El presidente provisorio de Venezuela, Pedro Carmona, obtuvo el aguardado respaldo de sus colegas, los empresarios, y el reconocimiento del Fondo Monetario Interncional (FMI), mientras los títulos de deuda venezolanos ganaban entre seis y siete puntos en Nueva York y Londres.
Hugo Chávez no tenía una política amistosa con el mercado y los analistas financieros de Wall Street creen que su derrocamiento, consumado el viernes, abre perspectivas positivas para Venezuela.
Estamos listos a ayudar al nuevo gobierno en lo que pueden ser sus necesidades inmediatas, expresó el director de asuntos externos del FMI, Thomas Dawson.
La declaración de Dawson es significativa, dado que el gobierno de Chávez, que fue instalado en 1999, nunca recibió ayuda directa del FMI.
Carmona, el primer empresario que asume la jefatura de Estado en Venezuela en más de un siglo, ha dicho que sólo gobernará durante 365 días.
A fines de este año se realizarán elecciones para integrar un parlamento con facultades constituyentes, que completará el desmantelamiento de la Quinta República esbozada por el depuesto Chávez y a la que Carmona ya ha empezado a demoler.
Pero el principal desafío que tiene por delante el presidente de facto en el plano interno es quizás la pobreza que, según informes de universidades y centros de investigación, alcanza a 70 por ciento de los 24 millones de venezolanos.
Carmona, que como presidente de Fedecámaras, la mayor organización empresarial venezolana, encabezó la oposición al gobierno de Chávez, transmitió señales claras a los hombres de negocios tras prestar juramento el viernes de tarde como mandatario interino.
En efecto, anunció que una de las prioridades de su gestión será garantizar inversiones y derogó leyes promulgadas en noviembre de 2001 por Chávez que eran rechazadas por Fedecámaras.
También admitió que el país está marcado por la pobreza y la inequidad, aunque no otorgó lugar central a este capítulo en su discurso.
Venezuela, pese a haber contado en las últimas tres décadas con sólidos ingresos petroleros, exhibe una dramática situación de pobreza y exclusión que la revolución social bolivariana de Chávez no pudo resolver.
Chávez dispuso en 2000 de más de 27.000 millones de dólares en ingresos petroleros y de casi 22.000 millones en 2001, pero su política social fue errática, con resultados no consistentes, afirman la mayoría de los analistas.
En varias oportunidades, el director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, exhortó a las autoridades a aprovechar la bonanza petrolera para implementar planes de empleo, como herramienta para combatir la pobreza.
El desempleo abierto es de 15 por ciento, sobre una población económicamente activa de 11 millones de personas. Cincuenta y tres por ciento de los trabajadores pertenecen al sector informal. Es decir, se trata de ocupaciones precarias, sin prestaciones sociales.
El salario mínimo de 170 dólares es insuficiente para cubrir la canasta alimentaria familiar básica, que se ubica en 250 dólares, según el privado Centro de Análisis y Documentación para los Trabajadores.
Entre sus últimas decisiones, Chávez anunció para el 1 de mayo un aumento de 20 por ciento del salario mínimo. El nuevo ministro del Trabajo, Carlos Carballo, dijo que estudiará esa decisión, cuya confirmación está entnonces en duda.
El principal problema del país es la pobreza, a todas luces, pero el primer mensaje del presidente Carmona no lo puso en forma relevante, comentó este sábado el periodista Francisco Bautista.
El presidente habló de muchas cosas, pero no dijo ningún anuncio para nosotros los pobres, comentó a IPS Josefa Martínez, una vendedora ambulante del centro de Caracas.
Los analistas creen que se frenará la fuga de capitales y que algunos recursos enviados al exterior volverán a Venezuela. El año pasado, según cálculos del economista Pedro Palma, abandonaron el país 7.000 millones de dólares y en los primeros meses de este año, otros 3.000 millones.
Presionado por la mala situación financiera, Chávez anunció el 13 de febrero un recorte de los gastos públicos de 22 por ciento y suspendió la intervención oficial en el mercado cambiario, dando lugar a una depreciación de 20 por ciento del bolívar.
La firma calificadora de riesgo Standard and Poor's aclaró que mantendrá su evaluación negativa a la deuda venezolana, y de manera similar se expresó Fitch Ratings, que espera pronunciamientos concretos del nuevo gobierno para revaluar la calificación negativa de los papeles de este país.
Otro flanco difícil será el laboral. Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y aliado de Carmona en la campaña contra Chávez, confirmó el viernes su intención de revisar con las autoridades, a la brevedad, la situación de los trabajadores.
Los sindicatos parecen dispuestos a defender el aumento del salario mínimo decretado por el gobierno depuesto. Otro elemnto de fricción pueden ser los centenares de contratos colectivos que deben firmar este año el Estado y los empleados públicos, que conforman el sector más sindicalizado del país. (FIN/IPS/ac/ff/ip dv/02
