El gobierno de Estados Unidos renunció este lunes a las obligaciones contraídas como signatario del Tratado de Roma, que estableció en 1998 el Tribunal Penal Internacional (TPI) para juzgar crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad.
En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Kofi Annan, el secretario adjunto de Estado para el Control de Armamento y Seguridad Internacional, John Bolton, sostuvo que Washington no pretende convertirse en parte del Tratado de Roma y no tiene obligaciones emanadas de su firma, el 31 de diciembre de 2000.
Simultáneamente, funcionarios estadounidenses negaron informes de prensa según los cuales Washington se propone lanzar una campaña contra el tribunal y el tratado —ratificado por 66 países, entre ellos Canadá y 14 de los 15 estados miembros de la Unión Europea (UE)—, que entrarará en vigor el 1 de julio.
El TPI sólo tendrá jurisdicción sobre delitos cometidos luego de su entrada en vigor, por ciudadanos de estados que hayan ratificado el Tratado de Roma y en territorios de esos estados, o en casos específicos que le refiera el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
No atacaremos agresivamente ni llevaremos a cabo una guerra contra el TPI, si bien el tribunal no debe esperar que Washington respalde su tarea suministrando testigos, evidencia o cualquier otro tipo de cooperación, dijo el embajador itinerante de Estados Unidos para crímenes de guerra, Pierre-Richard Prosper.
El diplomático agregó que su gobierno procurará que los 100 países donde se encuentran desplegadas tropas estadounidenses se comprometan a protegerlas del alcance del tribunal.
De igual modo, Washington solicitará garantías similares para tomar parte en misiones de mantenimiento de paz autorizadas por la ONU, agregó Prosper.
El alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, manifestó en Madrid su decepción y subrayó que la UE es una organización que tiende a respetar los acuerdos multilaterales, y nos gustaría mucho ver que Estados Unidos se suma a este esfuerzo.
Las organizaciones de derechos humanos fueron menos delicadas. La decisión de Bush es miope en extremo, afirmó el director de la rama estadounidense de Amnistía Internacional, William Schulz.
Movido por infundados temores de fantasmagóricos juicios, Estados Unidos se hunde en el aislacionismo y el excepcionalismo. Desacompasada de los aliados y de su propia herencia, ésta es una caída histórica de Estados Unidos en la protección de los derechos humanos, dijo Schulz.
Las propuestas para establecer un tribunal internacional permanente para juzgar crímenes de guerra, contra la humanidad, el genocidio y el terrorismo internacional, han circulado desde los juicios de Nuremberg, posteriores a la segunda guerra mundial.
Mientras se crearon tribunales especiales para juzgar los crímenes cometidos durante las guerras de secesión de la antigua Yugoslavia y la guerra civil en Ruanda, el acuerdo de un marco para el TPI llevó varios años de negociaciones, que concluyeron en 1998 con la firma en Roma del estatuto de fundación del tribunal.
Presionado por el opositor Partido Republicano y el Departamento de Defensa —al que preocupaban los juicios con motivaciones políticas a su personal en el exterior—, el ex presidente Bill Clinton (1993-2001) se opuso inicialmente al estatuto, pero lo firmó el 31 de diciembre de 2000, poco antes de abandonar la presidencia.
Pero el gobierno de Bush, y en especial los sectores ultraderechistas del Departamento de Defensa y la oficina del vicepresidente Dick Cheney, se opusieron al TPI desde el principio.
En efecto, funcionarios de Washington aseguraron la semana pasada que el gobierno intentó en 2001 quitar la firma de Clinton del tratado, pero debió posponer la decisión, urgido por la crisis desatada por los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington.
Cuando se hizo evidente que más de 60 países ratificaban el instrumento a mediados de abril, la cantidad mínima para su entrada en vigor, los sectores duros volvieron a presionar al Departamento de Estado (cancillería).
La decisión estadounidense obedeció a varias razones, explicó el secretario adjunto de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman.
Dada la independencia otorgada a los fiscales y jueces del tribunal, creemos que el TPI mina el papel del Consejo de Seguridad de la ONU en el mantenimiento de la paz y la seguridad, órgano en el que Estados Unidos tiene poder de veto, afirmó.
El sistema creado no prevé controles para impedir la utilización política o arbitraria de sus facultades, lo cual lo deja abierto a la explotación y a juicios políticamente motivados, dijo Grossman.
El hecho de que el tribunal tenga jurisdicción sobre ciudadanos de estados que no han ratificado el tratado, como Estados Unidos, amenaza la soberanía estadounidense y podría complicar la cooperación militar con muchos amigos y aliados que se verían obligados a entregar ciudadanos estadounidenses al tribunal, agregó.
Finalmente, la existencia del TPI y su jurisdicción universal podría tener un efecto negativo en la voluntad de los estados de proyectar poder en defensa de la moral y sus intereses de seguridad, sostuvo Grossman.
El funcionario sugirió así que Estados Unidos y otras potencias serían menos proclives a detener genocidios o a derrocar regímenes como el Talibán en Afganistán, si pende sobre ellas el peligro de ser juzgadas por agresión o crímenes de guerra.
Sin embargo, el TPI sólo puede entender en casos que los sistemas judiciales nacionales no puedan o no quieran juzgar.
Otros gobiernos pueden tomar la anulación de la firma de Estados Unidos como una oportunidad para retirarse de tratados como la Convención sobre Armas Químicas, esenciales para nuestra campaña contra el terrorismo, sostuvo en el diario The New York Times, el antecesor de Prosper em el gobierno de Clinton, David Scheffer.
Una crítica similar fue efectuada por la Asociación Federalista Mundial, que encabeza el Grupo de Trabajo de Washington para el TPI, una coalición de 24 organizaciones estadounidenses.
Algunos expertos señalan que la anulación de la firma de Clinton no tendrá efectos legales. Jurídicamente no significa nada, sostuvo la directora del Comité de Juristas para los Derechos Humanos, Elissa Massimino.
Supongo que los hace sentirse bien, pero el gobierno debe preguntarse cuál es la mejor forma de proteger sus intereses, y sin duda es tomar parte del proceso. Esto es como renunciar a toda la influencia que Estados Unidos tuvo en su creación, ¿y para qué?, se preguntó Massimino. (FIN/IPS/tra-eng/jl/dcl/ip/hd/02
