Tres organizaciones de derechos humanos censuraron el anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre el cumplimiento por Colombia de las condiciones establecidas por el Congreso (legislativo) para recibir ayuda militar de Washington.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) advirtieron que el ejército de Colombia no ha cortado sus vínculos con grupos paramilitares de derecha responsables de las peores atrocidades en la guerra civil de ese país latinoamericano.
Contrariamente a lo afirmado por el Departamento de Estado, (…) no hay evidencia de arrestos ni otras acciones contra líderes paramilitares clave o altos oficiales de las fuerzas armadas sospechosos de colaboración con grupos paramilitares, declararon el miércoles los tres grupos en forma conjunta.
Dos horas antes de esa declaración, el Departamento de Estado (cancillería) anunció que el gobierno de Andrés Pastrana había cumplido las tres condiciones impuestas por el Congreso para desembolsar más ayuda militar a Colombia.
Esta certificación, demorada dos meses, permite al gobierno de George W. Bush entregar 62 de al menos 100 millones de dólares asignados en el presupuesto para el ejército colombiano este año.
El anuncio se produjo en un momento crítico de la guerra civil de Colombia, donde se celebrarán elecciones presidenciales el 26 de este mes.
El colapso en febrero de las negociaciones de paz entre el gobierno de Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fortalecieron a los radicales de la administración Bush y del Congreso.
La virtual certeza de que el sucesor de Pastrana reanudará con fuerza la guerra contra las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fortaleció a los partidarios de que el ejército colombiano pueda usar la ayuda militar de Estados Unidos (tanto equipos como entrenamiento) en la lucha antiinsurgente o antiterrorista.
Hasta ahora, el uso de la ayuda militar estadounidense estaba limitado al combate a la producción y el tráfico de drogas, en especial en áreas controladas por las FARC y otros grupos armados sospechosos de beneficiarse del narcotráfico.
Pero Washington presentó el mes pasado un proyecto de ley que permitiría utilizar la ayuda para respaldar una campaña unificada contra el narcotráfico, las actividades terroristas y otras amenazas a la seguridad nacional de Colombia.
A la vez, el gobierno pidió al Congreso que aprobara unos 500 millones de dólares adicionales en ayuda militar y policial para Colombia en el año fiscal 2003, que comienza el próximo 1 de octubre.
La cantidad solicitada es la mayor desde 2000, cuando la administración de Bill Clinton comenzó a entrenar en Colombia a tres batallones antidrogas, a los que equipó con una gran flota de helicópteros.
En el Congreso existe un apoyo significativo a las propuestas del gobierno, incluso entre opositores demócratas que respaldan los esfuerzos de paz de Pastrana.
Sin embargo, las posibles consecuencias humanitarias de la intensificación de la guerra y el apoyo a un ejército colaborador con las milicias de derecha responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos son causa de un intenso debate en Washington.
El gobierno propone millones de dólares en ayuda antiterrorista a Colombia mientras el ejército colombiano se niega a romper sus vínculos con un grupo terrorista, observó el miércoles José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para el continente americano.
De hecho, el Departamento de Estado tiene a las paramilitares Fuerzas de Autodefensa de Colombia en su lista de grupos terroristas, junto con las FARC y el ELN, por lo tanto Washington espera que el ejército colombiano combata a la vez a los guerrilleros y a los milicianos.
Para lograr ese fin, el Congreso condicionó el año pasado toda ayuda militar a la suspensión de los oficiales del ejército colombiano sospechosos de haber cometido graves abusos o ayudado a grupos paramilitares.
El ejército también debía cooperar con la justicia para juzgar a esos oficiales en cortes civiles, y tomar medidas eficaces para cortar los lazos con los paramilitares, por ejemplo ejecutar órdenes de captura y someterlos a la justicia.
El Departamento de Estado aseguró en su certificación que esas condiciones se han cumplido, aunque reconoció que la situación debe mejorar.
Los derechos humanos son centrales en nuestra política hacia Colombia y continuaremos trabajando con el gobierno colombiano para mejorar el tratamiento de sus fuerzas armadas a los derechos humanos y poner fin a la colaboración militar-paramilitar, declaró Richard Boucher, portavoz de la cancillería.
En respuesta, las tres organizaciones de derechos humanos, que recibieron una copia de la certificación antes de su divulgación, reconocieron que Estados Unidos presionó a Bogotá para lograr mejoras concretas en los últimos meses, pero consideraron insuficientes esas mejoras.
Colombia no tomó siquiera medidas mínimas para cumplir las condiciones del Congreso, declararon.
Los grupos destacaron el caso del general Rodrigo Quiñones, cuya transferencia a un puesto diplomático en el exterior fue citada como señal de progreso en la certificación.
Quiñones fue implicado por fiscales colombianos y grupos independientes de derechos humanos en dos masacres de campesinos cometidas por paramilitares y en el asesinato de al menos 57 sindicalistas, activistas de los derechos humanos y líderes comunitarios.
La idea de que el envío de un general asesino al exilio diplomático constituye un progreso en materia de derechos humanos es absolutamente ridícula, declaró el director de WOLA, Bill Spencer.
El Departamento de Estado también citó como progreso la destitución y renuncia de cientos de soldados y oficiales en los últimos dos años, pero los tres grupos observaron que no hay prueba de la relación entre esas separaciones y violaciones a los derechos humanos.
Por el contrario, algunos de los militares que abandonaron el ejército lo hicieron para unirse a las filas de los paramilitares, señalaron.
Además, agregaron las tres organizaciones, aunque el ejército y la policía colombianos capturaron a más miembros de las Fuerzas de Autodefensa de Colombia el año pasado, liberaron a muchos de ellos, incluso a Víctor Carranza, el paramilitar de más alto rango bajo custodia del gobierno. (FIN/IPS/tra-en/jl/mlm/hd/02
