La instalación de una comisión de la verdad para investigar violaciones de derechos humanos en Afganistán fue desautorizada por expertos, pues las operaciones militares continúan y Estados Unidos domina las decisiones sobre seguridad.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, ya asignó 50.000 dólares a la propuesta comisión, aunque sostuvo que el gobierno interino y el pueblo afgano deberán decidir el momento de crearla.
El jefe del gobierno interino de Afganistán, Hamid Karzai, y otras autoridades afganas aseguraron a Robinson que la comisión se instalará, afirmó la funcionaria.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha colaborado en la instalación de comisiones de reconciliación en Sierra Leona y Timor Oriental, en distintos contextos, y ahora tenemos mucha experiencia, dijo Robinson.
Es extremadamente importante para las familias de quienes han sufrido violaciones terribles de derechos humanos conocer la verdad sobre esos hechos, pues ese paso es el comienzo del respeto de la dignidad del individuo, señaló Robinson.
Pero otros expertos, como el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Leyes de Illinois Francis A. Boyle, creen que la comunidad internacional no debe apresurarse a instalar la comisión en las actuales circunstancias.
Afganistán es una zona de combate sujeta a leyes internacionales de guerra, a la ocupación beligerante y a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, que establecen normas de protección de la población civil afectada por enfrentamientos armados, indicó Boyle.
Las comisiones de la verdad son moralmente necesarias y políticamente viables, pero en Afganistán el organismo se convertiría en una farsa dado el actual clima internacional, dijo, por su parte, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de California As'ad AbuKhalil.
Estados Unidos elige hoy las normas internacionales que se cumplen en territorio afgano con el fin de satisfacer sus propias metas, según AbuKhalil.
Además, Washington ofrece respaldo condicional a la creación de un Tribunal Penal Internacional para Afganistán, pues exige que sus propios soldados sean eximidos de su jurisdicción, agregó.
Uno se pregunta si una comisión de la verdad investigaría los crímenes y atrocidades cometidos por los actuales líderes afganos, instalados con el apoyo de Estados Unidos, puntualizó AbuKhalil, autor del libro Bin Laden, el Islam y la Nueva Guerra Estadounidense contra el Terrorismo.
La comisión de la verdad sólo podrá ser efectiva y creíble cuando la hegemonía mundial de Estados Unidos llegue a su fin y la ONU se fortalezca al punto que pueda cumplir su papel sin que exista la posibilidad de que Washington la manipule, añadió el experto.
Robinson admitió que la instalación del organismo puede ser difícil.
La Alta Comisionada pidió en noviembre, sin éxito, una investigación sobre la matanza de cientos de prisioneros pertenecientes a las milicias islámicas Talibán en una prisión en la septentrional ciudad de Mazar-e-Sharif.
La mayoría de los prisioneros fueron asesinados por fuerzas de la Alianza del Norte, aliada de Estados Unidos en la ofensiva militar lanzada en octubre de 2001.
El relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Afganistán, Kamal Hossain, manifestó el año pasado su gran preocupación por los informes sobre ejecuciones sumarias de prisioneros.
Es importante que la campaña internacional contra el terrorismo mundial sea considerada una defensa de la ley y el orden internacionales. Las fuerzas involucradas en esta campaña deben cumplir las leyes humanitarias internacionales, dijo Hossain.
Un informe presentado en enero por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, enumera una larga lista de violaciones de derechos humanos cometidos contra la población femenina afgana en un periodo de 23 años, que incluye varias guerras civiles y la ocupación soviética (1979-1989).
El estado de la salud mental de las mujeres es malo, señaló el informe, titulado Discriminación contra las mujeres y niñas en Afganistán.
Mujeres y niñas fueron forzadas por el régimen de Talibán, iniciado en 1996 y concluido en diciembre, a presenciar ejecuciones públicas, golpizas y otras formas de tratamiento cruel e inhumano, según el documento presentado por Annan.
Esos abusos masivos son el origen de la alta incidencia de graves traumas psicológicos en una población que carece de acceso a la atención básica de la salud mental, y constituyen severas violaciones de derechos humanos y de las normas internacionales, dijo Annan.
La relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswamy, presentó el año pasado un estudio que documenta casos de violación, ataques sexuales, prostitución forzada y matrimonios forzosos bajo el régimen de Talibán.
La guerra civil y la militarización de la sociedad originó una ola de secuestro de jóvenes y mujeres perpetrados por combatientes de Talibán, indicó el informe. (FIN/IPS/tra-en/td/ml/lp/mj/hd ip/02
