Las crisis que sacuden a Colombia, Argentina y Venezuela ponen en alto riesgo la vigencia de los derechos humanos en América Latina, según el informe anual presentado este martes por la organización Amnistía Internacional.
La violencia combinada del ejército, los paramilitares y la guerrilla mantiene a Colombia como el país de América Latina donde más se violan los derechos humanos, de acuerdo con el informe de Amnistía.
América Latina y el Caribe sufrió también las consecuencias de la exacerbación de la llamada lucha contra el terrorismo, que se desató en todo el mundo tras los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, señaló el informe de la organización de derechos humanos con sede en Londres.
El estudio de Amnistía examina la situación en 153 países en 2001 e incluye anexos con actualizaciones hasta abril de este año, que consignan, entre otros aspectos, la ruptura del diálogo de paz en Colombia, el fallido golpe de Estado del 12 de abril en Venezuela y la crisis política y económica de Argentina.
Amnistía urgió a los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Eduardo Duhalde, de Argentina, a garantizar en sus países la vigencia tanto de los derechos humanos básicos como de los derechos económicos y sociales.
En los choques entre simpatizantes del presidente venezolano Hugo Chávez y sus adversarios registrados entre el 11 y el 14 de abril murieron 85 personas, informó la prensa en Caracas.
En Argentina, el año comenzó con inestabilidad política y masivas demostraciones contra el plan económico del gobierno.
Amnistía pidió a Duhalde en febrero atención sobre los derechos humanos afectados por la crisis y le recordó que su país es signatario de la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Las estadísticas del año son escalofriantes en Colombia, indica el documento en relación con los efectos de la violencia.
El año pasado hubo en ese país más de 300 desaparecidos, unos 4.000 civiles fueron asesinados al margen de combates, la mayoría a manos de paramilitares, la violencia desplazó a numerosos contingentes de población y se registraron más de 1.700 secuestros, principalmente por parte de guerrilleros.
El resumen de Amnistía sobre América, que incluye a Canadá y Estados Unidos, indica que en 12 países del continente hubo en 2001 ejecuciones extrajudiciales, en algunos casos confirmadas y en otros con posibilidades de que se hayan producido como consecuencia de violencia policial excesiva.
En esa lista se encuentran Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, México, República Dominicana y Venezuela.
Al menos en tres países —Colombia, México y Venezuela— se produjeron desapariciones forzadas, mientras en otros ocho hay personas que continúan desaparecidas desde años anteriores.
La población reportó torturas o maltratos de fuerzas de seguridad, policiales u otras autoridades estatales en 20 países americanos, agregó el informe.
Hay confirmaciones o posibilidades de existencia de prisioneros de conciencia en tres países: Argentina, Cuba y México.
Las denuncias de arrestos arbitrarios y de detenciones de personas sin cargos o sin juicios correspondieron en 2001 a ocho países del continente.
En ocho países hubo condenas a muerte, aunque solo se hicieron efectivas en Estados Unidos, con 66 ejecuciones, incluyendo las dos primeras de carácter federal desde 1963, correspondiendo el resto a tribunales de diversos estados.
En términos mundiales, Amnistía indica en su informe que en 2001 hubo ejecuciones extrajudiciales en 47 países, ejecuciones judiciales en 27, desapariciones forzadas en 35, torturas y maltratos en 111 y presos de conciencia al menos en 56 países.
En 2001 hubo algunos avances en América Latina en la lucha contra la impunidad en que permanecen crímenes contra los derechos humanos perpetrados por dictaduras en la segunda mitad del siglo XX.
En ese sentido, Amnistía destaca los requerimientos judiciales a militares en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, involucrados en la Operación Cóndor, que coordinó la represión dictatorial en el Cono Sur latinoamericano en la década del 70.
En Brasil, un alto jefe policial fue declarado culpable por la masacre en 1992 de 111 reclusos de la prisión de Carandiru, en el meridional estado de Sao Paulo.
En el noroccidental estado de Amazonas se condenó a 13 hombres por el ataque contra un centenar de indígenas ticuna, en que fueron asesinados 14 de ellos, incluyendo a seis niños.
En Guatemala continúan los esfuerzos para llevar ante la justicia a los culpables de masivas violaciones de derechos humanos del pasado y se condenó a 30 años de prisión a tres oficiales militares por el asesinato en 1998 del obispo José Gerardi.
Sin embargo, la justicia (en Guatemala) tuvo un alto precio: al menos nueve testigos fueron asesinados, mientras decenas de testigos, abogados, jueces y fiscales actuantes en el caso de Gerardi fueron amenazados y hostigados, y varios de ellos forzados a abandonar el país, señaló Amnistía.
La organización humanitaria destacó en su informe el establecimiento en Perú de una Comisión de la Verdad que procura aclarar las violaciones de derechos humanos cometidas en ese país entre 1998 y 2000, así como el arresto en Venezuela en junio del ex jefe de la inteligencia peruana Vladimiro Montesinos.
En 2001 el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario, bajo cargos de asesinato y desaparición de 75 presos políticos en 1973. Si bien una corte de apelaciones cerró temporalmente el juicio en julio, están pendientes recursos legales para reabrirlo.
Otro acontecimiento destacado del último año fue la liberación en México de los activistas ambientales Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, considerados presos de conciencia, aunque su inocencia frente a los cargos que se les imputaron no fue reconocida por la justicia.
También en México se produjo en octubre el asesinato en su oficina de Digna Ochoa, abogada y activista de derechos humanos.
El informe indica también que más de 100 dirigentes sindicales fueron asesinados en Colombia, principalmente por paramilitares, mientras 10 periodistas fueron muertos en ese país en el ejercicio de sus labores profesionales.
Hubo también hostigamientos y amenazas a periodistas en Guatemala, México y Haití. En este último país al menos un profesional de la prensa fue asesinado. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/02
