Los cuatro principales acusados ante la Corte Penal Internacional para Ruanda (CPIR), que juzga el genocidio de 1994, se negaron este martes a comparecer en la sala de audiencias, arguyendo la violación de sus derechos.
La CPIR, con sede en la noroccidental ciudad tanzania de Arusha, fue creada en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ha juzgado desde entonces a nueve personas, ocho de ellas condenadas y la restante absuelta, sin determinar aún a quiénes correspondió la responsabilidad principal del genocidio.
El coronel Theoneste Bagosora es acusado de ordenar e implementar, desde un gobierno formado por miembros de la mayoritaria etnia hutu, el asesinato de unas 800.000 personas de la etnia tutsi, con complicidad de los otros tres acusados, el brigadier general Gratien Kabiligi, el teniente coronel Anatole Nsengiyumva y el mayor Aloys Ntabakuze.
Contra cada uno de ellos hay de 10 a 12 acusaciones de genocidio, crímenes contra la humanidad y violación, y los cuatro decidieron boicotear el juicio y demandar que sea postergado, con el argumento de que no se les entregaron traducciones al francés de declaraciones de testigos y otros documentos clave.
La corte resolvió tras varias horas de debate que la fiscalía podía realizar su alegato inicial pese a la ausencia de los acusados, pero postergó la comparecencia de testigos hasta que se traduzcan al francés documentos relacionados con ellos.
Los defensores de los acusados apelaron contra una decisión anterior de la CPIR que permitió a la fiscalía revelar la identidad y las declaraciones de testigos protegidos 35 días antes de que comenzara el juicio, y no 60 días antes como en casos anteriores.
La corte decidió el jueves trasladar ese planteo a un tribunal de apelación.
La jefa de los fiscales de la ONU, Carla del Ponte, destacó en su alegato inicial la magnitud de los crímenes cometidos en Ruanda en 1994, y afirmó que nos afectan a todos, dondequiera que vivamos, porque ofenden nuestros principios más profundos sobre los derechos y la dignidad humanas.
Algunos de los cargos contra los cuatro acusados son estremecedores por la violencia y crueldad de los delitos imputados. Otros revelan el plan, organizado e implementado a sangre fría, añadió.
Del Ponte considera que este juicio es crucial porque la conspiración y el acuerdo entre los cuatro acusados estuvo en el corazón del genocidio, explicó Tom Kennedy, encargado de prensa y relaciones públicas de la CPIR.
Según la fiscal, Bagosora, Kabiligi, Nsengiyumva y Ntabakuze fueron quienes planearon el genocidio y el motor del mismo, entre cuyas responsabilidades estuvieron las de distribuir armas y entrenar a milicianos interahamwe (de la etnia hutu) en los años previos a los crímenes, señaló.
Jean Kambanda, ex primer ministro ruandés, fue condenado por la CPIR en mayo de 1998, pero al declararse culpable impidió un prolongado juicio que pudo haber develado detalles de la organización de la masacre.
Hasta ahora, la CPIR no ha imprsionado a nadie como una herramienta para avanzar hacia la verdad, comentó Thierry Cruvellier, asesor de la organización no gubernamental de especialistas Grupo Internacional de Crisis.
Sin embargo, en este caso hay expectativas, porque la corte puede haber tenido acceso a testigos y documentos antes desconocidos, destacó.
Uno de los principales misterios relacionados con el genocidio es el de las muertes del presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, y su par de Burundi, Cyprien Nytaryamira, el 6 de abril de 1994, cuando ambos viajaban en un avión que fue derribado con disparos de mortero.
Ese atentado desencadenó el genocidio, y nunca fue aclarado.
Observadores consideran probable que los defensores de los cuatro acusados pidan una nueva investigación de aquel incidente, y sostengan que sus autores fueron los entonces insurgentes de la etnia tutsi de Ruanda, y no extremistas de la entonces gobernante etnia hutu.
Bagosora abandonó en 1993 conversaciones de paz en Arusha con insurgentes tutsi. (FIN/IPS/tra-en/ks/mp/hd/02
