La prédica de los grupos armados contra candidatos que competirán el 26 de este mes por la presidencia de Colombia enrarece el clima electoral y atenta contra el derecho al voto en al menos 15 por ciento de los 1.097 municipios del país.
Delegados de campaña de Alvaro Uribe y de Horacio Serpa, los aspirantes con mayores posibilidades de suceder a Andrés Pastrana, presentaron esta semana ante la Comisión de Seguimiento Electoral listas de localidades que sufren la presión de la guerrilla izquierdista y de paramilitares de derecha.
Uribe, el disidente del tradicional Partido Liberal (PL) que lidera el movimiento Primero Colombia, señaló que la guerrilla ha dado orden de no votar por él en casi 30 municipios de los sudorientales departamentos de Caquetá y Meta, del central Cundinamarca, y de los septentrionales Sucre y Bolívar.
El candidato de Primero Colombia con su promesa de mano dura contra la guerrilla si accede a la presidencia aumentó las adhesiones en las encuestas tras la ruptura de las negociaciones de paz entre el gobierno y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero también le acarreó graves problemas de seguridad en los casi seis meses de campaña, ya que ha sido víctima de al menos cuatro atentados fallidos perpetrados por presuntos guerrilleros. El último ocurrió el 14 de abril en Barranquilla, principal ciudad del norte del país, en el que murieron tres personas.
Por su parte, Serpa, del opositor PL, aseguró que grupos paramilitares presionan a los votantes de 137 municipios de los septentrionales departamentos de Bolívar, Córdoba y Magdalena, del oriental Arauca y el central Meta para que voten a favor de Uribe.
El ministro del Interior, Armando Estrada, informó haber recibido los listados de los municipios en los que se denunciaron amenazas y que el gobierno estudiará las medidas para proteger a los votantes e impedir intimidaciones.
Los grupos armados intentarán entorpecer el proceso electoral, por lo cual el gobierno se apresta a brindar seguridad tanto a los candidatos como a los electores, añadió.
Eduardo Verano, secretario del PL y portavoz de la campaña de Serpa, dijo a IPS que las elecciones deberían suspenderse en las localidades amenazadas si el gobierno no es capaz de garantizar la libertad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto.
En tanto, Luis Garzón, candidato del Polo Democrático, pidió a la Comisión de Seguimiento Electoral garantías de seguridad, aunque expresó que las condiciones son difíciles.
En el país hay un 'paraestado' dirigido por los paramilitares y otro controlado por la guerrilla, que buscan mantener sus espacios de poder, señaló a IPS Garzón, líder de la coalición de fuerzas de izquierda y liberales disidentes que desplazó del tercer lugar en las encuestas a Noemí Sanín, de Sí Colombia.
Analistas políticos opinaron que la interrupción del diálogo de paz entre el gobierno de Pastrana y las FARC incrementó la violencia en el país y preocupan las condiciones con vista a la primera vuelta presidencial del 26 de este mes y a la posible segunda ronda prevista para el 16 de junio.
La interferencia de los grupos armados ya fue evidente en las elecciones legislativas del 10 de marzo. Observadores aseguran que las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lograron la tercera parte de los escaños pese a que no presentaron candidatos propios.
A muchos candidatos al Congreso les fue imposible hacer proselitismo político en varias zonas de país, como en la rica región ganadera del central Magdalena Medio y en el septentrional departamento de Córdoba, debido a la fuerte presencia de las AUC.
En esos comicios para renovar los 268 lugares del Congreso legislativo no se pudieron instalar las mesas en 15 municipios a causa de sabotajes de la guerrilla.
Sin embargo, la situación fue calificada de relativamente normal por el gobierno, pues consideró que los colombianos acudieron a votar en la mayoría del territorio venciendo la intimidación con resultados satisfactorios.
El vicepresidente y también ministro de Defensa, Gustavo Bell, apuntó entonces que la jornada electoral se llevó a cabo en medio de una escalada terrorista sin precedentes por parte de los grupos armados, que han querido intimidar a los colombianos a través de la violencia.
Las Fuerzas Armadas y la policía desplegaron en marzo 154.000 hombres para garantizar la normalidad de las elecciones.
Según las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el organismo responsable de los comicios, cerca de 37.000 personas no pudieron votar en los 15 municipios afectados por la acción de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero en importancia.
En varias localidades, los rebeldes intimidaron a los delegados de la Registraduría para impedir la votación, en otras quemaron la papelería (tarjetones) y seis localidades fueron atacadas por los rebeldes.
Para las elecciones presidenciales de este mes están habilitados para votar 23 millones de colombianos. Las encuestas indican que la abstención será ahora menor que la registrada en los comicios legislativos, cuando superó a 50 por ciento del padrón. (FIN/IPS/yf/dm/ip/02
