Los cuatro principales candidatos presidenciales se pronunciaron este lunes en Colombia contra la habilitación de una nueva zona desmilitarizada, solicitada por las insurgentes FARC para reanudar el diálogo de paz.
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) manifestaron el domingo su interés en volver a la mesa de negociaciones con el gobierno que surja de las elecciones, cuya primera vuelta se realizará el próximo domingo.
Como condición para el diálogo, solicitó que el nuevo presidente que instalará su gobierno el 7 de agosto desmilitarice los meridionales departamentos de Putumayo y Caquetá. Así mismo, las autoridades entrantes deberán renunciar a los calificativos terrorista y narcoterrorista para referirse a la organización rebelde.
El comunicado en que figuran estas condiciones, divulgado en la página de las FARC en Internet, es el segundo en que la organización se muestra dispuesta a abrir una nueva negociación tras la ruptura del diálogo el 22 de febrero, cuando fue declarada terrorista por el presidente Andrés Pastrana.
Pero la propuesta de las FARC no es discutible, dijo el candidato favorito Alvaro Uribe, alejado del opositor Partido Liberal y apoyado por una alianza pluripartidista. Uribe aparece en primer lugar en la última encuesta, divulgada el domingo, con 49,3 por ciento de la intención de voto.
Un gobierno encabezado por Uribe sólo abriría el diálogo con las FARC sólo en caso de un cese de hostilidades que incluyera el fin de los ataques de los insurgentes a la población civil, de los secuestros y de las extorsiones.
Las FARC también deben renunciar a las acciones calificadas de terroristas y aceptar una mediación internacional, indicó el candidato favorito.
El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la policía para derrotar a guerrilleros y a paramilitares de derecha son algunas de las propuestas de Uribe.
Por su parte, el candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa, dijo que no es el momento de hablar de zonas de despeje (desmilitarizadas), sino de la posibilidad de que el gobierno y todas las partes beligerantes firmen acuerdos humanitarios que le sirvan de verdad al país.
Serpa propone un pacto para obligar a todas las partes a respetar las convenciones de Ginebra, base del derecho internacional humanitario, que rigen el trato a los prisioneros de guerra y la protección a la población civil afectada por conflictos bélicos.
El candidato liberal fue el preferido por 23 por ciento de los entrevistados por la encuestadora Napoleón Franco, contratada por El Tiempo, la revista Semana y la cadena RCN de radio y televisión.
Las críticas contra las FARC se agravaron tras la muerte el 2 de este mes de 119 civiles, entre ellos 45 menores de edad, alcanzados por la explosión de un cilindro de gas cuando se refugiaban de los combates entre guerrilleros y paramilitares en un templo católico de la noroccidental localidad de Boyajá.
El candidato de la coalición izquierdista Polo Democrático, Luis Garzón, elegido por 7,8 por ciento de los entrevistados para la última encuesta, afirmó que en Colombia no existe confianza para hablar de otra zona de despeje.
En cambio, Garzón sugirió la creación de un ambiente de confianza mutua con un previo acuerdo que incluya el respeto al derecho internacional humanitario.
Mientras, la candidata Noemí Sanín, perteneciente al gobernante Partido Conservador pero postulada por una coalición sin respaldo de ese sector, señaló que Colombia no resiste otra zona desmilitarizada.
La retirada de las fuerzas de seguridad de un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados del sudeste del país en 1998 sólo contribuyó a dar carta blanca a las FARC para que se fortalecieran, sostuvo Sanín, que en la encuesta recibió el respaldo de seis por ciento de los entrevistados.
También el gobierno de Pastrana descartó la posibilidad de otorgar a los rebeldes una nueva zona desmilitarizada.
Ellos ponen unas condiciones que el país no aceptará, porque los dos departamentos que piden desmilitarizar equivalen a multiplicar por 15 o 20 la zona de distensión que tanto daño le produjo al país, afirmo el ministro del Interior Armando Estrada.
Un nuevo proceso de paz sólo puede comenzar con una tregua por parte de los rebeldes, dejación de las armas y cese de las hostilidades contra la población civil, dijo Estrada.
Agregó que es igualmente importante que las nuevas negociaciones tengan acompañamiento de la comunidad internacional, ya sea con intervención de mediadores o de facilitadotes del proceso.
El ex ministro Augusto Ramírez, miembro de la Comisión de Conciliación (de civiles que apoyan soluciones negociadas) consideró positiva la propuesta de las FARC.
Abre una nueva posibilidad para la búsqueda de una solución negociada para el conflicto colombiano, dijo Ramírez, aunque advirtió que las negociaciones deben hacerse sin territorios desmilitarizados y con cese de hostilidades.
Ramírez señaló a IPS que un nuevo proceso de paz no podría hacerse en las condiciones del que condujo Pastrana desde noviembre de 1998 hasta su fracaso en febrero de 2002.
En opinión de Ramírez, quien fue representante de la Organización de las Naciones Unidas en las negociaciones de paz del Salvador, no puede haber proceso de paz en medio de la guerra y en territorios desmilitarizados a menos que se organice un sistema de reglas muy estrictas y se cuente con supervisión nacional e internacional.(FIN/IPS/yf/mj-ff/ip/0
