El golpe de Estado que el viernes derrocó al presidente venezolano Hugo Chávez puede tener profundas repercusiones en la democracia y los derechos humanos en América Latina, advirtieron expertos y activistas.
La situación depende en gran medida de la reacción del continente americano, especialmente de Estados Unidos, ante el proceso encabezado por el dirigente empresarial Pedro Carmona, que está aparentemente respaldado por las Fuerzas Armadas.
Esto es un verdadero retroceso para los esfuerzos de la última década en favor del fortalecimiento y la protección de la democracia en el hemisferio, estimó Arturo Valenzuela, director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
La caída de Chávez mediante un golpe militar respaldado por intereses empresariales y sindicales tiene potencial para revivir el papel de los militares en América Latina, aseveró Larry Birns, del no gubernamental Consejo de Asuntos Hemisféricos.
El desalojo de Chávez por los militares podría ser un peligroso precedente para Guatemala, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, (países) que afrontan circunstancias políticas y económicas comparables, como el debilitamiento del gobierno, el clima favorable a la disolución política y la falta de justicia social, dijo Birns.
Venezuela tiene una larga historia de golpes militares, que se había intrrumpido en 1958. Pero temo que aún existe una tendencia a resolver los conflictos políticos mediante el poder de las armas, comentó la experta en política regional Coletta Youngers, del centro de estudios Washington Office on Latin America.
Esto expone la fragilidad de los gobiernos democráticos de la región, por lo que la reacción de Washington y de los gobiernos latinoamericanos será esencial para proteger el sistema democrático ante la intervención militar en otros países, agregó Youngers.
Pero a sólo un día de la caída de Chávez, las diferencias entre el gobierno de George W. Bush y sus pares latinoamericanos parecen muy profundas.
Washington —molesto con Chávez por sus estrechos vínculos con el presidente de Cuba, Fidel Castro, y su coqueteo con otros gobiernos enemigos de Estados Unidos, como Iraq y Libia— no ocultó su entusiasmo ante el derrocamiento del mandatario venezolano.
Según la versión del gobierno estadounidense, expresada en un largo comunicado del Departamento de Estado (cancillería), la crisis que concluyó con la caída de Chávez fue enteramente provocada por éste.
Apoyándose en la mejor información disponible, Estados Unidos acusó a Chávez de intentar suprimir manifestaciones pacíficas y aseveró que seguidores suyos, siguiendo órdenes, dispararon a manifestantes desarmados, lo cual resultó en más de 100 heridos o muertos.
El ejército se negó a disparar contra manifestaciones pacíficas y la valentía de los medios (de comunicación) mantuvo al público venezolano informado, aseguró el Departamento de Estado, cuya versión de los hechos es similar en algunos pasajes a la de los opositores a Chávez.
Chávez renunció a la presidencia luego de destituir al vicepresidente y al gabinete, afirmó Washington, eludiendo cualquier sugerencia de que fue forzado por los militares, que lo mantienen detenido.
De hecho, tras haber advertido durante varios días que Washington rechazaría cualquier interrupción o alteración inconstitucional del orden democrático, el Departamento de Estado ni siquiera procuró confirmar si la caída de Chávez coincidía con esa definición.
En cambio, los gobiernos latinoamericanos adoptaron una postura mucho más firme. Reunidos en su cumbre anual en Costa Rica, los 19 gobiernos miembros del Grupo de Río condenaron la interrupción del orden constitucional en Venezuela y pidieron el viernes una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Grupo de Río instó al foro continental a aplicar la Carta Democrática, adoptada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos, que requiere la suspensión de cualquier país que experimente una interrupción inconstitucional del orden democrático.
Si la OEA se reúne y decide suspender a Venezuela en los próximos días, las consecuencias diplomáticas serán profundas. El caso venezolano será una prueba de la eficacia y fortaleza de la Carta Democrática.
Pero si Washington insiste en que la misma no es aplicable a la situación de Venezuela, será una pésima señal para el resto de la región, pues la cláusula democrática más firme del sistema interamericano no significará mucho en la práctica, dijo un activista de derechos humanos.
Esa parece ser la intención de Estados Unidos. Los elementos esenciales de la democracia, debilitados en los últimos meses, deben ser completamente restaurados, afirma el comunicado del Departamento de Estado, fiel a la retórica del anticastrista secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental y ex embajador en Venezuela, Otto Reich.
El texto sugiere que fue Chávez quien interrumpió el orden democrático en los últimos meses y que el gobierno provisorio, con presumible ayuda y respaldo de la OEA, conducirá al país hacia el completo cumplimiento de la Carta Democrática, según una fuente de Washington.
La organización Human Rights Watch (HRW) manifestó en la noche del viernes su profunda preocupación porque el presidente Chávez no haya abandonado el cargo voluntariamente, sino forzado por los jefes militares, y agregó que la situación creada por su caída amenaza los derechos humanos y la vigencia del derecho.
HRW reclamó a las autoridades venezolanas que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para determinar la responsabilidad por las muertes y lesiones de civiles.
Este pedido contrasta con las certezas manifestadas por Estados Unidos sobre la identidad de los francotiradores que dispararon contra la multitud que manifestaba el jueves frente al palacio presidencial.
Birns sugirió incluso que el gobierno de Estados Unidos pudo haber facilitado la caída de Chávez.
El experto subrayó las similitudes entre el colapso económico de los últimos meses en Venezuela, seguido esta semnana por una huelga general convocada por líderes empresariales y sindicales, y la campaña desestabilizadora que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, a comienzos de los años 70.
El motivo principal pudo ser la creciente importancia del país como tercer exportador de petróleo a Estados Unidos y el temor a que una interferencia de Chávez en la industria petrolera estatal hubiera puesto en peligro ese suministro, arguyó Birns. (FIN/IPS/tra-eng/jl/dcl/ip/hd/02
