debería conducir a la victoria sobre las FARC, aunque eso signifique admitir a los paramilitares, añadió el experto Shifter. (FIN/IPS/tra-eng/jl/dcl/ip/hd/02
