El primer ministro Ariel Sharon libra en Israel una batalla política por un ajuste fiscal en defensa del abultado presupuesto militar, con la intención de amortizar los gastos originados por la ofensiva bélica contra Palestina.
Para asegurar el recorte de gastos de 2.000 millones de dólares, el partido de Sharon, el derechista Likud, debió privilegiar su alianza con el centroizquierdista Partido Laborista, que exige una negociación con Palestina, en perjuicio de los partidos religiosos judíos, que abandonaron la coalición.
La crisis política que desató el ajuste también puso en tela de juicio el estilo de vida occidental de la población israelí, y desnudó las consecuencias internas de la estrategia bélica del gobierno contra los palestinos, que afectó sectores económicos clave como el turismo, la agricultura y la alta tecnología.
El ministro de Finanzas, Silvan Shalom, aseguró que las medidas constituyeron una división justa de la carga y dieron una clara prioridad a los ciudadanos de clase media que sirven en el ejército.
Así, muchos de los recortes afectarán a personas que no están obligadas a cumplir servicios militares, como los estudiantes de institutos rabínicos, lo cual originó la oposición de los partidos religiosos que hasta hace pocos días integraban el gobierno.
Por otra parte, una organización de discapacitados quemó esta semana neumáticos frente a las oficinas de Sharon, en protesta por la reducción de las subvenciones del gobierno, que figuran entre las medidas económicas de emergencia.
Sharon debió hacer un gran esfuerzo para conciliar las demandas de los partidos que integran el gobierno. El equilibrio que alcanzó mediante una renovada alianza entre el Likud y el Partido Laborista podría incidir decisivamente en el futuro del conflicto árabe-israelí.
Los partidos religiosos rechazaron el recorte. En respuesta, Sharon destituyó a los ministros de los partidos religiosos después de que sus legisladores votaran contra el ajuste fiscal en la Knesset (parlamento).
Luego, el primer ministro unificó a los socios restantes en la coalición y logró la aprobación de las medidas en la siguiente votación. Ahora, el gobierno cuenta con el respaldo de 60 legisladores en la Knesset, de 120 escaños.
Sharon sostuvo que no admitirá a los partidos religiosos de nuevo en el gabinete si sus legisladores no aprueban la segunda y tercera etapa del procedimiento parlamentario, necesarias para la sanción final del ajuste fiscal.
Además, confía en que regresen al gobierno dos partidos de derecha que abandonaron la coalición meses atrás.
La expulsión de los partidos religiosos dejaron a Sharon más dependiente del Partido Laborista del canciller Shimon Peres y el ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, partidarios de iniciar una negociación política con los palestinos.
Ben-Eliezer afirmó que la posición de su partido deberá ser especialmente responsable ahora que la coalición descansa en los hombros del laborismo. Esta actitud revela la intención de ese partido continuar en la coalición y evitar elecciones anticipadas, que serían desastrosas para la centroizquierda.
La intifada palestina (revuelta popular contra la ocupación israelí) contribuyó significativamente al desaceleramiento económico. El ministro Shalom alegó que las medidas de emergencia fueron necesarias tras la ofensiva militar de abril, realizada a un alto costo para las arcas fiscales.
Según el Banco de Israel, la intifada consumió directa o indirectamente más de tres por ciento del producto interno bruto.
A su vez, Israel ha enfrentado una fuerte reducción del turismo, el conusmo, la inversión extranjera y el comercio con los palestinos.
La economía israelí se contrajo el año pasado por primera vez desde 1953. La caída del producto fue de 0,6 por ciento, tras un aumento de 6,4 por ciento en el año 2000.
Otros indicadores son igualmente alarmantes. El desempleo alcanzó 10 por ciento en los últimos meses, y la inflación amenaza con quedar fuera de control, con una proyección de ocho por ciento para este año.
Pero las dificultades económicas de Israel parecen menores ante la situación que atraviesa la Autoridad Nacional Palestina, cuya débil economía fue diezmada por la guerra.
La mayoría de los trabajadores palestinos perdieron sus puestos de trabajo en Israel, e incluso en ciudades autónomas palestinas, debido a las restricciones o prohibiciones del tránsito.
El desempleo en territorio palestino ya se estimaba en 30 por ciento antes de la última ofensiva militar israelí. El comercio y la actividad industrial han sido seriamente afectados por la violencia y la restricción del tránsito.
Los daños directos a la infraestructura son enormes, y el producto interno bruto palestino se redujo entre 50 y 70 por ciento.
En áreas bajo control de la Autoridad Nacional Palestina muchas familias perdieron la capacidad de autoabastecerse. Esta semana, unos 500.000 palestinos recibieron asistencia del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas.
Si bien los palestinos atraviesan situaciones extremas, las consecuencias políticas pueden ser mayores para Israel. La crisis de los partidos religiosos deja al descubierto los obstáculos de un gobierno de coalición. Además, los israelíes se han habituado a un estilo de vida occidental que no quieren perder.
La economía israelí está firmemente anclada en las industrias modernas, en particular en el sector de alta tecnología. El turismo, la agricultura y la ayuda de Estados Unidos también tienen un papel destacado.
El turismo aportó 3,5 por ciento del producto interno bruto antes de la intifada. La asistencia estadounidense alcanza unos 2.800 millones de dólares al año, la mayor parte destinada al presupuesto de defensa, al que Israel dedica 10 por ciento de su producto interno bruto.
La ayuda civil de Washington llegará a su fin en 2006. (FIN/IPS/tra-en/fb/ss/lp/mj/ip if/02
