El presidente electo de Colombia, Alvaro Uribe, se propone hacer frente a la aguda crisis social que se esconde detrás del humo del conflicto armado interno a través de una revolución educativa y una dinámica política de empleo.
Uribe se comprometió el 26 de este mes, al celebrar su triunfo en las elecciones presidenciales, a crear más de 1,5 millones de cupos en la enseñanza básica y 400.000 universitarios, a fortalecer la educación comunitaria y a elevar los fondos para los préstamos a estudiantes y a reducir sus intereses.
Así mismo, anunció que pondrá en marcha un sistema de evaluación permanente de educadores y equipos docentes, con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza.
Uribe aspira a financiar estas medidas con créditos del Banco Mundial, con 50 por ciento de las regalías que recibe el país de compañías multinacionales por la explotación de recursos naturales y con el ahorro que se logre en la anunciada campaña contra la corrupción.
El presidente electo también se propone reducir el desempleo, hoy de alrededor de 20 por ciento, a menos de 10 por ciento, a través de una política de estabilidad macroeconómica apoyada en el fortalecimiento de las exportaciones y de las pequeñas y medianas industrias, y en la reactivación de la construcción.
La política social diseñada por Uribe podría fracasar si no se realizan cambios estructurales, dijo a IPS el profesor de Ciencias Políticas Luis Valencia, de la estatal Universidad Nacional y de las privadas Javierana, Nueva Granada y Externado.
El próximo presidente necesita desarrollar una política social que desactive la posibilidad de un estallido social, pero para eso se requiere también una política económica de estabilidad y de renegociación de la deuda externa, y, en lo institucional, de una profunda reforma política, dijo Valencia.
El educador calificó de impresionante el deterioro social, que se expresa en elevados índices de pobreza, mortalidad, desplazamiento, desempleo y subempleo. Pero esos problemas pasan a un segundo plano con las bombas y los muertos del conflicto armado, agregó.
Este país de 41,6 millones de habitantes sufre hace 30 años un conflicto armado en que participan las fuerzas de seguridad y organizaciones irregulares que suman 30.000 combatientes, entre guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha, y en el que inciden también bandas de narcotraficantes.
La pobreza aumentó de 49 por ciento de la población en 1999 a 64 por ciento en la actualidad, según el Banco Mundial. Alrededor de 27 millones de personas son indigentes que cuentan con apenas un dólar diario.
La crisis social se expresa también en los 3,3 millones de desempleados, el doble que en 1998, cuando comenzó el gobierno del presidente Andrés Pastrana, sostuvo el ex ministro de Salud y consultor internacional en políticas sociales Juan Londoño.
Por otra parte, 2,4 millones de colombianos en edad escolar están fuera del sistema educativo (400.000 más que en 1998) y 18 por ciento de los escolares de las ciudades y 30 por ciento de las áreas rurales abandonan las clases, según diversos informes.
Esos estudios indican que apenas 16 por ciento de quienes concluyen el ciclo medio de educación formal ingresan a la universidad, nueve por ciento de los cuales proceden de los estratos de menores recursos económicos.
La magnitud de la crisis social colombiana no tiene precedentes, así como la inacción de la sociedad y del Estado para enfrentarla, sostuvo Londoño.
Para superar la crisis social será necesario impulsar una economía que crezca mucho para que genere mucho empleo y riqueza y que se apoye en el desarrollo de las exportaciones y en el estímulo a la inversión privada, afirmó el ex ministro de Salud.
Hay que hacer de Colombia un país de emprendedores en que la población se vea incentivada a crear empresas y a compartir la riqueza, agregó.
Otros analistas insisten en que Uribe tendrá dificultades para obtener los recursos económicos que requiere la implementación de propuesta, entre impuestos, créditos internacionales y restricción de los gastos del Estado.
El presidente electo anunció el que procurará renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de mantener un crédito de contingencia de 2.700 millones de dólares concedido a Colombia en 2000 a condición de que se efectuara un ajuste fiscal y reformas laborales.
El ministro de Hacienda, Juan Santos, consideró necesaria la renovación del acuerdo con el FMI, que se vence el diciembre, pero advirtió que existe poco margen de maniobra pues el organismo multilateral exigirá mantener los ajustes para asegurar la recuperación de la economía.
Pero Uribe cree que la condición para mantener el acuerdo es no recortar el gasto social, hoy afectado por el pago de servicios de la deuda pública y el financiamiento de las actividades militares en el marco del conflicto armado interno.
La deuda pública asciende a unos 23.000 millones de dólares y las amortizaciones insumen casi 40 por ciento del prepuesto del Estado. (FIN/IPS/yf/mj/if dv/02
