Las organización de derechos humanos Amnistía Internacional declaró este viernes que la desprotección de la población civil de Colombia es extremadamente grave, y anunció mecanismos especiales para analizar la situación.
La encargada de la sección de América Latina de Amnistía, Susan Lee, dijo a IPS que la crisis de derechos humanos colombiana es tan grave como la de Medio Oriente, pero advirtió que la comunidad internacional no le presta la misma atención.
Amnistía se declaró en alerta, lo cual significa que sus observadores visitarán Colombia con bastante frecuencia para monitorear (estudiar) muy de cerca la situación y alentará a la comunidad internacional a involucrarse decididamente, dijo Lee. Los próximos meses serán aun más críticos, agregó.
Lee integró una delegación encabezada por la secretaria general de Amnistía, Irene Khan, que concluyó el jueves una visita de una semana al país.
La misión coincidió con la muerte de más de 117 civiles, entre ellos 45 niños y niñas, que se refugiaban en un templo católico en la localidad de Boyajá, en medio de los combates entre guerrilleros y paramilitares por el control del río Atrato, en el noroccidental departamento de Chocó.
Amnistía sostuvo que ataques como éste, en que las víctimas son civiles indefensos, constituyen uno de los aspectos más preocupantes de la situación colombiana, y responsabilizó a todos los bandos armados, que incluyen a militares, guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y narcotraficantes.
Nos aterra y preocupa no sólo que las FARC (las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hayan atacado la iglesia a sabiendas de que había civiles, utilizando un arma que por su naturaleza afecta a los civiles, dijo Lee. El ataque al templo fue realizado con bombas fabricadas con cilindros de gas.
Lee también condenó el hecho de que los paramilitares utilizaran a la población civil de Bojayá como escudo humano y el que el gobierno haya ignorado por completo su propio sistema de alarmas tempranas.
Khan declaró el jueves al diario El Tiempo que faltó acción de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo fue posible que paramilitares viajaran desde Turbo por el río Atrato y llegaran a Vigía del Fuerte pese a la fuerte presencia militar?, se preguntó Khan.
Para Lee, lo ocurrido en Chocó es un ejemplo emblemático, triste y doloroso de cómo todos los actores del conflicto exhibieron, en el mismo instante, graves fallas en materia de derecho internacional humanitario.
Las Convenciones de Ginebra, base del derecho internacional humanitario, rigen, entre otras materias, el trato a los prisioneros de guerra y la protección a la población civil afectada por conflictos bélicos.
Amnistía, al igual que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), insistió en la necesidad de alcanzar con urgencia un acuerdo global humanitario que proteja a la población civil en el contexto del conflicto interno colombiano.
También atribuyeron a la falta de voluntad política oficial la ruptura este año del diálogo de paz entre el gobierno y las FARC.
Existe una larga lista de hechos aceptados por los bandos armados como errores, en medio de un conflicto en el que lo común es que los bandos no se enfrenten.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda organización insurgente del país, mató a más de 60 campesinos en el pequeño caserío nororiental de Machuca en 1999 al detonar un gasoducto.
El año pasado, el ejército, por error, disparó a un grupo de escolares, seis de los cuales. El jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, admitió que en alguna ocasión sus masacres respondieron a un error.
El objetivo principal de la misión de Amnistía fue incorporar los derechos humanos entre los puntos de debate electoral hacia los comicios presidenciales del 26 de este mes.
Nos preocupa que no figuraba casi nada en la materia en los debates y en los programas de los candidatos dije Lee. Amnistía organizó una mesa redonda en que participaron los cuatro principales aspirantes a la presidencia, Alvaro Uribe, Horacio Serpa, Luis Eduardo Garzón y Noemí Sanín.
La quinta candidata, Ingrid Betancourt, secuestrada hace dos meses por las FARC, fue representada de manera simbólica por su madre.
La misión de Amnistía consideró importante la asistencia de los cinco candidatos a la mesa redonda, pero quedó decepcionada por la falta de programas concretos en materia de derechos humanos.
Algunas propuestas podrían tener efecto negativo, según la organización. El candidato favorito, Uribe, por ejemplo, propuso organizar un millón de informantes de las fuerzas militares y Sanín, reformar la constitución para implantar fuertes normas antiterroristas.
Los cambios constitucionales podrían sofocar derechos fundamentales. La intención de involucrar un millón de colombianos en el conflicto, lejos de mejorar la seguridad, agudizaría el enfrentamiento, dijo Lee.
La colaboración con uno de los bandos en pugna convertiría a ese millón de civiles en objetivo militar del resto. Esto es totalmente alarmante, advirtió la activista.
Pero si el presidente es Uribe veremos cómo será su gobierno, y con base en ello, nos haremos una opinión, dijo Khan a El Tiempo.
Por el momento, la intención de Amnistía es regresar a Colombia y, tan pronto asuma el nuevo mandatario el 7 de agosto, analizar con él sus propuestas en materia de derechos humanos.
Las medidas que se tomen para incrementar la seguridad en el país son, por supuesto, una obligación y una responsabilidad del Estado pero no deben implementarse a costa de los derechos fundamentales, afirmó.
Amnistía insistió en el nexo entre paramilitares y las fuerzas oficiales de seguridad. La organización afirmó que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares se redujeron mientras aumentaron las perpetradas por paramilitares, que gozan del abierto apoyo de la fuerza pública.
La apreciación de los candidatos presidenciales al respecto tampoco dejó satisfechos a los integrantes de la misión de Amnistía. Creen que no hubo un reconocimiento de la realidad de los vínculos que existen, que cada día son más fuertes.
Es esencial para el futuro de la seguridad de Colombia que este tema sea tratado con seriedad, afirmó Lee.
En medio de este panorama negro, Amnistía considera positiva y valiente la opción que han adoptado muchas comunidades de organizar la resistencia civil frente a los bandos armados.
El gobierno colombiano ha fracasado rotundamente en su obligación de proteger a la población civil. En esta situación dramática, la gente tiene derecho a decir 'no somos parte del conflicto, nos deben respetar', y los armados deben respetarlos, agregó. (FIN/IPS/yf/mj/hd ip/02
