Víctimas de violaciones durante la guerra civil de Congo (1997-1999) llevarán su caso ante la justicia con la ayuda de la organización humanitaria francesa Médicos Sin Fronteras (MSF).
Hasta 52 por ciento de las víctimas eran niñas o adolescentes, en su mayoría de Brazzaville, la capital, y del suroeste de este país centroafricano, según organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras.
MSF aseguró que 158 de las víctimas quedaron embarazadas.
Para las menores, fue una terrible introducción a la vida sexual… Y para muchas mujeres casadas, significó el rechazo de sus esposos y el divorcio, explicó la psicóloga Marie Dominique Cahouet.
La guerra civil en Congo estalló en junio de 1997, cuando el gobierno pretendió desarmar y arrestar al ex presidente y líder rebelde Denis Sassou N'Guesso y algunos de sus partidarios.
En noviembre de ese año, tras cuatro meses de conflicto, las fuerzas opositoras derrotaron al presidente Lissouba con la ayuda de tropas angoleñas, y N'Guesso formó un nuevo gobierno en Brazzaville.
En muchos casos, los combates degeneraron en pillajes y otros ataques contra las poblaciones locales, incluso violaciones sexuales.
Un informe publicado por MSF en Brazzaville sostiene que 64,3 por ciento de las sobrevivientes entrevistadas no han iniciado acción judicial ni hecho la denuncia a la policía.
Algunas consideran imposible identificar a sus atacantes, dado que la mayoría de éstos cometieron las violaciones en zonas alejadas de su lugar de residencia, ya sea en bosques, en cárceles o en casas abandonadas.
Ya sea por falta de información sobre los procedimientos judiciales, por miedo o por vergüenza, la mayoría de las mujeres no desean iniciar un juicio contra sus violadores, explicó Rebecca Oba, directora de derechos humanos del Ministerio de Justicia.
Oba está estimulando a las víctimas a demandar a sus atacantes.
La ley de amnistía promulgada en diciembre de 1999 por el presidente Nguesso no abarca violaciones ni otros actos de violencia cometidos contra mujeres durante la guerra civil, destacó la funcionaria, que también integra la Asociación de Mujeres Juristas de Congo.
Una acción judicial es posible cuando la víctima identifica a su atacante, señaló, y agregó que la demandante debe pagar 25.000 francos (el equivalente a 35,7 dólares) para presentar la demanda.
MSF, que respalda al Programa Nacional de Ayuda a Sobrevivientes de Violencia Sexual, estableció contactos con la justicia congoleña.
Es un sistema judicial muy confuso, porque no prevé sesiones para procesar a los sospechosos, está parcialmente establecido y sus procesos son irregulares, explicó Phillippe Cachet, jefe de la misión de MSF.
Además, la justicia estimula a las familias de los violadores a realizar arreglos amistosos con la policía. Pretendemos poner fin a ese tipo de cosas, dijo.
Cachet urgió a las sobrevivientes a comparecer ante la justicia lo antes posible.
Angele Doko, de 19 años, procuró tratamiento en un hospital por las lesiones sufridas durante su violación. Ella cree que el proyecto de MSF llenará un gran vacío, pero teme por la lentitud de la justicia.
La justicia debe despertar. Debe actuar para ayudar a los sobrevivientes de la violencia sexual, insistió Doko.
Los juicios podrían afectar a policías o militares implicados en violaciones o acusados de complicidad.
El número de víctimas de violación que pasaron por centros de rehabilitación de MSF está en aumento desde 1999. En 2000, se presentaron 332 sobrevivientes, 178 de ellas menores.
Desde marzo de 2000, MSF amplió sus servicios médicos a las víctimas con tratamiento antirretroviral para las pacientes de VIH/sida y asistencia psicológica. (FIN/IPS/tra-en/lm/sz/mn/mlm/hd/02
