El embajador colombiano en Washington, Luis Moreno, desestimó este jueves las críticas de tres organizaciones humanitarias internacionales al anuncio de Estados Unidos de que Colombia ha cumplido las condiciones para recibir asistencia militar.
Moreno dijo que es indudable que las organizaciones no gubernamentales nunca nos van a poner cinco (buena calificación) en ninguna tarea, porque su trabajo es hacer críticas sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El diplomático respondió así a las advertencias de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), de que el ejército de Colombia no había cortado sus vínculos con los paramilitares de derecha, autor de 80 por ciento de las masacres contra civiles.
Contrariamente a lo afirmado por el Departamento de Estado (de Estados Unidos), (…) no hay evidencia de arrestos ni de otras acciones contra líderes paramilitares clave o altos oficiales de las Fuerzas Armadas sospechosos de colaborar con esos grupos derechistas, señala una declaración conjunta.
Estados Unidos anunció el miércoles que el gobierno colombiano de Andrés Pastrana había cumplido las tres condiciones requeridas por el Congreso estadounidense para desembolsar una ayuda de 62 millones de dólares.
Esos fondos forman parte de la asistencia de 100 millones de dólares aprobadas para este año por Washington para el ejército colombiano. La entrega de los recursos restantes dependerá de una segunda evaluación.
El Congreso de Estados Unidos exigió para habilitar la ayuda que se suspendiera del servicio activo a los militares colombianos sobre los que existiera evidencia de su participación en violaciones a los derechos humanos.
También pidió al ejército de Colombia cooperar con la justicia para juzgar a esos oficiales en tribunales civiles, además de tomar medidas eficaces para cortar los lazos con los paramilitares y ejecutar las órdenes de captura contra ellos.
El gobierno es consciente de que estamos lejos de tener una situación normal, por la naturaleza del conflicto armado y su degradación, comentó Moreno.
Lo importante es ver que cada día las mayores violaciones a los derechos humanos son cometidas por los violentos al margen de la ley y que el estado colombiano, en especial las Fuerzas Armadas, vienen avanzando en materia de protección humanitaria, añadió.
Por su parte, el vicepresidente de Colombia y también ministro de Defensa, Gustavo Bell, explicó que la certificación del Departamento de Estado de los Estados Unidos es un reconocimiento a los esfuerzos que hechos por el país en los últimos años en materia de defensa de los derechos humanos.
Bell indicó que esa decisión se esperaba, porque las Fuerzas Armadas y la Iglesia (Católica) son las dos instituciones con mayor credibilidad entre los colombianos.
Uno de los casos que influyó en la decisión anunciada por Estados Unidos el miércoles fue el traslado a funciones administrativas del almirante Rodrigo Quiñones, investigado por su supuesta participación u omisión en una masacre de más de 20 campesinos, cometida por paramilitares en enero del 2001.
Además ayudó la suspensión del servicio activo de 19 oficiales y el pase a la justicia civil de 38 casos en los que se investiga a militares por presuntas violaciones a los derechos humanos, al igual que la captura de 992 paramilitares derechistas.
Sin embargo, el Departamento de Estado estadounidense aclaró que la certificación no indica que estemos satisfechos, pues todavía queda mucho por hacer.
Luis Valencia, de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que la decisión de Washington puede interpretarse como un apoyo político al ejército colombiano y su lucha contrainsurgente, incrementada tras la ruptura el 22 de febrero del proceso de paz entre el gobierno y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las FARC están incluidas en una lista confeccionada por Estados Unidos como una de las 30 organizaciones terroristas más peligrosas del mundo.
Valencia entiende que la interrupción del diálogo de paz fortaleció la imagen de los militares de Colombia ante el gobierno estadounidense de George W. Bush y del Congreso de ese país. Por eso no sería bien visto que no se les apoyase en sus pedidos de ayuda para combatir el narcotráfico y la guerrilla.
En ese mismo sentido se manifestó Ana Bernal, la coordinadora de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), integrada por casi 30 organizaciones no gubernamentales que buscan una solución negociada del conflicto armado interno.
La decisión de certificar a Colombia tiene primordialmente un objetivo político, pues, si bien se han dado avances, falta un largo camino por recorrer para que los colombianos puedan gozar plenamente de una real protección a los derechos humanos, apuntó.
Otros analistas políticos han señalado que, mientras las denuncias contra militares por violaciones de los derechos humanos se han reducido, las que se presentan contra los paramilitares de derecha aumentan por acción u omisión de las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de combatirlos.
Hasta ahora, el uso de la ayuda militar estadounidense estaba limitado al combate contra la producción y el tráfico de drogas, en especial en áreas controladas por las FARC y otros grupos armados sospechosos de beneficiarse de ese negocio ilícito.
Pero el Congreso de Estados Unidos estudia desde abril un proyecto de ley que permitirá utilizar la ayuda para respaldar una campaña unificada contra el narcotráfico, las actividades terroristas y otras amenazas a la seguridad nacional en Colombia.
Bush pidió la aprobación de 500 millones de dólares adicionales en ayuda militar y policial a Colombia en el año fiscal 2003, que comienza el 1 de octubre.
Algunos expertos señalan que en el Congreso estadounidense existe un importante apoyo a las propuestas de Bush, incluso entre representantes del opositor Partido Demócrata que respaldan los esfuerzos de paz de Pastrana.
Sin embargo, las posibles consecuencias humanitarias de la intensificación de la guerra y del apoyo a un ejército colaborador con las milicias de derecha responsables de graves violaciones a los derechos humanos motivan un intenso debate en Washington.
La embajadora de Washington en Bogotá, Anne Patersson, dijo este jueves que su gobierno respeta las críticas de las organizaciones humanitarias.
No obstante, Patersson comentó que el gobierno de Bush está satisfecho con el desempeño de las Fuerzas Armadas colombianas en la protección de los derechos fundamentales y que la ayuda aprobada será entregada pronto en reconocimiento a ese esfuerzo realizado. (FIN/IPS/yf/dm/ip/02
