Ambientalistas protestaron este jueves en la capital italiana contra la construcción de un oleoducto que atravesará Ecuador de este a oeste y que, aseguraron, afectará zonas de alta fragilidad y de gran importancia ecológica y agrícola.
La manifestación se realizó frente a la sede de la multinacional petrolera italiana Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), que participa en la construcción del Oleoducto Crudos Pesados (OCP) en Ecuador a través de su filial Agip Oil.
Las obras del oleoducto, que transportará entre 390.000 y 450.000 barriles diarios de crudo 600 kilómetros desde campos petroleros de la Amazonia hasta la costa de la noroccidental provincia de Esmeraldas, se iniciaron en septiembre de 2001 y su conclusión está prevista para fines de 2003.
El antecedente del OCP en Ecuador, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) hoy en funcionamiento, sufrió numerosos accidentes que pusieron en peligro la vida de la población y el ambiente, dijo a IPS el responsable del no gubernamental Observatorio Permanente de ENI, Giuseppe De Marzo.
El Observatorio, constituido por las principales organizaciones ambientalistas italianas y por la Federación de los Verdes, tiene el objetivo de controlar las actividades de ENI y sus consecuencias en los derechos humanos, la sociedad y el ambiente.
Un portavoz de ENI dijo a IPS que la firma protege la salud, el ambiente y la seguridad en el trabajo, que para la multinacional constituyen un objetivo prioritario de estrategia y de planificación.
El informante precisó que la participación de ENI en OCP es de 7,5 por ciento y que se utiliza en la obra sistemas modernos y respetuosos del ambiente, ya utilizados en otros países con óptimos resultados.
El consorcio constructor del oleoducto, OCP Limited, está integrado por las transnacionals Agip Oil, Alberta Energy, de Canadá, Repsol-YPF, de España, Kerr McGee y Occidental Petroleum (Oxy), de Estados Unidos, y Techint, de Argentina.
Una caravana de 25 personas, que incluirá parlamentarios, periodistas y ambientalistas, recorrerá del 5 al 20 de junio parte de Colombia y Ecuador para protestar por las obras del OCP y otros proyectos que, según los activistas, perjudicarán a la población, el ecosistema y la economía de ambos países.
La caravana manifestará en Colombia su solidaridad con el pueblo indígena u'wa para apoyarlos en las actividades de resistencia pacífica las operaciones petroleras de Oxy en su territorio.
Las obras del OCP se desarrollan en áreas hasta hace poco protegidas, como el Parque Nacional Yasuni, territorio del pueblo indígena huaorani, y en bosques amazónicos ancestrales de los nativos quichua, shuar y achuar, dijo a la prensa la activista Laura Radiconcilli, integrante del Observatorio.
El oleoducto afectará 11 áreas protegidas y atravesará las reservas forestales de Mindo-Nambillo, que, según expertos, es la zona de mayor importancia ornitológica de América del Sur, pues allí viven más de 450 especies de pájaros, 46 de ellas en peligro de extinción, afirmó.
La obra atravesará al menos 40 pueblos. La provincia de Esmeraldas ya sufre la mayor incidencia de cáncer a la piel, a las vías respiratorias y al estómago de todo Ecuador, lo cual es atribuido por los activistas a la fuerte contaminación del aire, el agua y el suelo.
Además, el oleoducto podría no arrojar beneficios económicos para Ecuador. Su costo fue estimado en 1999 en 400 millones de dólares, pero se elevó a 1.000 millones.
Por los complejos sistemas de garantías previstos para este tipo de obras y por los mecanismos de formación de la deuda externa, es probable que el aumento de los costos recaiga casi enteramente en el gobierno de Ecuador.
El presidente Gustavo Noboa acusó a los opositores al oleoducto de pretender defender las maripositas, los colibríes, árboles y bosques, sin defender al ser humano, que es el rey de la creación.
Noboa aseguró que la obra creará 52.000 puestos de trabajo y que el crecimiento económico exige la plena explotación del petróleo, lo cual sólo será posible con el OCP en funcionamiento.
El economista ecuatoriano Alberto Costa, de visita en Roma para participar en la protesta, replicó que los puestos de trabajo creados serán menos de 4.000, y que los altos técnicos que participan en el OCP son extranjeros.
El oleoducto tampoco servirá al pueblo ecuatoriano, pues 80 por ciento de sus ingresos se destinarán al pago de la deuda externa, 10 por ciento a inversiones petroleras y sólo el resto a inversiones sociales.
La explotación petrolera en las zonas afectadas es inconstitucional, pues se trata de áreas protegidas por parques nacionales y de zonas intangibles por su carácter de territorio ancestral de pueblos indígenas, afirmó Del Marzo.
En este proyecto participa la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) de Italia, como intermediaria del préstamo de 900 millones de dólares concedido para financiar el proyecto por el banco Westdeutsche Landesbank (WestLB), 43 por ciento de cuyas acciones pertenecen al gobierno del occidental estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.
El OCP es un ejemplo más de aplicación de un modelo de desarrollo inequitativo e insostenible, que considera sólo el interés económico de unos pocos y viola los derechos de los demás, afirmó el senador de los Verdes de Italia Francesco Martone.
El proyecto viola incluso las exigencias ambientales fijados por el Banco Mundial para los proyectos que financia, aseveró Martone.
Ecuador es el cuarto exportador de petróleo de América Latina.
ENI actúa en 67 países y tiene unos 70.000 empleados. Su facturación en 2001 fue de cerca de 44.000 millones de dólares con una utilidad de 7.000 millones. (FIN/IPS/jp/mj/en/02
