Activistas indios y estadounidenses lanzaron una campaña contra la compañía Dow Chemical Corp, que adquirió la Union Carbide Corp, responsable del desastre químico de 1984 en la septentrional ciudad india de Bhopal.
Dos trabajadores de la salud de Bhopal, Satinath Sarangi y Harihar Trivedi, recorren Estados Unidos esta semana para informar a legisladores y diversas organizaciones sobre las secuelas del escape de gas que 18 años atrás causó la muerte inmediata de 8.000 personas en Bhopal.
Otras 20.000 murieron desde entonces y 120.000 padecen enfermedades crónicas causadas por el accidente, ocurrido en una planta de pesticidas de Union Carbide, aseguraron médicos y sobrevivientes.
Los activistas indios se reunirán este jueves con los accionistas de Dow Chemical Corp. La portavoz de la empresa Joy Hutchinson dijo a IPS que las autoridades indias y Union Carbide arreglaron los litigios por indemnizaciones en 1989 y que no hay compromisos pendientes sobre el caso.
Descontentos con la decisión de la justicia india, activistas de la salud y ambientalistas han intentado que Union Carbide pague los gastos médicos de las víctimas de la pérdida de gas.
Cuando Dow adquirió Union Carbide en febrero de 2001, las presiones se centraron en la primera compañía, basada en el septentrional estado de Michigan.
Dow debe enfrentar un juicio y brindar atención médica a largo plazo a las víctimas del desastre de Bhopal, exigió el coordinador de programas internacionales de CorpWatch, Amit Srivastava.
Srivastava se unió a Trivedi, médico indio, y a Sarangi, administrador de la clínica Shambavna, que atiende a víctimas del desastre en Bhopal, en la campaña para respaldar la causa en Estados Unidos.
Todos los días llegan a la clínica entre tres y cuatro personas con tos crónica y otros problemas de salud relacionados con el desastre, dijo Trivedi.
Después de la tragedia de 1984, el gobierno indio presentó varias querellas contra Union Carbide, pidiendo 3.000 millones de dólares por daños.
El caso se resolvió cinco años después, cuando Union Carbide acordó pagar a las víctimas 470 millones de dólares en el entendido de que la compañía sería absuelta de todos los cargos civiles y penales en relación a la fuga de gas.
Pero las víctimas dijeron no haber sido consultadas en el acuerdo, que representó 350 dólares por persona. Varios de los sobrevivientes aseguran que el dinero no fue desembolsado apropiadamente.
En respuesta a pedidos de varios afectados, la Suprema Corte de India volvió a presentar acciones penales contra Union Carbide.
Los procedimientos comenzaron en una corte de Bhopal, pero funcionarios de la empresa, entre ellos el jefe ejecutivo Warren Anderson, se negaron a comparecer ante la corte, dejando el caso en suspenso.
Los afectados también buscan justicia en las cortes estadounidenses. Siete víctimas y varias organizaciones de activistas presentaron una demanda grupal contra Union Carbide en 1991.
En agosto de 2000, una corte federal de Nueva York sobreseyó la causa, pero la sentencia fue revertida por una corte de apelaciones en noviembre del año pasado. En respuesta, Union Caribe presentó una moción para que los jueces desestimen el caso.
Muchos habitantes de Bhopal que no fueron contaminados por pérdida de gas han quedado expuestos a venenos y sustancias carcinógenas filtradas a los cursos de agua desde basura tóxica abandonada en el sitio, alertó Sarangi.
Los desechos tóxicos que aún quedan en la fábrica y los daños colaterales no fueron cubiertos en el acuerdo de 470 millones de dólares, aseguró el trabajador de la salud.
Sarangi acusó a Union Carbide de no revelar los tipos y cantidades de sustancias químicas liberadas, una información que ayudaría a los médicos a tratar a los pacientes. La empresa niega ocultar datos al respecto.
Un componente conocido de la fuga fue el iso-cianato de metilo, que produce daños neurológicos. Otras 30 sustancias químicas con distintas consecuencias sobre la salud pueden haber sido liberadas, indicó Sarangi.
Muchos de los impactos sinérgicos de estos químicos son desconocidos, destacó el profesional.
Activistas estadounidenses esperan que la visita de Sarangi y Trivedi motive la formación de una pequeña delegación de legisladores que viaje a India y presione al gobierno para iniciar acciones legales contra Dow.
No hay un compromiso firme, pero sigue siendo una posibilidad muy real, dijo Casey Harrell, activista de la organización ambientalista internacional Greenpeace. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/lp/mlm/en/02
