Cientos de trabajadores latinoamericanos indocumentados que participaron sin protección en la remoción de escombros en el World Trade Center de Nueva York, aseguran que aún sienten los efectos de la contaminación y reclaman indemnizaciones.
Apenas a una cuadra de la «zona cero», donde las gigantes torres gemelas del World Trade Center se levantaban hasta los atentados suicidas del 11 de septiembre, miles de curiosos turistas siguen alineándose cada día sobre una plataforma para dar una mirada a las ruinas.
Los ricos viajeros, provenientes de Europa y de varias partes de Estados Unidos, no resisten, sin embargo, el amargo olor de las gases tóxicos que emanan de allí y se retiran a los pocos minutos. Algo que no pueden hacer los cientos de trabajadores que todavía remueven escombros día y noche en el lugar.
Como miembros de sindicatos locales y nacionales, los trabajadores que aún laboran en la «zona cero» disponen ahora del equipo de seguridad necesario para protegerse de los efectos tóxicos del polvo y el gas.
Pero cientos de sus compañeros indocumentados que removieron escombros de los edificios adyacentes al World Trade Center en los días inmediatos a los atentados no corrieron la misma suerte: fueron contratados por compañías privadas sin ningún equipo de protección ni entrenamiento en materia de seguridad.
¿Culpa de ellos? Estos trabajadores vinieron a «la tierra de la libertad» desde México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y otros países de América Latina en busca de bienestar económico. Pero, sin permisos de trabajo, viven bajo el miedo a la deportación.
Grupos de derechos laborales aseguran que más de 600 inmigrantes trabajaron en condiciones dudosas en las labores de remoción de escombros durante los días siguientes al 11 de septiembre.
La mayoría de ellos continúa sufriendo de fiebre, dolor de cabeza, hemorragia nasal, tos, náusea, dolor de pecho y otras afecciones respiratorias.
Uno de ellos, Angel Quiroga, murió en un hospital el 19 de octubre de 2001, un día después de ser despachado del área del World Trade Center por quejarse de mareos y aturdimiento.
Activistas aseguran que las compañías privadas contrataron inmigrantes indocumentados a través de subcontratistas, quienes no advirtieron a ninguno de los trabajadores acerca de los peligros de los gases tóxicos y la contaminación en la «zona cero».
Y han llegado a afirmar que hubo casos en que algunos trabajadores si traían su propio equipo protector, pero que sus jefes los arrebataron para su propio uso.
Por su parte, varios inmigrantes aseguraron a dirigentes sindicales que se les ofreció un pago de 7,50 dólares por hora, pero que tuvieron que esperar durante semanas y semanas por la remuneración, aun cuando cumplieron con su trabajo a satisfacción de sus empleadores.
«Vi a cientos de trabajadores indocumentados realizar tareas de limpieza en las oficinas corporativas del bajo Manhattan. Y fue muy raro encontrar a alguien recibiendo equipos de seguridad», dijo a Tierramérica Luna Yasui, abogada del Proyecto de Ley Nacional del Empleo, que defiende los derechos laborales e investiga abusos contra indocumentados en la «zona cero».
Yasui sostuvo que a ninguno de los trabajadores se le dijo que las labores que realizaría «podrían ser peligrosas para su salud.»
Organizaciones ambientalistas aseguran que el polvo de los edificios alrededor del World Trade Center contenía concentraciones bajas de sustancias tóxicas, incluyendo asbesto, fibra de vidrio y plomo.
Cualquier polvo fino, aún sin un contenido de sustancias tóxicas, puede causar irritación respiratoria y asma, advierte la Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, en inglés), departamento gubernamental responsable de la seguridad y salud del ambiente laboral.
El asbesto, relacionado a diversos tipos de cáncer, es el contaminante que más preocupa a los especialistas.
Pero no hay consenso. Algunos consideran que el nivel de asbesto en la «zona cero» fue relativamente bajo, pero otros como Philip J. Landrigan, de la Escuela de Medicina Monte Sinaí de Nueva York, es escéptico: «nadie puede predecir cuales serán las consecuencias a largo plazo para la salud de los trabajadores».
La preocupación por los efectos futuros de la exposición a contaminantes en la «zona cero» es tal, que al menos unos 700 bomberos neoyorquinos con diversas afecciones respiratorias decidieron a inicios de año contratar los servicios de abogados para preservar su derecho de demanda más adelante.
Por su parte, el Proyecto de los Trabajadores Latinoamericanos, una organización sin fines de lucro fundada en 1990, dice que continúa ayudando a indocumentados afectados por los contaminantes a encontrar trabajo y ayuda médica.
El grupo abrió una unidad médica móvil cerca del World Trade Center por cerca de seis semanas.
«Creo que hay muchas víctimas del 11 de septiembre. Ese día los trabajadores que fueron contratados por las compañías privadas, también se convirtieron en víctimas», dijo Java Goldberg, quien trabaja para la organización.
«Algunos de ellos eran adolescentes. Estas compañías privadas no tienen respeto por las vidas humanas. Me gustaría que tuvieran algo de dignidad».
Unas pocas semanas después de los ataques del 11 de septiembre, la oficina del fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, empezó a investigar la forma en la que las compañías de remoción de escombros habían contratado a trabajadores inmigrantes y puesto en peligro su salud, pero todavía no hay ningún avance.
«Estoy realmente preocupado acerca de la salud de estos trabajadores, pero no estoy autorizado a hablar con la prensa», declaró a Tierramérica un investigador de la oficina del fiscal general que no quiso ser identificado.
Juanita Scarlett, portavoz del fiscal general, dijo que una de las investigaciones concluyó y que algunos trabajadores fueron indemnizados por sus dolencias, pero rehusó dar detalles de otros casos que todavía no han sido resueltos. Tampoco quiso nombrar a las compañías involucradas.
Sin embargo, un miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Nueva York, una coalición de 200 sindicatos y más de 400 doctores, abogados y activistas de la seguridad laboral, dijo que «la situación es casi la misma», en referencia al poco avance registrado.
Goldberg también contradijo la declaración oficial diciendo: «Nosotros no hemos escuchado de ningún trabajador que haya sido indemnizado».
