El Supremo Tribunal de Justicia de India mantuvo un día en prisión por desacato a la escritora y activista ecologista Arundhati Roy, avivando una batalla civil y política para abatir la corrupción y arbitrariedad del sistema judicial.
Tras completar su condena a una jornada tras las rejas, la novelista Roy, ganadora del Booker Prize, y un grupo de escritores, periodistas y activistas, acusaron el jueves al tribunal de sofocar las críticas.
Roy fue condenada y remitida a prisión el miércoles por criticar el fallo del Supremo Tribunal que autorizó en octubre de 2000 a continuar de las obras de la polémica represa de Sardar Sarovar sobre el río Narmada, en el occidental estado de Gujarat, a la cual se resistían las comunidades locales y el movimiento ecologísta.
La escritora sostuvo la semana pasada que el fallo judicial estaba concebido para respaldar la voluntad del gobierno.
Los jueces sostuvieron que la libertad de expresión tiene límites y que las críticas de Roy, adjudicando intencionalidad al tribunal, lesionaban la autoridad del cuerpo.
Roy afirmó que los jueces aplican con arbitraridad la ley de desacato. «No es lo que se dice, no es su acierto y su justificación, sino quién lo dice lo que determina si se trata de un desacato penal», arguyó.
Lo que está en juego no es mi libertad personal, sino el derecho fundamental a la libre expresión garantizada por la Constitución, sostuvo Roy.
El editor del diario Jansatta, la edición en lengua hindi del diario Indian Express, Prabhat Joshi, comparó la decisión de los altos magistrados en el caso de Roy con el silencio que han mantenido ante el abierto desafío que les lanzó el fundamentalista Foro Mundial Hindú.
La organización, vinculada al gobernante Partido Bharatiya Janata, declaró en reiteradas ocasiones que no respetará el fallo del Alto Tribunal, que prohibió cualquier construcción sobre los restos de una mezquita del siglo XVI, destruida en 1992 por fanáticos hindúes.
El Foro aseguró que comenzará las obras de un templo hindú este mes, y la cuestión provocó en febrero violentos enfrentamientos entre hindúes y musulmanes en Gujarat, que dejaron más de cien personas muertas.
La oposición criticó al gobierno estadual de inacción ante la ola de violencia que se cobró muchas más vidas de musulmanes que de hindúes, que son mayoría en este país.
«Los perpetradores de la violencia siguen libres mientras los escritores y activistas van a la cárcel», dijo Roy.
El editor de la revista Frontline, N. Ram, demandó al parlamento que legisle para «recortar las alas del sistema judicial en cuanto a sus poderes en materia de desacato».
La ley se ha convertido «en una grave restricción de la libertad de prensa, pues los tribunales son intolerantes a las críticas objetivas», sostuvo Ram.
El periodista subrayó que ni siquiera la veracidad es protección en los casos de desacato.
El fiscal general Soli Sorabjee también sostuvo la necesidad de reformar la ley para permitir que la defensa de la verdad sea admisible en los casos de desacato, y citó las previsiones legales para procesos por difamación, donde se permite al acusado probar la veracidad de sus dichos.
El presidente del Supremo Tribunal, S.P. Barucha, admitió que al menos 20 por ciento de los magistrados del país son corruptos y lamentó que nada pueda hacerse para removerlos por los complicados procedimientos que deben ponerse en marcha y por la interferencia política.
Para asegurar la independencia de los magistrados, la ley prevé que sólo puedan ser removidos mediante un juicio político en el parlamento, pero ningún intento tuvo éxito hasta ahora por falta de respaldo político.
«La suerte de tiranía que ejercen los tribunales es extraoridnaria. Pero lo más insólito es que nadie se atreva a desafiarla», comentó Vindo Mehta, editor del semanario Outlook. (FIN/IPS/tra-eng/rdr/js/dc/ip hd/02
