Activistas por los derechos humanos y grupos de la sociedad civil de Australia se movilizan contra un proyecto de ley antiterrorista del gobierno, que consideran violatorio de normas humanitarias internacionales.
Ese proyecto invierte la carga de la prueba, o sea que obliga a los acusados a demostrar su inocencia, en vez de considerarlos inocentes hasta que la parte acusadora demuestre que son culpables, destacó la organización no gubernamental Amnistía Internacional, una de las alarmadas por el proyecto.
También elimina el derecho de los acusados a permanecer en silencio, señaló.
Eso viola derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional, enfatizó la portavoz de Amnistía Internacional, Nicole Bieske, quien expresó también preocupación por la posibilidad de que las nuevas normas se apliquen a niños.
La propuesta Ley 2002 de Enmienda de la Legislación de Seguridad (Terrorismo) se ubica en el contexto de otras iniciativas contra el terrorismo impulsadas por gobiernos en los últimos meses, tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
El director general de la estatal Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana, Dennis Richardson, defendió el proyecto este viernes ante la Comisión Legal y Constitucional del Senado, y alegó que sólo será necesario aplicarlo si se produce un acto mayor de terrorismo.
Sin embargo, también admitió que terrorismo es un palabra cuyo significado depende de apreciaciones ideológicas.
La definición de terrorismo incluida en el proyecto, sobre la base de la británica Ley de Terrorismo, aprobada en noviembre de 2000, es inaceptablemente amplia, imprecisa e inmanejable, sostuvieron el jueves ante la misma comisión representantes del empresarial Consejo Legal de Australia.
Eso se debe a que la definición no hace referencia a la intención de aterrorizar, que debería estar en su base, explicaron en un informe escrito.
El texto propuesto por el gobierno establece que la intención de los actos terroristas es impulsar una causa política, religiosa o ideológica, y excluye cualquier elemento de intencionalidad de aterrorizar al gobierno o al público mediante intimidación, coerción o evocación de extremo temor, agregaron.
La Fiscalía General admitió la semana pasada que actos como dañar elementos de una barrera de seguridad, practicados por activistas durante protestas en los últimos meses en torno al centro de confinamiento de solicitantes de asilo de Woomera, serían considerados terroristas si se aprueba el proyecto.
La comisión está integrada en forma equilibrada por legisladores del gobierno y de la oposición, y todo indica que presentará el 3 de mayo al plenario del Senado informes contrapuestos sobre el proyecto, tras tres días de sesiones esta semana.
El destino de la iniciativa depende de la actitud que adopten los parlamentarios del opositor Partido Laborista, que pueden bloquear su aprobación en alianza con representantes de otros partidos menores de la oposición.
Explotar el temor de la población al terrorismo para introducir normas que no han sido ni pueden tener justificadas es un acto de deshonestidad intelectual, sostuvo el miércoles ante la comisión la activista Anne O'Rourke, del grupo de presión por libertades civiles Liberty Victoria.
La historia ha demostrado que aumentar los poderes conduce en forma invariable al aumento de los abusos, alegó.
El proyecto otorga al fiscal general la potestad de ilegalizar a organizaciones que considere terroristas, y establece la posibilidad de condenar a prisión perpetua a involucrados en forma directa o indirecta con grupos terroristas.
También permite prolongar la detención de sospechosos de terrorismo, sin presentar cargos contra ellos ni permitirles contacto con un abogado.
Además, las autoridades limitaron el plazo de discusión pública de la iniciativa, previsto por el sistema legal del país, a solo dos semanas posteriores a su presentación el 21 de marzo, que incluyeron los feriados de Pascua.
La brevedad de ese periodo es groseramente inadecuada, y disminuyó en forma severa la participación y las conultas del público, señaló el Consejo Legal.
Sin embargo, se presentaron en ese periodo 250 planteos del público a la secretaría de la Comisión Legal y Constitucional, que suele recibir pocas docenas sobre los asuntos que considera.
La forma en que se intenta tipificar el delito de terrorismo implica criminalizar la intención de 'impulsar una causa política, religiosa o ideológica', más que actos cometidos con esa intención, sostuvo la presidenta del Consejo de Sindicatos Australianos, Sharan Burrow.
Movilizaciones como las realizadas por aborígenes por la reconciliación (entre grupos étnicos), vigilias por la paz o marchas nocturnas de grupos de mujeres que reclaman seguridad en las calles serían consideradas actos de terrorismo, arguyó.
Grupos de la sociedad civil expresaron estupefacción por la intención de permitir que la Fiscalía General ilegalice a organizaciones, si piensa que las mismas o alguno de sus integrantes tienen relación con un presunto acto terrorista.
Grupos que apoyaron en las últimas décadas al movimiento independentista de Timor Oriental, o la resistencia en Sudáfrica contra el régimen racista del apartheid, podrían haber sido considerados una amenaza para la seguridad de otro país e ilegalizados, si esta ley hubiera estado vigente, según Burrow.
Una de las razones de fondo de la oposición al proyecto es la convicción de que las agencias de seguridad del país no distinguen al terrorismo de la participación democrática en debates y protestas.
El debate y la protesta no se oponen a la democracia, sino que son elementos esenciales de la misma, afirmó ante la comisión del Senado el grupo Liberty Victoria. (FIN/IPS/tra-eng/bb/js/mp/hd ip/02
