COLOMBIA: Alcalde responsabiliza al gobierno por matanza

Un alcalde colombiano responsabilizó este lunes al gobierno de la muerte en el noroccidental departamento de Chocó de 110 personas que se habían refugiado en una iglesia para evitar el fuego de paramilitares de derecha y de guerrilleros de izquierda.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó de ”crimen de guerra” el trágico episodio del jueves en la localidad de Bojayá, de 11.200 habitantes, donde también hubo un centenar de civiles heridos. Entre los muertos se cuentan 45 niños y niñas.

Cerca de 500 habitantes de Bojayá que se agolpaban en un templo católico para protegerse del fuego cruzado de guerrilleros y paramilitares fueron atacados con una bomba fabricada con un cilindro de gas.

El combate entre las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que causó la masacre del jueves fue propiciado ”por el abandono de la fuerza pública” del lugar, afirmó este lunes el alcalde de Bojayá, Ariel Palacio.

”Cuando no hay presencia del Estado, estos grupos (guerrilla y paramilitares) van apropiándose lentamente del control hasta que se consolidan en la zona”, dijo Palacio a la radioemisora Caracol. Las fuerzas de seguridad abandonaron el área a fines de marzo de 2000.

Agregó que las AUC llegaron hace 25 días a la zona, que estaba dominada por las FARC. Las autoridades municipales instaron entonces a la población a tomar sus propias medidas de protección, dada la ausencia del ejército y de la policía.

Palacio aseguró que la protección del ejército y de la policía fue solicitada varias veces, ”por medio de la gobernación del departamento”. La respuesta recibida fue ”que no se contaba con los mecanismos ni los medios para tener una presencia permanente” de militares ni de policías en el lugar.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes y la Pastoral Social de la Iglesia Católica también habían advertido el peligro que corría la población civil de Bojayá por la presencia de los grupos armados y la ausencia de las fuerzas de seguridad.

Una fuente de la Defensoría del Pueblo que pidió no ser identificada dijo a IPS que 200 de los 1.092 municipios de Colombia están en riesgo, por hallarse en áreas que se disputan los grupos armados.

El diputado departamental Joaquín Palacio, quien perdió a 42 familiares y parientes en la masacre de la iglesia de Bojayá, dijo a IPS que las AUC y las FARC se enfrentan en esa zona hace cerca de seis años.

Las FARC están presentes en ese territorio desde 1981 y ”se movieron tranquilamente por los corregimientos (localidades de menos de 5.000 habitantes) hasta 1987, cuando aparecieron las AUC”, dijo Joaquín Palacio.

En marzo de 2000, las FARC lanzaron un fuerte ataque, para desplazar a los paramilitares que había en la zona. También ”acabaron con la policía y quedaron siendo la autoridad del pueblo y controlando todo”, hasta hace algunos meses, cuando regresaron las AUC, agregó el diputado.

El gobierno informó este lunes que unos 4.000 soldados intentan tomar el control de la zona de Bojayá, donde continuaba el combate entre las FARC y las AUC.

El presidente Andrés Pastrana, quien atribuyó la masacre a los guerrilleros, anunció que pedirá la presencia de una comisión humanitaria de la ONU ”para que le cuente al mundo las atrocidades cometidas por las FARC”.

Pastrana también pidió a la Unión Europea que reconsidere su decisión provisional de excluir a las FARC de la lista de grupos terroristas que hizo conocer el viernes.

La Cruz Roja Internacional indicó este lunes que 544 personas abandonaron Bojayá a causa del ataque. Ciento dieciséis llegaron a Quibdó, la capital del departamento, y las restantes se quedaron en Vigía del Fuerte, una localidad intermedia, por falta de recursos para trasladarse a otros sitios.

Así mismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dio a conocer este lunes un comunicado para señalar que el ataque a Bojayá es ”una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario, de la Convención de los Derechos a la Niñez y del protocolo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, como víctimas inocentes de estos crímenes”. (FIN/IPS/yf/ff/hd ip/02

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