Una alianza internacional de organizaciones de derechos humanos presiona contra las restricciones impuestas a la ley de Bélgica que permite juzgar a genocidas de todo el mundo en tribunales de este país.
La ley aprobada en 1993 dio a la justicia belga competencia en casos de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, cualquiera fuera la nacionalidad de los acusados y el lugar en que se hubieran cometido los delitos.
La norma es considerada esencial para la lucha mundial contra la impunidad por Amnistía Internacional, Abogados sin Fronteras, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch y la Liga Belga de Derechos Humanos.
Pero varios dictámenes judiciales, entre ellos una sentencia de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, limitaron su alcance, al impedir su aplicación si los acusados se encuentran fuera de Bélgica o si tenían un mandato político en el momento de sus supuestos crímenes.
La ley permitió la presentación de unas 30 denuncias en tribunales belgas. Entre los acusados figuran el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, y los presidentes Yasser Arafat, de Palestina, Fidel Castro, de Cuba, Laurent Gbagbo, de Costa de Marfil, Saddam Hussein, de Iraq, y Paul Kagame, de Ruanda.
Esas acusaciones resultaron embarazosos para el gobierno belga, al igual que otras contra ex jefes de gobierno como Augusto Pinochet, de Chile, Hissène Habré, de Chad, y Alí Akbar Rafsanjani, de Irán, así como numerosos ministros y altos funcionarios en funciones o ya alejados de ellas.
La justicia belga condenó en junio del año pasado, de acuerdo con la ley, a cuatro ruandeses, entre ellos dos religiosas católicas, por su participación en la matanza en 1994 de 800.000 personas, en una ola de violencia contra la mayoritaria etnia hutu.
Pero un elemento clave de la ley fue anulado cuando la Corte Internacional de Justicia anuló una orden de arresto contra el ex ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática de Congo Abdulaye Yerodia, por considerarla violatoria del derecho internacional.
Yerodia fue objeto de una denuncia por incitación al odio racial y crímenes contra la minoría tutsi, en un proceso que tuvo también al hoy fallecido presidente Laurent Desiré Kabila en el virtual banquillo de los acusados.
La Corte Internacional de Justicia entendió el año pasado que Yerodia gozaba de inmunidad de la jurisdicción penal e inviolabilidad en virtud del derecho internacional, dado su carácter de ministro en el momento en que se cometió el crimen del que se lo acusaba.
El alcance de la ley también fue restringido por una resolución de un tribunal de Bélgica, según la cual los acusados debían ser ubicados en territorio belga para iniciar los procedimientos judiciales.
Otro cambio introducido en la ley deja la presentación de pruebas en manos de la acusación.
La denuncia contra Sharon fue presentada por sobrevivientes de la masacre en 1982 de entre 700 y 3.500 palestinos cometida en los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila, Líbano, a manos de milicianos cristianos aliados de Israel. El actual primer ministro israelí ejercía entonces la cartera de Defensa.
Mientras, un grupo de ciudadanos de Israel acusaron en Bélgica a Arafat y a diversas organizaciones palestinas de diversos atentados contra civiles israelíes entre 1974 y 2000.
Castro fue acusado de tortura y asesinato por la organización opositora cubana Hermanos al Rescate, radicada en Miami, y Saddam Hussein, de las muertes causadas por los ataques contra la minoría kurda realizados luego de la derrota de Iraq en la guerra del Golfo (1991).
Kagame es responsabilizado del asesinato en 1994 del entonces presidente ruandés Juvenal Habyarimana. El acto es calificado de crimen de guerra por los acusadores.
Por otra parte, la acusación contra Pinochet por secuestro y asesinato fue presentado por 19 chilenos residentes en Bélgica y familiares de las víctimas.
La legislación belga fue una herramienta indispensable para las víctimas. Una ley como ésa no existe en ningún otro país, al menos no con un alcance tan amplio en su aplicación, dijo el director ejecutivo de FIDH, Antoine Bernard.
La ley original convirtió a los tribunales de Bélgica en un polo de atracción para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en todo el mundo y para sus familiares.
Los casos fueron posibles, desde un punto de vista técnico y cultural, gracias al principio de competencia universal previsto por la ley, que permite a la justicia belga entender en crímenes cometidos en el extranjero, dijo el juez Eric Gillet, uno de los magistrados a cargo del caso sobre el genocidio en Ruanda.
Nadie puede devolvernos a nuestras familias, pero al menos fuimos reconocidos como víctimas, y esto fue importante, dijo una de las acusadoras en ese caso, Melanie Uwamaliya.
Las restricciones impuestas a la ley de 1993 son desastrosas, según Gillet. Condicionar su aplicación a la presencia en Bélgica de los acusados impide a la justicia belga actuar en la mayoría de los casos denunciados, despojando a la norma de su objetivo original, explicó el juez.
La coalición internacional que lanzó la campaña de presión sostuvo que Bélgica perdió su lugar a la vanguardia de la justicia internacional y de la protección de los derechos humanos.
Si Bruselas da marcha atrás, otros países evitarán aprobar leyes similares, afirmaron los activistas.
Bernard también criticó que los acusadores deban hacerse cargo de la presentación de pruebas de los crímenes. No podemos pedir a las víctimas que hagan el trabajo de los detectives y fiscales, puntualizó. (FIN/IPS/tra-en/gh/ss/lp/mj/hd/02
